Guanajuato apoyará a empresarios ante amenaza del coronavirus, ¿y las víctimas de la violencia? (nota de Martha Silva en POPLab)

Foto: archivo de POPLab / Juan José Plascencia.

Integrantes del colectivo que busca a 22 migrantes de San Luis de la Paz desaparecidos desde 2011 enfrentarán la contingencia del COVID-19 sin apoyo gubernamental y ahora, sin trabajo.

Por: Martha Silva de POPLab.

Como si no fuera suficiente el retraso acumulando de siete años de Guanajuato en materia de atención a víctimas de la violencia, cuyas familias quedan especialmente vulnerables bajo cualquier circunstancia, ahora estas han sumado a sus espaldas la incertidumbre económica, además de la sanitaria, por la contingencia del COVID-19.

Pero nuevamente, los discursos optimistas de los políticos no las alcanzan, pese a que desde hace años demandan la atención del Estado no solo sus casos, sino también para su calidad de vida, luego de que en la mayoría de los casos la persona que era “cabeza de familia”, el principal proveedor, fue asesinada o desaparecida, dejando a la familia sin sustento.

El anuncio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, de que hay 800 millones de pesos en apoyos para mitigar el impacto del coronavirus en el tema económico, no basta. Los más desprotegidos, entre los que están estas familias, están resintiendo no solo el estancamiento consentido de sus carpetas de investigación por parte de los agentes de la Fiscalía General del Estado sino además la falta total de ingresos para sostener a sus familias.

Por ello, familiares de los migrantes de San Luis de La Paz desaparecidos en 2011, hacen un llamado a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y a su administración para voltee a ver a las víctimas, ahora más que nunca urge que las atienda.

Luego de la única reunión de Diego Sinhue con colectivos de víctimas en mesas de trabajo a mediados de enero, los han ido derivando con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, y luego con subsecretarios. El último contacto con alguna autoridad fue durante la marcha a la subfiscalía en León, el pasado 18 de febrero, tras la cual, Alfonso Ruis Chico, subsecretario de vinculación y desarrollo político del Estado, comentó que se atendió la solicitud de las familias de dar acceso a las carpetas de investigación en este municipio.

Tras este encuentro no ha habido mayores resultados.

Retraso legislativo, evasión del Ejecutivo

Aunque el Congreso de Guanajuato ha estado trabajando los últimos meses en la formulación de las Leyes estatales de Víctimas y en materia de Desaparición de Personas, esto ha sido solo bajo presión de familias afectadas por estos delitos y de los colectivos que las arropan. Así, aunque la Ley General de Víctimas, aprobada a nivel federal en el año 2013, prevé la creación de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, entre otros mecanismos, esto no ha ocurrido aún en Guanajuato.

Especialistas como Fabrizio Lorusso han documentado cómo colectivos de víctimas han vencido la resistencia de autoridades en su búsqueda de cambios legales, a través del esfuerzo del activismo social

Por otra parte, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, a través de la Secretaría de Gobierno, se encuentra analizando la propuesta de instalar “a la brevedad” la Comisión Estatal de Búsqueda por la vía del decreto, lo cual apoyan colectivos de familias de desaparecidos y de personas asesinadas.

Pero mientras se discute a profundidad la manera de incorporar las iniciativas, los aportes técnicos de las familias, las organizaciones nacionales, los organismos internacionales y las instancias federales interesadas en participar, el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, irrumpió en el mundo y sus efectos alcanzaron ya hasta la última ranchería guanajuatense, no por la enfermedad misma si no por la incertidumbre alrededor de ella.

Con el anuncio del gobierno de Guanajuato, el pasado 25 de marzo, del programa “Impulso Económico ante contingencia del Covid-19″, se intenta contener esta incertidumbre, al buscar proteger a los trabajadores, Mipymes, emprendedores, empresas y estudiantes con un apoyo de hasta 800 millones de pesos, no obstante, no se menciona a las familias víctimas de la violencia.

Despensas, becas… a cuentagotas

En medio de los discursos que se busca sean esperanzadores, la realidad es aplastante. La industria está paralizándose, pero no solo eso, todas las instituciones públicas y privadas han frenado actividades.

“Dice Diego que tiene 800 millones para que no se sienta afectada la economía del estado (…) pero, ¿y las víctimas, dónde quedamos, dónde está el apoyo hacia nosotros y nuestras familias? Porque ellos se comprometieron a apoyarnos económicamente y eso es algo independiente de la búsqueda” de nuestros migrantes, dijo Evelina, quien desde hace 9 años busca a su hermano Samuel Guzmán Castañeda.

“Gobierno del Estado se había comprometido a trabajar en el apoyo para nosotros como familiares. El primer paso era otorgar despensas, salud y becas, y la verdad, te soy sincera, de nuestro colectivo (Justicia y esperanza) solo cinco familias han recibido el acceso al apoyo alimenticio, y de ahí en fuera, a cuatro personas les han hablado para otorgarles la beca pero les están diciendo que solo es una por familia”.

Y apenas están requiriendo los documentos para este apoyo educativo. Del apoyo para salud, mejor ni hablar.

“El tema del coronavirus se viene complicado sobre todo para nosotros, las víctimas, ¿y cómo nos va a apoyar Gobierno del Estado, que incluso antes de que pasara todo esto ellos (el gobernador, sus funcionarios, los diputados, la Fiscalía) se habían comprometido, pero creo que vamos de mal en peor”.

