Ajustan fuerzas militares de cuatro estados para cuidar Michoacán (por Carlos Rodríguez en OEM-Informex)

Expertos en seguridad nacional advierten que el reacomodo de elementos federales deja descubiertas regiones críticas del país

Juan Carlos Rodríguez | OEM-Informex

El anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha sacudido el tablero de la seguridad nacional. El desplazamiento de 10 mil elementos federales para vigilar la entidad implica el reacomodo de fuerzas de Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Colima, dejando huecos de seguridad en zonas donde la violencia ya es crítica.

Expertos en seguridad consultados por El Sol de México coinciden en que no se trata de un ejército de reservistas que estaba listo para entrar en acción, sino de un reacomodo de piezas en un rompecabezas ya fragmentado.

Reunir un contingente de 10 mil efectivos —equivalentes al 4% de los 230 mil elementos operativos con que cuenta el Estado para cuidar el territorio nacional— con el objetivo de reforzar la seguridad en Michoacán implica un juego de ajedrez, en el que los enroques conllevan el riesgo de dejar desprotegidas regiones que tienen sus propios problemas de violencia.

Testimonios recogidos por este medio señalan que Guanajuato y Guerrero están entre las entidades de donde provienen la mayoría de los efectivos desplazados a Michoacán, lo que implica desatender, aunque sea temporalmente, plazas que atraviesan por sus propias crisis de seguridad.

“Ahorita están agarrando elementos de todos lados”, dice un exintegrante de guardias presidenciales y recientemente transferido a la Guardia Nacional, que habló con este medio a condición de conservar el anonimato.

“En este momento, yo ando en el puerto de Lázaro Cárdenas, en la frontera de Michoacán con Guerrero. Pero estamos de manera intermitente: tantito estoy en Lázaro Cárdenas, tantito me pasan a Zacatula o a Petacalco, Guerrero”, comenta.

“Así como nos agarraron a nosotros desde la Costa Chica, también están moviendo a otros elementos de los estados más cercanos a Michoacán, principalmente de Guerrero, Guanajuato, Colima y Jalisco”.

Y alerta sobre los riesgos de dejar descobijados ciertos puntos calientes: “Nosotros dejamos desprotegida nuestra zona; sí hay gente obviamente de los verdes (integrantes del Ejército), pero toda la parte donde estaba la GN, lo que es Cruz Grande, Ayutla y el poblado del Cortijo, quedó literalmente sin la presencia de la GN por salir a Michoacán”.

Las piezas del tablero

Hace dos semanas, al detallar el llamado Plan de Operaciones Paricutín, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la movilización incluirá cuatro mil 386 efectivos ya presentes en el estado, a los que se sumarán mil 980 más a partir de este sábado, además de cuatro mil 140 elementos en operaciones de contención en las fronteras con Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero, para evitar el “efecto cucaracha”.

Pero no es fácil mover piezas en el tablero nacional. Guanajuato y Colima, por ejemplo, ambos fronterizos con Michoacán, son las dos entidades más violentas del país, según el Índice de Paz 2025, publicado recientemente por el Instituto para la Economía y la Paz.

Con una tasa de 101 asesinatos por cada 100 mil habitantes, Colima ha registrado el mayor deterioro en su nivel de paz desde 2015, con aumentos superiores al 250% en sus tasas de delitos cometidos con armas de fuego, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada y homicidio en los últimos 10 años.

Este pequeño estado costero representa un punto clave de entrada para los precursores químicos provenientes de Asia, utilizados en la síntesis de fentanilo y metanfetaminas que posteriormente se procesan y trafican hacia Estados Unidos.

Manzanillo, que es el puerto más activo de México y maneja alrededor del 30% de las importaciones marítimas del país, tiene una importancia estratégica. Los cárteles de la droga, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que es el actor criminal dominante, ha protagonizado enfrentamientos letales para imponer su control.

Guanajuato, por su parte, es desde hace una década, la entidad con mayor volumen de homicidios violentos. La entidad es disputada por cuatro grupos criminales: el CJNG, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), el Cártel de Sinaloa y dos facciones disidentes del Cártel del Golfo.

