¿Deben ser sancionados jueces y periodistas que fraguan un montaje para fabricar delitos?, cuestiona Israel Vallarta, detenido 14 años sin condena por caso Florence Cassez

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2013
Imagen ilustrativa.

De la redacción.

Hace casi 14 años el caso Florence Cassez atrajo la atención mediática. La francesa fue detenida junto con su pareja sentimental, Israel Vallarta Cisneros, acusados de ser los líderes de una banda de secuestradores. Al día siguiente, su aprehensión se recreó para ser televisada, principalmente por el noticiero de Carlos Loret de Mola.

Apoyada por el gobierno francés y acusando una violación al debido proceso, Florence Cassez fue liberada en enero de 2013; no así Israel Vallarta, quien sigue recluido en una prisión de alta seguridad aún sin condena.

Ayer, Vallarta envió una carta escrita a mano al periodista Julio Astillero, a medios de comunicación y a la opinión pública, en la que señala que su detención tenía tres objetivos. El primero: “poner en evidencia” al gobierno capitalino, encabezado en ese momento por Andrés Manuel López Obrador, de “no cumplir con su compromiso de otorgar seguridad y, peor aún, de fomentar los secuestros y tener secuestradores en sus filas”.

El segundo objetivo, según el autor de la carta, era “poder perpetuarse en el poder público federal, tal y como lo lograron Genaro García Luna y su camarilla de secuaces (Cárdenas Palomino, Garza Palacios, Zaragoza Rico, Miranda Torres, Margólis Sóbol, entre muchos otros más), para continuar conservando el monopolio de los secuestros, como un proyecto empresarial que les generaba impresionantes ingresos bajo varios frentes”.

“Y como tercer objetivo: congraciarse con su superior en turno (¡Fox y Calderón!) mediante el descrédito de su principal adversario: Andrés Manuel López Obrador y algunos de sus principales funcionarios en el gobierno de la Ciudad de México”.

Israel Vallarta dice que esa “fórmula inquisitoria” no hubiera tenido éxito “sin la asistencia y complicidad de algunos seudoperiodistas ambiciosos y mezquinos, como en el caso particular de Carlos Loret de Mola Álvarez, jueces y magistrados de consigna…”.

También lanza varios cuestionamientos que pide se pongan a debate: “¿Puede un periodista cometer delitos en su labor profesional o debe ser reprochado por ello y sancionado? ¿Deben quedar impunes los servidores públicos que fraguan un montaje o escenificación ajena a la realidad, para ‘fabricar delitos, culpables, testigos’ e incluso ‘víctimas’?… Si mi coprocesada, ciudadana francesa, fue detenida bajo las mismas circunstancias a la mía, y ella ya fue liberada, por las violaciones graves que expuso la Suprema Corte, ¿es justo, proporcional, congruente y lógico que, habiéndose probado la tortura en mi contra, el montaje y demás violaciones al debido proceso, así como la tortura a mis demás familiares y su indubitable absolución… se me tenga privado de mi libertad en un penal de máxima seguridad?”.

La misiva concluye cuestionando: “¿Deben ser sancionados los juzgadores que, lejos de reparar las aberraciones precitadas, las convaliden y sujeten a personas a prisión, de manera incongruente y prolongada? ¿Debe asumir el Poder Judicial de la Federación la carga y responsabilidad de ser omiso de que las policías no evolucionen en sus métodos de correcta investigaciones?”.

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