Si uno quisiera ejemplificar los lastres institucionales y lo complejo que resulta transformar a México, basta con voltear a ver al Instituto Nacional Electoral. Lo que fuera ideado como un organismo constitucional autónomo encargado de procurar nuestra democracia mediante elecciones limpias e imparciales, hoy en día es el epicentro de una lucha política entre dos visiones antagónicas de país.
Desde su nacimiento, el INE presentó una serie de fallas que pudieron ser subsanadas si su concepción no hubiera obedecido a los intereses partidistas y grupales de pasadas legislaturas. No debemos olvidar que su antecesor, el IFE, dilapido su bono de legitimidad de las elecciones del 2000, al convalidar el fraude electoral del 2006 y permitir graves obsecuencias en el proceso electoral del 2012.
El presente conflicto del INE se explica en gran parte por el erróneo método de selección de sus consejeros que tiende a propiciar la parcialidad de estos últimos. Debido a que la conformación del consejo del INE obedece a cotos e intereses de poder, producto de viejos acuerdos entre las distintas expresiones de nuestro sistema de partidos, tenemos como consecuencia que más de uno de los actuales consejeros del INE obedecen a grupos de poder a quienes deben su nombramiento.
Por otro lado, el INE nació bajo una cultura política que privilegiaba el dispendio y las prebendas con cargo al erario. Por mucho tiempo al PRI y al PAN les resultó de suma utilidad encumbrar a una pequeña élite que logró hacerse de los principales espacios y cargos al interior del antiguo IFE y del actual INE. Lamentablemente, la institución mexicana que tanto dinero público ha costado a los mexicanos terminó secuestrada por personajes ambiciosos y contrarios a los valores democráticos.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama Rendón, se caracterizan por su talante antidemocrática y una obsesión patológica por manejar miles de millones de pesos del presupuesto de forma discrecional. En fechas recientes hemos visto la cerrazón y la prepotencia de sus acciones, rehusándose a comprender el momento de cambio por el que atraviesa nuestro país. Bien valdría a los consejeros advertir el hartazgo nacional frente a los excesos de los funcionarios públicos.
El hecho que el INE cuente con un presupuesto superior a los 19 mil millones de pesos y sus consejeros tengan la desfachatez de exigir 3 mil 800 millones de pesos adicionales bajo pretexto que no les alcanza el dinero aprobado por la Cámara de Diputados resulta un insulto a la inteligencia y una afronta en contra de nuestra sociedad.
La campaña de victimización por los supuestos embates del presidente contra el INE, así como la propagación del discurso falaz de supuesta defensa de nuestra democracia promovido por Lorenzo Córdova y la oposición, topó de frente con el gobierno de López Obrador, quien exhibió mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los diversos excesos insultantes que privan en dicho instituto. En un país con los niveles de pobreza como los que tenemos en nuestro país no hay cabida para una clase política que cuente con cocineros, seguro de gastos médicos privado, vehículos, telefonía, bonos, asesores, choferes y muchos más privilegios.
Considero que, para este grupo de vividores del presupuesto, su ambición resultará contraproducente pues al rehusarse a cumplir con sus obligaciones y al optar por politizar el asunto, el INE terminará por dilapidar la poca legitimidad con la que contaba. Resulta sumamente preocupante que las recientes acciones emprendidas por Lorenzo Córdova y asociados abran la puerta a una futura crisis electoral que ponga en riesgo la legitimidad de la elección presidencial del 2024 así como a nuestra incipiente democracia.
Por lo todo lo anterior, la presente situación política por la que atraviesa el Instituto Nacional Electoral nos debe impulsar a una verdadera transformación de forma y fondo en nuestras instituciones electorales sin sesgos partidistas ni intereses de grupos de poder.
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