“Momento histórico: aprobada Ley de Seguridad Interior”
Julio Hernández López
Momento histórico: se aprueba, en lo general, dictamen de Ley de Seguridad Interior en el Senado, con 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Se discutirán las reservas en lo particular. Mero trámite. La LSI ha sido aprobada: militarización del país en víspera electoral.
Los tiempos por venir dirán si estoy equivocado, pero creo que el desenlace de la siguiente elección presidencial se ha sellado esta madrugada, con la virtual aprobación de la Ley de Seguridad Interior: Fuerza militar, “legalizada”, contra opositores al fraude electoral.
Ya nada se puede hacer en el plano legislativo. Si acaso, la impugnación en instancias internacionales. De aquí a las elecciones, la bota militar estará “legalizada”. Las posibilidades de fraude electoral son mayores, sí, lo electoral, a partir de ahora, queda bajo la discrecionalidad militar.
Y me pregunto: ¿Quién? ¿Cuál líder, cuál organización social, cívica o partidista, organizó una resistencia eficaz contra el golpe tan anunciado? ¿Por qué se deja pasar, como si nada, este golpe, mientras la zanahoria electoral sigue boyante?”
En diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa inició, en su natal Michoacán, la guerra contra el narcotráfico en busca de legitimar su gestión en Los Pinos, obtenida mediante fraude electoral. En diciembre de 2017, Enrique Peña Nieto ha ordenado la aprobación de la peligrosa LSI en busca de dar marco jurídico a la acción de las fuerzas armadas para enfrentar disturbios de diversa índole, que con facilidad provocada pueden incluir los electorales y de protesta social, aunque en la letra jurídica los cerrajeros gubernamentales juren que pondrán candados para evitar tales riesgos de enderezar las armas oficiales contra el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas.
La Ley de Seguridad Interior es una legislación en la que se define la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y ante qué situaciones los militares pueden actuar.
PRI insiste en mordaza a las redes
Hoy es el jueves 14 de diciembre. Ya hoy he dado información en otra videocharla acerca tanto del inicio de las precampañas de los precandidatos, que en realidad ya son los candidatos, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. De ello ya comenté en este vídeo, que los invito a ver y está disponible en YouTube, donde están todos los vídeos que he hecho de estas vídeocharlas astilladas de una buena época hacia acá y los he estado colocando ahí en ese lugar donde pueden consultarlos y también los invito desde luego, a suscribirse al canal de YouTube donde están localizados estos videos.
Bueno, pues ahí hablé sobre las precampañas de los precandidatos, e hice un análisis rápido acerca de las propuestas del pre-gabinete que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador, centrándome en el análisis de algunos de los aspectos llamativos, hablando de que unos son guiños hacia el poder, como el de la ex ministra o ministro en retiro de la suprema corte, Olga Sánchez Cordero, propuesta para gobernación y que es, o al menos ha sido desde abril del año pasado, consejera independiente del consejo de administración de Banorte, propiedad de la familia Hank, de los famosos Hank del estado de México.
Pero lo que les quiero comentar en esta ocasión, es algo muy peculiar. Resulta que por ahí de las cuatro y media de la tarde apareció en twitter un orgulloso tuit puesto, fue a las 4 con 28 minutos de la tarde, cuando la cuenta diputados PRI, que es la cuenta oficial de la bancada tricolor en San Lázaro, puso el siguiente mensaje: “aprobada reforma al Código Civil Federal para precisar que se considerará como hecho ilícito la comunicación, a través de cualquier medio”, y digo yo, ojo las redes sociales, eso lo digo yo, “de un hecho cierto o falso que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio. o exponer al desprecio de alguien. Pasa al Senado” y luego dice: “#LoHacemosPorTi”. Es el mensaje de la bancada del PRI en San Lázaro, que nos advierte que se ha precisado más la tipificación de los delitos o de un hecho ilícito, que se puede cometer a través de cualquier medio de un hecho, cierto o falso, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien. Este es un amago más de pretensión de amordazar particularmente las redes sociales.