Hasta el momento, autoridades municipales de Celaya, Salamanca, Irapuato y León, ciudades que conforman el llamado Corredor Industrial de Guanajuato y que son las que concentran la mayor cantidad de homicidios dolosos, no han tenido acercamiento con las autoridades federales para que les expliquen si los efectivos de la Guardia Nacional que aún están en sus plazas permanecerán o se irán para reforzar la seguridad en Michoacán.

La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, señaló que mantendrán coordinación con las autoridades federales para conocer los efectos que el blindaje en Michoacán pudieran tener en el municipio, o si incluso pueden generar “efecto cucaracha”. Destacó que es necesario conocer a fondo los alcances del plan, especialmente si contempla acciones para reforzar la seguridad en los límites con los estados vecinos.

Descobijados

Para David Saucedo, especialista en Seguridad Nacional, tener a seis mil elementos dentro del territorio michoacano y cuatro mil en las fronteras es insuficiente para atender una problemática que involucra a unos 15 grupos delictivos en un territorio de 58 mil kilómetros cuadrados.

“Supongo que en esta ocasión no van a ser un despliegue de saturación, como ha ocurrido en Sinaloa, Guanajuato o Zacatecas, y que van a ser golpes de precisión para decomisos, desmantelamiento de laboratorios y captura de narcotraficantes”, explica el analista.

Pero la batalla será dispareja. Según Saucedo, la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina son un ejército regular que van en columna, que ocupan espacios físicos, realizan patrullajes, realizan presencia disuasiva, realizan rondines y establecen retenes.

“Pero los ejércitos del narco son irregulares, son células guerrilleras que se pueden ocultar, camuflajear y que son difíciles de distinguir de la población civil”, alerta.

Según el especialista, para derrotar a un ejército guerrillero, las fuerzas armadas deben tener una superioridad numérica de 10 a uno. Pero eso no ocurre en México.

El número de elementos de la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública es insuficiente para cubrir de manera simultánea todos los incendios que se presentan en el país

“La cobija no alcanza. El número de elementos de la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública es insuficiente para cubrir de manera simultánea todos los incendios que se presentan en el país de manera simultánea”, remarca Saucedo.

Plazas calientes

Jalisco, otro de los estados fronterizos con Michoacán, presenta su propia dinámica criminal, al ser la entidad con el mayor número de víctimas de homicidio enterradas en fosas clandestinas.

De los 3 mil 335 cuerpos exhumados en todo el país entre finales de 2018 y finales de 2021, un tercio fueron encontrados únicamente en Jalisco, territorio “sede” del sanguinario CJNG.

En marzo de 2025, un rancho remoto en la pequeña localidad de Teuchitlán, Jalisco, ubicada a unos 60 kilómetros de Guadalajara, se convirtió en el centro de la indignación nacional después de que un grupo de ciudadanos que buscaban a familiares desaparecidos descubriera lo que parecía ser un sitio de ejecución masiva operado por el CJNG.

Guerrero, estado que tiene una extensa frontera con Michoacán, es el noveno estado más violento del país, según el Índice de Paz. Desde 2018, ha registrado el mayor número de homicidios políticos, con 109 incidentes documentados. También fue el estado con más homicidios de este tipo en 2024, con 34 casos.

Para Jonathan Maza, consultor y analista especializado en inteligencia aplicada a riesgos políticos, de seguridad y defensa, las fuerzas armadas nunca están totalmente preparadas para un despliegue de 10 mil elementos de una día para otro.

“Generalmente, esos contingentes provienen de personal que está asignado a alguna región o zona militar; los comisionan por lapsos de tres meses, y los van rotando para no dejar zonas desprotegidas”, expone.

Alberto Guerrero Baena, académico de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, no existe una metodología específica sobre reacomodos del personal militar, simplemente se toman decisiones en función de la disponibilidad y de la peligrosidad de las diferentes regiones.

“En las fuerzas armadas existen ciertos ‘batallones dormidos’, como por ejemplo las Guardias Presidenciales, que están cumpliendo funciones de otro tipo, pero en las actuales circunstancias se echa mano de ellos, además de que se moviliza al personal que está en zonas que tengan, a criterio de ellos, baja incidencia delictiva”, destaca.

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