Fuga de Cerebros | La contrarreforma eléctrica: la decisión más importante del sexenio. Autor: Ricardo Cortés Hernández

Por Ricardo Cortés Hernández[1]

La contrarreforma eléctrica enviada el 30 de septiembre al Congreso de la Unión y presentada por el ejecutivo el pasado 11 de octubre en su conferencia matutina busca modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. El presidente afirmó que el marco legal actual “favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente.” A esto la secretaria de energía, Rocío Nahle, detalló que la iniciativa busca en esencia deshacer los contratos legados de la administración pasada.

De llegarse a aprobar esta reforma constitucional sería una de las acciones que más repercusiones tendría, no solo sobre las empresas, sino sobre la población en general de México. Esto debido al valor estratégico que tiene la electricidad para una amplia gama de actividades económicas y productivas. Para analizar este tema abordaremos las consecuencias a nivel operativo, ambiental, legal y de seguridad energética que la iniciativa conlleva.

Primero, actualmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha desarrollado, y de acuerdo a su plan de inversiones para el siguiente año, tampoco tiene planes de desarrollar ninguna planta de generación eólica (electricidad a través de turbinas de viento) de gran escala; y tampoco ninguna planta solar (electricidad mediante celdas fotovoltaicas que captan la luz solar) de gran escala. En otras palabras, los habilitadores de generación eléctrica mediante tecnologías de energía renovable que permiten a México adquirir compromisos ante el acuerdo de París han sido construidos mayoritariamente gracias a la iniciativa privada.

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Para este punto, el gobierno ha argumentado que la CFE busca impulsar la capacidad hidroeléctrica con la que cuenta; sin embargo, en lo que va de la actual administración no se ha hecho ninguna inversión nueva en este rubro. Aunado a lo anterior, de acuerdo con cifras de la IEA (Agencia Internacional de Energía por sus siglas en inglés) de 2018 a 2020 el suministro eléctrico mediante recursos hídricos bajó de 32,526 GWh a 26,817 GWh. Si bien esto puede responder a las intensas sequías que ha sufrido México en los últimos años, también refleja que en su caso esas plantas ya están despachando al máximo de su capacidad.

Segundo, es importante esclarecer que la propuesta presentada no busca incrementar la generación a través de energías renovables, ni si quiera aumentar el uso de las plantas de ciclo combinado (plantas de generación eléctrica mediante gas y otro tipo de vapor). Por el contrario, lo que busca es cambiar el orden de despacho que tiene el mercado eléctrico mayorista y terminar con el modelo de curva de orden de mérito con el que hoy se administra el ingreso a las redes de transmisión.

En términos simples éste modelo hace que aquellos generadores que logran alcanzar los menores costos por kilowatt hora, sean aquellos que despachen y accedan primero a las redes de transmisión. Así mismo, la última planta que entra en operación es la que fija el precio para todas las demás; incentivando a que los generadores reduzcan sus costos para poder obtener ganancias. En este sentido las centrales hidroeléctricas tienen un costo competitivo y ya están despachando acorde con su capacidad.

En contraparte, el resto de plantas con las que cuenta la CFE funcionan mediante la utilización de algún tipo de hidrocarburo; ya sea combustóleo – el más contaminante, carbón, diésel o ciclo combinado – las menos contaminantes. Lo cual ocasiona que en la mayoría de los casos la CFE sea quien puede despachar en último lugar. Con base en lo anterior, lo que intenta la contrarreforma es cambiar el orden de aprovechamiento para dejar de utilizar las mejores tecnologías que tiene el país en su flotilla de generación por las plantas a base de quema de hidrocarburos de CFE.

Tercero, la iniciativa propone a través de la integración de un artículo transitorio en la constitución la confiscación de bienes privados. Esto ya que no se pretende comprar los derechos de propiedad de la infraestructura de generación que actualmente tienen las empresas privadas mediante indemnización. Por el contrario simplemente se busca forzar a que pasen a ser pertenencia del estado, bajo el argumento de que la electricidad es un recurso estratégico. De hecho en la exposición de motivos para articular la contrarreforma se menciona que el director de la CFE no tiene facultades absolutas sobre sus subsidiarias y tiene que sujetarse a las instrucciones de la entidad regulatoria, Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Torres de trasmisión de energía eléctrica en los cañaverales de este municipio. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO.COM

Esto conllevaría implicaciones jurídicas tanto a nivel nacional como internacional; sentando el precedente de que en México no se respetan los derechos de propiedad de aquellos que deciden invertir capital en el país. Además quedaría un antecedente en el que, acorde con las leyes mexicanas, el gobierno puede cancelar permisos y contratos de cualquier sector que defina como estratégico.

Finalmente, hablemos de soberanía. La argumentación que ha manejado la administración actual para realizar modificaciones a la regulación en materia energética se ha fundamentado sobre el concepto de soberanía nacional. En este sentido se deben hacer algunas observaciones sobre dicha definición y robustecerlo mediante la clarificación del concepto de seguridad energética. Para el caso de la soberanía, ésta se ha utilizado con un enfoque de autoabastecimiento de la demanda energética del país mediante la capacidad instalada que existe en el mismo. En este punto es importante considerar que no se puede hablar de un país con soberanía, si el país no tiene la capacidad de abastecer su propia demanda.

En el estudio de demanda y consumo para 2020 – 2034 realizado por la Secretaría de Energía tras las afectaciones del Covid-19, se pronosticó que el consumo bruto integrado por las ventas de energía para 2022 serían de 346,668 GWh. Esta cifra considera las ventas a través del Suministro Básico, Suministro Calificado, Suministro de Último Recurso, el autoabastecimiento remoto, la importación, las pérdidas de energía eléctrica, los usos propios de los Transportistas, Distribuidores y Generadores. Para lo cual actualmente la CFE, por sí sola, no tiene la capacidad instalada para poder abastecer dicha demanda.

El argumento de soberanía energética podría haberse considerado válido cuatro décadas atrás, bajo un contexto histórico formado por la necesidad de proporcionar fuentes de energía para el crecimiento económico, reducir la dependencia de las importaciones y protegerse contra amenazas externas. Sin embargo, hoy en día ese concepto está desactualizado o es incompleto por decir lo menos, ya que desde los años 90, el marco de seguridad energética contempla los rubros de: Disponibilidad, Accesibilidad, Asequibilidad en el precio y Aceptabilidad sobre la tecnología de generación. Inclusive el marco que hoy se maneja en la Unión Europea contempla los conceptos de seguridad de suministro, competitividad económica, así como sustentabilidad y mitigación del cambio climático.

En conclusión, lo que esta contrarreforma ocasionaría sería acabar con los esfuerzos de transición energética hacia una generación mediante energías renovables y sentaría un precedente de violación a los derechos de propiedad por el estado. Si bien México, debe avanzar en materia eléctrica, la perspectiva a futuro debe ser planificada e inclusiva para satisfacer las necesidades económicas y medioambientales, cimentar los fundamentos para establecer una economía baja en carbono y ser capaz de reaccionar a cambios repentinos en la oferta y la demanda.


[1] Maestro en Ciencias en Energía y Sustentabilidad por la Universidad de Southampton, Reino Unido, e Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Twitter @Cerebros_Fuga

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