Desde mi punto de vista ya existe en el Código Civil Federal, la figura que defiende a quienes se sientan lastimados por algún tipo de hechos de esta índole. Sin embargo, resulta muy peculiar que hoy cuando se esta trabajando a marchas forzadas, en los paquetes de contención de la protesta social y donde todo parece apuntar en el caso de la Ley de Seguridad Interior que se va a sacar adelante al costo que sea, para tener la legalización de las operaciones militares en casos donde haya disturbios o alteraciones del orden. Pues resulta muy llamativo que nos hagan ver y nos hagan saber, que se aprobó una precisión para que sepamos que por cualquier medio, y vaya que ahorita lo medios que mas preocupan al poder son los medios de internet, particularmente lo que llamamos las redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube y Periscope, bueno, lo que nos están diciendo es que Aguas! Porque cualquiera puede iniciar una pretensión de sanciones por la vía civil para quienes difundamos por cualquier medio de comunicación, un hecho falso o cierto, es decir, que si tenemos evidencias de fraude electoral y las difundimos a través de cualquier plataforma, digamos las redes sociales, vamos a caer en la presunción de ese ilícito.
Es insistir, en lo que es el viejo sueño de muchos hombres y mujeres en el poder mexicano, que es censurar las redes sociales, controlarlas y amedrentar.
¿Ahora sí harán caso a los relatores y a los 39?
Rogelio Hernández López
Está más que difícil que ahora sí, sean atendidas las demandas de los representantes de 39 medios de prensa mexicanos y de los relatores de libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Es triste concluir que ya casi se completan tres sexenios de incumplimientos en las obligaciones de garantizar seguridad al ejercicio del periodismo del gobierno federal, de los gobernadores y legisladores del Congreso de la Unión.
Este Presidente ya comenzó a despedirse y todos los políticos están inmersos en la grilla preelectoral. Les queda un año escaso en sus puestos de poder y ahora menos harán lo que no quisieron o no pudieron realizar en cinco años.
Lo nuevo y lo reiterado
La semana pasada se expusieron, otra vez, dos listados de exigencias.
El 3 de diciembre ocurrió la novedad mayor en nuestro entorno. Fue el comunicado, sin precedentes, que con el título ¡Basta ya! emitieron 39 medios de comunicación, entre los que se encuentran Televisa, TV Azteca, Milenio Multimedia, MVS, El Universal, Excélsior, La Jornada, los grupos de Radio Centro y Fórmula, además de número importante de empresas mediáticas de los estados.
Lo de mayor trascendencia fue al día siguiente, el 4 de diciembre. Los relatores de libertad de expresión, David Kaye y Edison Lanza, después de un periplo que iniciaron en México el 27 de noviembre emitieron un comunicado conjunto. Allí recordaron que en 2010 se realizó la primera visita conjunta de los representantes de ambos organismos y que cinco años después no sólo persiste sino que se agravó lo que ellos calificaron como “La crisis de libertad de expresión en México”.
De ambos hechos, es convergente una primera gran conclusión: han sido muy poco atendidas las peticiones, exigencias, recomendaciones de periodistas, editores, organizaciones no gubernamentales, las empresas de medios, la CNDH y los organismos internacionales tanto civiles como institucionales. Poco indica que serán atendidos estos dos actores. La violencia que se recargó contra medios y periodistas en este periodo sexenal ya superó “con más horrores” (calificaron los relatores) a la registrada en el ciclo sexenal de Felipe Calderón.
Lo positivo de los 39
Por parte de las empresas debe recordarse que ya habían difundido un manifiesto recriminatorio el 23 de mayo de este año con el mismo título. En él convocaron entonces a periodistas y a propietarios de otros medios de comunicación a reunirse para preparar una agenda común en defensa de la libertad de expresión y del periodismo.
Casi siete meses tardaron en aproximarse al siguiente documento común con la actualización de su diagnóstico de la violencia contra el medio periodístico y de la altísima impunidad, lo que desmiente las declaraciones oficiales presuntuosas de avances en las instituciones que ofrecen protección y justicia para ejercer el periodismo. Anotaron: “La batalla contra la impunidad solo será eficaz si tenemos de nuestro lado a una sociedad que sepa que con cada asesinato de un periodista se le arranca de las manos su derecho a saber.”
