Por: Pedro Casas Alatriste[1]
Los Estados Unidos de América siempre han tenido dos fuerzas motoras: su economía y su seguridad nacional. Actualmente, ambas fuerzas impulsan un replanteamiento estructural en la globalización de su economía; lo que le da a México una ventana de desarrollo sin precedente.
Los efectos de la pandemia del COVID-19 agudizaron, entre muchas otras, dos debilidades de la actual estructura económica global. Primero, la disrupción en las cadenas de suministro. Las enormes desventajas logísticas de los procesos “just-in-time”, al tener pocas alternativas disponibles en momentos de crisis, forzaron la reevaluación de las estrategias logísticas “just-in-case” en procesos productivos clave. La resiliencia y el manejo de inventarios han resultado cruciales durante la pandemia.
Segundo, la dependencia en ciertas economías. La concentración de procesos productivos en un solo país —basados en bajos costos de mano de obra— subrayó cómo la dependencia en otro país genera poderes de negociación (y potencial manipulación) desproporcionados por parte de aquellos que monopolizan puntos de la cadena productiva.
El caso de China ejemplifica ambas debilidades. Inicialmente, los confinamientos en zonas industriales suspendieron múltiples cadenas de suministro globales (ej. la industria tecnológica y de computadoras). Además, la dependencia mundial en este país asiático como el principal productor de ingredientes activos farmacéuticos y equipos médicos de protección personal, le dio de facto un enorme poder en las negociaciones internacionales. Por estas razones, la crisis epidemiológica aceleró el desacoplamiento de la “fábrica del mundo” en sectores clave para diversificar la producción en otros países.
Aunado a lo anterior, el actual replanteamiento de la economía estadounidense no sólo trata de lograr modelos productivos regionalizados bajo esquemas near-shoring (producción de bienes y servicios en países geográficamente cercanos), sino también en hacerlo con países con una afinidad democrática que inhiban la posibilidad de manipular procesos productivos. Hace un par de meses, un estudio encargado por la US-Mexico Foundation popularizó el concepto ally-shoring abarcando ambas necesidades. En dicho informe, el ally-shoring se define como “el proceso mediante el cual los países restablecen sus cadenas de suministro críticas y obtienen materiales, bienes y servicios esenciales, entre socios y aliados democráticos confiables, con un enfoque de inversión en relaciones de corto y largo plazo que protejan y refuercen conjuntamente la seguridad económica y nacional”.
Esta coyuntura ha sido ideal para algunos países, principalmente en el sudeste asiático y en Latinoamérica, que han sabido atraer más inversiones con ambos argumentos: resiliencia económica y seguridad compartida. Colombia, por ejemplo, ha hecho una intensa campaña desde mediados de 2020 para ofrecer sus ventajas competitivas a inversionistas y compañías norteamericanas. Gracias al apoyo presidencial, así como al activismo del embajador de Colombia en Estados Unidos y de ProColombia, lograron un acuerdo piloto de inversión de hasta 5 billones de dólares, insólitamente impulsado por el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.
Para las autoridades de seguridad norteamericanas, el tipo de acuerdos como el que lograron con el Gobierno de Colombia le permitirán a los Estados Unidos fortalecer su resiliencia económica y también disminuir la influencia de China y Rusia en el continente—un objetivo recientemente considerado como prioridad geopolítica.
México puede seguir los pasos del país andino. Juegan a su favor la relación histórica, gubernamental, económica, cultural y social con el país vecino del norte. Además, el T-MEC, la posición geográfica, el capital humano, la calidad y los costos de los procesos industriales, nos convierten en el segundo socio comercial y en un actor clave para la seguridad nacional norteamericana.
En el aspecto productivo, la tendencia hacia la automatización en la manufactura va en ascenso. El año 2021 será un punto de inflexión en la ubicación de inversiones basadas en las capacidades geográficas y demográficas para la construcción de plantas con procesos automatizados, versus la ventaja comparativa de la mano de obra barata. A esto se le suman los factores del huso horario, la proximidad y la facilidad de distribución. Un estudio por Thomas Net calcula una alta probabilidad de que cerca del 64 por ciento de empresas norteamericanas regresen sus procesos de manufactura a la región después de la crisis por COVID-19. Sumado a esto, las evidentes implicaciones del T-MEC en materia laboral, ambiental, energética y comercial, han hecho que la relación económica e institucional entre México y Estados Unidos sea cada vez más estrecha. Es fundamental encauzar dicha relación en la dirección correcta, maximizando todas las facilidades creadas para la inversión y la integración regional, y evitar potenciales demandas por violaciones a nuestros acuerdos internacionales.
En materia de seguridad nacional, México cuenta con vínculos significativos con el gobierno norteamericano. De hecho, es el segundo país en la región que más recursos de desarrollo ha recibido para el combate al crimen organizado y el fortalecimiento del Estado democrático de derecho. Además, para la Comunidad de Inteligencia estadounidense la relación con México es esencial debido al riesgo que suponen las organizaciones criminales transnacionales y la posibilidad de convertirse en un centro de tránsito de terroristas. La relación bilateral en seguridad debe también fortalecerse sobre la base de la confianza mutua y la responsabilidad compartida de enfrentar fenómenos criminales y otras amenazas que eluden los límites fronterizos.
Desafortunadamente, el riesgo político y económico para invertir en México ha incrementado considerablemente en los últimos años. La cancelación del aeropuerto, de la planta cervecera en Mexicali, la crisis de los gasoductos, el golpeteo a los organismos autónomos, la resistencia a la innovación en el sector energético, la pausa en las subastas energéticas, y la falta de políticas de apoyo durante la pandemia, entre otras decisiones políticas, han mermado la confianza y la certidumbre en México.
Con la desaparición de ProMéxico, también se debilitó la estructura institucional para promover y atraer inversiones internacionales. A su vez, el fortalecimiento de la relación bilateral con China y Rusia ha prendido alarmas en diversas oficinas gubernamentales americanas que pudieran ser claves para redistribuir inversiones a nuestro país.
Juzgando por las decisiones políticas ya mencionadas, pareciera que no estamos viendo la oportunidad del ally-shoring. O que, aún viéndola, se le ignora como si no hubiera una crisis económica y de seguridad por resolver; como si el desarrollo y la prosperidad de México sólo dependieran de asuntos domésticos y no de una fuerte interdependencia con otras naciones, particularmente con el país vecino del norte.
Hacer del ally-shoring una realidad, requiere principalmente de alianzas público-privadas proactivas para regenerar la confianza, atraer más inversiones, y convencer que México es un destino económicamente rentable, seguro y políticamente estratégico.
El Estado mexicano tiene que ser garante de la estabilidad institucional, del respeto a los contratos y los acuerdos internacionales. El sector privado, por su parte, debe ser pujante, innovador y propositivo en materia económica y comercial. Es fundamental reforzar la marca país como el epicentro natural para la producción y distribución de bienes y servicios al mundo. Está en nuestras manos ejercer las presiones y construir los puentes necesarios para no desperdiciar —de nueva cuenta— esta oportunidad histórica. México puede y debe capitalizar las oportunidades que la actual crisis presenta para asegurar un futuro próspero en beneficio de nuestra economía y nuestra sociedad.
[1] Candidato a Maestro en Políticas Internacionales de Desarrollo por la Universidad de Georgetown y socio fundador de En Esta Esquina A.C. Twitter: @PedroCasas de (@Cerebros_Fuga)
