De encontrarlo culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, Emilio Lozoya Austin recibiría un total de 54 años de prisión aplicando la pena máxima.
Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó un total de 54 años de prisión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
En un momento inicial, la FGR había solicitado una condena de 39 años de cárcel en contra del exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto únicamente por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa por los sobornos supuestamente recibidos en el caso de la constructora Odebrecht.

Sin embargo, el jueves pasado, la autoridad judicial formuló una imputación por el caso de la planta chatarra de Agronitrogenados y pidió al Juez José Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, una condena adicional de 15 años de cárcel y cinco mil días de multa por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La planta de Agronitrogenados, que en ese momento pertenecía a la empresa Altos Hornos de México (Ahmsa), tenía 14 años sin operar y equipos de 30 años de antigüedad.
A esto se suma la demanda de extinción de dominio para asegurar una casa ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, y tiene un valor de 3.4 millones de dólares, la cual presuntamente habría sido comprada con el dinero recibido de los sobornos por la compra de la planta.
Además, según medios locales, la Fiscalía también pidió una pena de 25 años por dos delitos, entre estos asociación delictiva, para su madre, Gilda Margarita Austin.
Lozoya fue arrestado a comienzos de 2020 en España y extraditado a México como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado 3 de noviembre ingresó en prisión preventiva en el Reclusorio Norte a petición del Ministerio Público tras haber sido captado cenando en un restaurante de lujo.

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