Decisiones federales y resoluciones judiciales adversas contribuyeron al malestar expresado este jueves frente al gobernador.
Isaac Rosales | Astillero Informa
Luego de que ayer pobladores de diferentes comunidades de Topolobampo, en Sinaloa, impidieron la colocación de la primera piedra de una planta de Mexinol enfrente del gobernador Rubén Rocha Moya, el periodista Luis Nájera y dos activistas ambientales, Claudia Quintero y Melina Maldonado, explicaron en una entrevista para Astillero Informa las razones del hartazgo y enojo de la población hacia los tres niveles de gobierno.
Uno de los factores que explican el descontento social exacerbado fue la eliminación de tres comunidades indígenas del polígono de construcción de dicha planta por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) con la venia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El INPI “favorece a la empresa desapareciendo a los núcleos comunitarios, campos pesqueros y, al desaparecerlos, los priva el derecho de interponer un juicio de amparo o cualquier otro impedimento”, declaró Nájera, quien es integrante de RíoDoce.
“En los hechos”, añadió, “hay un etnocidio promovido desde el gobierno federal, desapareciendo a los pueblos indígenas y quitándoles el derecho a la defensa justa y legal a la que todo ciudadano debería tener acceso”.
Un elemento más que contribuyó al estallido fue que un juez negó la suspensión definitiva de la obra a las comunidades afectadas solo un día antes de la colocación de la primera primera piedra, ya supuestamente no han podido demostrar el daño.
“El juez está ignorando totalmente la evidencia que la misma empresa reconoce que nuestras comunidades están dentro del área de impacto,” manifestó Quintero.
Aunado a esto, los habitantes de las zonas potencialmente dañadas señalaron discriminación y amedrentamiento para poder ejercer sus derechos.
Por ejemplo, apuntó esta última persona, el juez “nos dice que no somos comunidades indígenas porque no hay vestigios arqueológicos”.
“Está violentando nuestro derecho a la libre autodeterminación”, sostuvo.
Además, advirtieron de los posibles daños ambientales que obras como esta ocasionarían en su entorno.
“La empresa Mexinol jalará 390 litros de agua dulce que llega a la bahía por segundo y la empresa no tiene un estudio de cómo impactará la alta salinidad o cómo impactará esa reducción de agua dulce a mi bahía, a los camarones,” afirmó Quintero.
En paralelo, agregó, “al quitarle agua dulce a la bahía, va a aumentar su salinidad y, por ende, su equilibrio se va a tronar”.
En este mismo sentido, Nájera advirtió que la planta va a “utilizar la bahía para la extracción de agua para las calderas y turbinas, y van a descargar el agua caliente sobre la misma bahía,” lo cual “terminaría con todos los reservorios de todas las especies marinas”.
Asimismo, “se estarían descargando toda clase de metales hacia la bahía y hacia el medio ambiente”.
Por todos estos motivos, señalaron que seguirán luchando por la vía jurídica hasta las últimas consecuencias. Es decir, contemplan llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).
“Vamos para adelante con los amparos, los movimientos hasta que seamos sujetos de derecho o nos derroten, pero vamos hasta donde tope,” ya que “quien nos debía de cuidar, nos está entregando”, aseveró Maldonado.
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