Están enfocando el tema hacia los empresarios, los negocios ¿y nosotros dónde quedamos?, fue la petición de esta madre de familia convertida en activista.

Instituciones, lentas o paralizadas

Luego de las reuniones de “Justicia y Esperanza” y otros colectivos de familias de víctimas con autoridades de Guanajuato, en varias mesas de discusión para armonizar las leyes estatales con las de la federación a principios de año, donde incluso se manejó que el gobierno del estado, través de la secretaría que encabeza Luis Ernesto Ayala, analizaba crear por decreto la Comisión Estatal de Búsqueda y de que se lograron los primeros apoyos hace dos meses para cinco familias, Evelina Guzmán confirmó que consistieron en unas despensas, pero “fue hace más de dos meses, y solo se les dio a 3 compañeras, después, hace unas 3 semanas, fueron para otras 2 compañeras, y solo en una ocasión”.

Serían al menos 22 familias de varias comunidades de San Luis de la Paz quienes están, desde 2011, sin su principal proveedor, rol que muchas de estas esposas y hermanas han tenido que adoptar, además del de investigadoras y activistas.

Después de estas cinco despensa, “ya no hemos tenido ninguna noticia y ahora me acaban de decir que se para todo (todas las actividades, incluso las de investigación) en Guanajuato y pues no hay respuesta del estado, no nos dicen nada al respecto”.

A esta incertidumbre se suma que el apoyo que se les daba por parte de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) federal “se detuvo también por cambios internos y también por lo de la contingencia”, apoyos que consistían un apoyo en efectivo básicamente para alimentación. Ahí sí se encontraban inscritas todas las familias.

A pregunta expresa de POPLab sobre si alguien del grupo está inscrito del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), el cual funciona a través de transferencias monetarias y en especie condicionadas al cumplimiento de asistencia escolar y revisiones médicas periódicas, Evelina mencionó que solo una compañera de las 22 familias cuenta con este apoyo.

Comentó que afortunadamente una integrante de Amnistía Internacional se acercó a ellas para brindar apoyo, “está recabando víveres para apoyar en esta parte … pero aún así no es mucho, pues es para todos los municipios”.

Así pues, al limbo de justicia se suma la vulnerabilidad en salud y alimentación para estas familias ante la pandemia de COVID-19.

Otra primavera triste pero además, incierta

La búsqueda de los 22 migrantes mexicanos desaparecidos de San Luis de la Paz, Guanajuato, cumplió ya 9 años. Samuel, Fernando, Miguel Ángel, Valentín, Héctor, José Humberto, Ricardo, Gregorio, Alejandro, Antonio, Miguel, Juan Manuel D., Rafael, Juan Manuel R., José Luis, José Antonio, José Manuel, Mariano, Ángel, Isidro, Raúl y Santos Eloy son los nombres de las personas que, con la expectativa de llegar a Estados Unidos, partieron la tarde del 21 de marzo de 2011 dada la situación de pobreza y falta de trabajo que enfrentan la población.

Después de subir el autobús, nadie volvió a saber de ellos, hasta que uno fue identificado en las fosas clandestinas localizadas en San Fernando, Tamaulipas, un mes después, en abril de ese año.

Debido a las condiciones irregulares en que fue entregado el cuerpo, las familias han pedido que la Comisión Forense, integrada por el Equipo Argentino de Antropología Forense y peritos de Fiscalía General de la República (FGR), confirmaran la identificación. Sin embargo, nada se sabe del resto del grupo.

Ante la falta de medidas efectivas de búsqueda, las esposas, hijas, hermanas de los 22 migrantes se organizaron en el colectivo Justicia y Esperanza para buscarlos en carreteras, hospitales, lotes baldíos y cárceles. Varios colectivos más de Guanajuato, han optado por hacer lo mismo ante la ausencia de ayuda gubernamental.

“Además de buscarles y tocar todas las puertas de los gobiernos: municipal, estatal y federal, hemos tenido que salir a buscar el sustento para mantener a nuestras familias. No ha sido fácil el rol que tenemos que asumir, en un país donde aún no existen medidas estructurales para apoyar casos como el nuestro. Después de mucho esfuerzo, que iniciamos desde que existía PROVÍCTIMA, comenzamos a recibir apenas, a inicios del año 2019 medidas alimenticias por parte de la CEAV federal. Sin embargo con el cambio de administración en dicha institución, las medidas nos han dejado de llegar desde diciembre del año pasado, y ante la emergencia nacional del coronavirus, se nos coloca en mayor riesgo sin estos apoyos”.

Por ello, lanzan un exhorto a Mara Gómez, titular de la CEAV y al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para que se regularice la entrega de estos beneficios, mencionan que por falta de medidas de salud, “hemos dejado en el camino a una madre y un padre que murieron sin saber dónde están sus hijos”.

Reafirmaron su inconformidad con el gobierno de Guanajuato, quien restringe las posibilidades de búsqueda y cataloga a las personas desaparecidas como “personas no localizadas”, minimizando la importancia del delito y obstaculizando la actuación de las mismas instituciones de procuración de justicia, mientras que el Fiscal estatal -que lleva cerca de 10 años al frente de la institución- no ha asumido con responsabilidad la búsqueda y la investigación de los casos.

Este contenido es publicado por julioastillero.com con autorización expresa de POPLab. Prohibida su reproducción. Puedes ver el contenido original haciendo click aquí: https://poplab.mx/article/Guanajuatoapoyaraaempresariosanteamenazadelcoronavirusylasvictimasdelaviolencia

Deja un comentario