Sin alcanzar un consenso, el inicio de la transición a la democracia en México es fechado por académicos e intelectuales en el último tercio del siglo XX. Una parte de los especialistas sitúa el comienzo de este proceso de cambio político en el mítico movimiento estudiantil de 1968; el bloque dominante de intelectuales y analistas, por su parte, ubica el arranque de la transición democrática en el año 1977, con la primera reforma electoral que condujo el país hacia la pluralidad político-partidista. El debate con esta segunda postura es que coloca en el centro de la transición el sistema de partidos, sin considerar que la configuración del sistema político mexicano descansaba no sólo en la existencia de un partido casi único, sino también en la presencia de estructuras corporativas bien aceitadas y habilitadas para incorporar cuadros dirigentes, capital social y recursos económicos.
Durante la discusión de la reforma electoral de 1977, el secretario general del Partido Comunista Mexicano (PCM), Arnoldo Martínez Verdugo, reconocía algunos alcances de la reforma, entre los cuales destacaba el declarar como interés público las actividades de los partidos políticos y el acceso permanente a los medios de comunicación. Al mismo tiempo, sugería la instalación de un cuerpo colegiado especializado e independiente del gobierno federal como instancia de apelación electoral que, a su modo de ver, tendría que ser conformada con la participación de todos los partidos políticos.
Pero más allá de las coincidencias y discrepancias con la reforma, Martínez Verdugo había elaborado un agudo diagnóstico del sistema político mexicano y, en consecuencia, de las posibles repercusiones que sobre él tendría la reforma de 1977. Para el histórico líder comunista, la reforma política ideal tendría que incorporar, entre otros asuntos, la democracia sindical, la libertad de afiliación, la eliminación del registro sindical y el respeto al derecho de huelga. La inclusión de estos puntos, sostenía Martínez Verdugo, encauzarían el país hacia una genuina reforma política, no a una estrictamente electoral como la de 1977.
Con esta reforma se abrió un ciclo de cambios constitucionales y legales, siempre orientados a producir variaciones en la normatividad electoral y el sistema de partidos bajo la premisa de incidir en la construcción de un sistema democrático. La intención de democratizar el sistema político fue auténtica, pero incompleta por no integrar –a pesar de las particularidades estructurales– un conjunto de reformas que democratizara también la vida sindical para democratizar el sistema en su conjunto.
La alternancia en la presidencia de la República en el año 2000 hizo evidente la contradicción, la formación de un nuevo sistema de partidos y la coexistencia de estructuras sindicales antidemocráticas. Los líderes gremiales de las principales agrupaciones de trabajadores rápidamente se adaptaron a las nuevas condiciones políticas, acercaron sus clientelas y recursos a gobiernos distintos al PRI tanto entre los gobiernos estatales como en los federales encabezados por el PAN. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en aquellos años controlado por Elba Esther Gordillo, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, dirigido por Carlos Romero Deschamps, son emblemáticos de esta contradicción en el cambio político.
En el caso del sindicato petrolero, ni las sucesivas alternancias ni el pemexgate ni las reformas políticas ni la reforma energética ni el combate al robo de combustible –hasta ahora– ha diezmado el capital político de su líder gremial, quien asumió el mando durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Elba Esther Gordillo, también entronizada por el salinismo, fue pieza clave y operadora política de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, los gobiernos que supuestamente materializaban el cambio político, que consumaban la democracia electoral. Actualmente ambos ex presidentes panistas, férreos opositores del lopezobradorismo hasta el día de hoy, hacen alarde de credenciales democráticas.
Hoy por hoy, la contradicción de los antidemocráticos cacicazgos sindicales en coexistencia con un sistema de partidos plural continúa siendo un problema con plena vigencia. El cambio político seguirá estando incompleto sin la democratización de las organizaciones de los trabajadores, el combate al robo de hidrocarburos se seguirá topando de frente con los intereses creados sin libertad sindical. Es una deuda del cambio político en México.