La mejor parte de este documento es la segunda, donde las empresas reconocen (por primera vez públicamente), la existencia de tres grandes vulnerabilidades de los periodistas: “Malas condiciones laborales, escasa capacitación y deterioro ético de la profesión son en sí mismos factores graves de riesgo”. Y con este reconocimiento tácito que esto es consecuencia de prácticas empresariales incorrectas anuncian sus acuerdos para enfrentar el fenómeno de violencia y agravios desde distintos ángulos.
Sus acuerdos son: “1.- Desarrollar una estrategia conjunta y eficaz en la prevención de ataques que realice un mapa de ruta con efectiva coordinación y proporcionar la solidaridad cuando se requiera; 2.- Constituir un Grupo de Trabajo para formular un plan con objetivos concretos a corto, mediano y largo plazos; 3.- Establecer canales de comunicación con instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales, lo mismo que entidades de industria o gremiales, para procurar apoyo, enlaces con otras entidades y en general, retroalimentación que beneficie el logro de las metas trazadas.”
Y el mejor de sus acuerdos, que a juicio de este reportero sí puede contrarrestar las vulnerabilidades de origen estructural de la mayoría de periodistas mexicanos, es el exhorto de estas 39 empresas al resto: “llaman a las empresas del sector a dotar a los periodistas de esquemas de capacitación, seguridad social, salarios adecuados y seguros de vida, especialmente en aquellos casos en que estén desempeñando coberturas que entrañen evidente peligro”.
Conste, que todo eso aplique para ellas y las que respondan al llamado.
Relatores: lo que no cambió
La visita de los relatores y su comunicado preliminar, antes del informe que presentarán en marzo abril de 2018 en la CIDH y la ONU, refiere varias veces la anterior visita conjunta de sus antecesores en 2010 para sostener que han sido pocos los cambios en la situación general de la libertad de expresión y en los ataques contra medios y periodistas. Es decir, interpreta este reportero, que les hicieron muy poco caso en este sexenio gubernamental.
Su comunicado se extiende en 8 mil 400 palabras (unas 15 páginas) y en formato, intención y hasta en contenidos es demasiado similar al de cinco años antes. Es comedido con el gobierno y los funcionarios que los recibieron e informaron pero contrasta las visiones oficiales con las que recogieron con organizaciones no gubernamentales y unos 250 periodistas de más de 21 entidades federativas que dicen haber entrevistado.
Sus apartados son: La crisis de libertad de expresión en México; Seguridad de los periodistas (Protección, Procesamiento e impunidad, Prevención, Vigilancia, Amenazas legales); Restricciones de la libertad de expresión, Acceso a la información, La diversidad y el pluralismo en los medios, y Recomendaciones.
Sus recomendaciones insisten en lo que, casi textual habían expuesto sus antecesores. Por ejemplo en “Protección a periodistas: Adoptar las reformas legales necesarias… Proveer al mecanismo federal de protección con los recursos humanos y económicos necesarios… a los gobiernos de los estados adoptar una serie de medidas para prevenir la repetición de agresiones contra periodistas…”.
Y a las empresas de medios de comunicación los relatores sugieren “adoptar un papel clave en la seguridad de sus periodistas y deberían ofrecer capacitación en seguridad y autoprotección de sus empleados, tanto permanentes como freelancers, proveyendo una equipo de seguridad adecuada, condiciones adecuadas de trabajo y seguro de vida.”
Frente a estos hechos que externan preocupaciones muy graves, dentro y fuera de México, este reportero se queda con la sensación de haber visto varias veces la misma película, con insistentes quejas y peticiones para enfrentar la violencia y transgresiones a los derechos para hacer periodismo y que rebotan en los servidores públicos. Por eso calculo que esta vez es más difícil que les hagan caso a estos dos protagonistas.
