Los integrantes de la comisión pidieron tanto al gobierno como a las empresas involucradas abstenerse de intimidar y criminalizar a las y los defensores del territorio.
Isaac Rosales | Astillero Informa
Las comunidades Yoremes de la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa, junto con el Colectivo Ecológico Aquí informaron que una comisión de activistas y defensores del territorio partieron rumbo a Europa el pasado 19 de marzo con el objetivo de visibilizar la situación socioambiental que atraviesa el sistema lagunar Santa María–Topolobampo–Ohuira, derivada de la instalación de una planta de amoniaco con capacidad de producir dos mil 200 toneladas diarias de este compuesto químico.
La comisión busca, además, “establecer canales de diálogo, documentación e incidencia ante actores clave (incluyendo organismos multilaterales, instancias de derechos humanos, entidades financieras y sociedad civil) ya que han agotado todas “las vías nacionales efectivas para la tutela plena de nuestros derechos”, aseguraron en un comunicado.
El colectivo subrayó su preocupación por el posible incumplimiento de la normatividad ambietal por parte de la empresa suizo-alemana PROMAN AG, que es la que ha impulsado el citado proyecto.
Expresaron su inquietud por las posibles omisiones en el “cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, el acceso a la información y la participación pública” de parte esta compañía.
“Asimismo, se advierten posibles incumplimientos a estándares internacionales vinculantes y de debida diligencia empresarial, particularmente aquellos relativos a salvaguardas ambientales y sociales que obligan tanto a actores públicos como privados, incluidas instituciones financieras que pudieran estar involucradas”, aseguraron.
También hicieron un llamado “firme y puntual a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a las empresas involucradas y a sus representantes legales” para que “se abstengan de cualquier acto de intimidación, hostigamiento, criminalización o presión indebida en contra de las personas defensoras del territorio”.
Pidieron la garantía efectiva de la “integridad, seguridad y protección de quienes ejercen la defensa de derechos humanos”, así como la transparencia en los “procesos de evaluación, autorización y financiamiento del proyecto, garantizando el acceso a la información pública y la participación efectiva de las comunidades potencialmente afectadas”.
Concluyeron afirmando que su lucha “es legítima, pacífica y profundamente arraigada en la defensa de la vida, el territorio, la libre determinación de los pueblos indígenas y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
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