¿Ahora sí harán caso a los relatores y a los 39?

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Rogelio Hernández López

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Está más que difícil que ahora sí, sean atendidas las demandas de los representantes de 39 medios de prensa mexicanos y de los relatores de libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Es triste concluir que ya casi se completan tres sexenios de incumplimientos en las obligaciones de garantizar seguridad al ejercicio del periodismo del gobierno federal, de los gobernadores y legisladores del Congreso de la Unión.

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Este Presidente ya comenzó a despedirse y todos los políticos están inmersos en la grilla preelectoral. Les queda un año escaso en sus puestos de poder y ahora menos harán lo que no quisieron o no pudieron realizar en cinco años.

Lo nuevo y lo reiterado

La semana pasada se expusieron, otra vez, dos listados de exigencias.

El 3 de diciembre ocurrió la novedad mayor en nuestro entorno. Fue el comunicado, sin precedentes, que con el título ¡Basta ya! emitieron 39 medios de comunicación, entre los que se encuentran Televisa, TV Azteca, Milenio Multimedia, MVS, El Universal, Excélsior, La Jornada, los grupos de Radio Centro y Fórmula, además de número importante de empresas mediáticas de los estados.

Lo de mayor trascendencia fue al día siguiente, el 4 de diciembre. Los relatores de libertad de expresión, David Kaye y Edison Lanza, después de un periplo que iniciaron en México el 27 de noviembre emitieron un comunicado conjunto. Allí recordaron que en 2010 se realizó la primera visita conjunta de los representantes de ambos organismos y que cinco años después no sólo persiste sino que se agravó lo que ellos calificaron como “La crisis de libertad de expresión en México”.

De ambos hechos, es convergente una primera gran conclusión: han sido muy poco atendidas las peticiones, exigencias, recomendaciones de periodistas, editores, organizaciones no gubernamentales, las empresas de medios, la CNDH y los organismos internacionales tanto civiles como institucionales. Poco indica que serán atendidos estos dos actores. La violencia que se recargó contra medios y periodistas en este periodo sexenal ya superó “con más  horrores” (calificaron los relatores) a la registrada en el ciclo sexenal de Felipe Calderón.

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Lo positivo de los 39

Por parte de las empresas debe recordarse que ya habían difundido un manifiesto recriminatorio el 23 de mayo de este año con el mismo título. En él convocaron entonces a periodistas y a propietarios de otros medios de comunicación a reunirse para preparar una agenda común en defensa de la libertad de expresión y del periodismo.

Casi siete meses tardaron en aproximarse al siguiente documento común con la actualización de su diagnóstico de la violencia contra el medio periodístico y de la altísima impunidad, lo que desmiente las declaraciones oficiales presuntuosas de avances en las instituciones que ofrecen protección y justicia para ejercer el periodismo. Anotaron: “La batalla contra la impunidad solo será eficaz si tenemos de nuestro lado a una sociedad que sepa que con cada asesinato de un periodista se le arranca de las manos su derecho a saber.”

La mejor parte de este documento es la segunda, donde las empresas reconocen (por primera vez públicamente), la existencia de tres grandes vulnerabilidades de los periodistas: “Malas condiciones laborales, escasa capacitación y deterioro ético de la profesión son en sí mismos factores graves de riesgo”. Y con este reconocimiento tácito que esto es consecuencia de prácticas empresariales incorrectas anuncian sus acuerdos para enfrentar el fenómeno de violencia y agravios desde distintos ángulos.

Sus acuerdos son: “1.- Desarrollar una estrategia conjunta y eficaz en la prevención de ataques que realice un mapa de ruta con efectiva coordinación y proporcionar la solidaridad cuando se requiera; 2.- Constituir un Grupo de Trabajo para formular un plan con objetivos concretos a corto, mediano y largo plazos; 3.- Establecer canales de comunicación con instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales, lo mismo que entidades de industria o gremiales, para procurar apoyo, enlaces con otras entidades y en general, retroalimentación que beneficie el logro de las metas trazadas.”

Y el mejor de sus acuerdos, que a juicio de este reportero sí puede contrarrestar las vulnerabilidades de origen estructural de la mayoría de periodistas mexicanos, es el exhorto de estas 39 empresas al resto: “llaman a las empresas del sector a dotar a los periodistas de esquemas de capacitación, seguridad social, salarios adecuados y seguros de vida, especialmente en aquellos casos en que estén desempeñando coberturas que entrañen evidente peligro”.

Conste, que todo eso aplique para ellas y las que respondan al llamado.

Relatores: lo que no cambió

La visita de los relatores y su comunicado preliminar, antes del informe que presentarán en marzo abril de 2018 en la CIDH y la ONU, refiere varias veces la anterior visita conjunta de sus antecesores en 2010 para sostener que han sido pocos los cambios en la situación general de la libertad de expresión y en los ataques contra medios y periodistas. Es decir, interpreta este reportero, que les hicieron muy poco caso en este sexenio gubernamental.

Su comunicado se extiende en 8 mil 400 palabras (unas 15 páginas) y en formato, intención y hasta en contenidos es demasiado similar al de cinco años antes. Es comedido con el gobierno y los funcionarios que los recibieron e informaron pero contrasta las visiones oficiales con las que recogieron con organizaciones no gubernamentales y unos 250 periodistas de más de 21 entidades federativas que dicen haber entrevistado.

Sus apartados son: La crisis de libertad de expresión en México; Seguridad de los periodistas (Protección, Procesamiento e impunidad, Prevención, Vigilancia, Amenazas legales); Restricciones de la libertad de expresión, Acceso a la información, La diversidad y el pluralismo en los medios, y Recomendaciones.

Sus recomendaciones insisten en lo que, casi textual habían expuesto sus antecesores. Por ejemplo en “Protección a periodistas: Adoptar las reformas legales necesarias… Proveer al mecanismo federal de protección con los recursos humanos y económicos necesarios… a los gobiernos de los estados adoptar una serie de medidas para prevenir la repetición de agresiones contra periodistas…”.

Y a las empresas de medios de comunicación los relatores sugieren “adoptar un papel clave en la seguridad de sus periodistas y deberían ofrecer capacitación en seguridad y autoprotección de sus empleados, tanto permanentes como freelancers, proveyendo una equipo de seguridad adecuada, condiciones adecuadas de trabajo y seguro de vida.”

Frente a estos hechos que externan preocupaciones muy graves, dentro y fuera de México, este reportero se queda con la sensación de haber visto varias veces la misma película, con insistentes quejas y peticiones para enfrentar la violencia y transgresiones a los derechos para hacer periodismo y que rebotan en los servidores públicos. Por eso calculo que esta vez es más difícil que les hagan caso a estos dos protagonistas.

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