El Espejo | La realidad letal del periodismo y el activismo en México. Autor: Iván Uranga

“El verdadero grado de corrupción de un pueblo,
se mide por sus periodistas y activistas asesinados”
Iván Uranga

Activistas y periodistas seguirán siendo ejecutados en México y el mundo mientras la corrupción siga siendo el eje de la política y la economía.

Son cientos los periodistas y activistas asesinados en México durante las últimas décadas, y ninguno de los incipientes esfuerzos gubernamentales han logrado detener las ejecuciones de quienes defienden los derechos humanos y/o ambientales y de quienes informan sobre la realidad cotidiana. El gobierno de México, esta semana ofrece (nuevamente) “mejorar la protección a periodistas y defensores de derechos”, esfuerzo que sabemos a ciencia cierta que no funcionará, porque no existe ninguna protección o blindaje que detenga la corrupción origen de estos asesinatos.

¿Por qué afirmamos que la corrupción es el origen?

Reflexionemos un poco sobre cuáles son las causas conocidas de estos asesinatos; a los periodistas y a los defensores de derechos los asesinan cuando tocan temas que afectan a los intereses de los asesinos. Y los intereses de estos asesinos, por un lado, es que no se conozca la realidad de sus contubernios con el poder y por el otro es erradicar a quienes se oponen activamente a estos contubernios con el poder.

Si recordamos al periodista Manuel Buendía que fue ejecutado el 30 de mayo de 1984 en la Ciudad de México por escribir sobre la intervención norteamericana en México a través de su Agencia Central de Inteligencia (CIA), lo asesinaron por orden del actual director de la Comisión Nacional de Electricidad Manuel Bartlett Díaz, quien en ese entonces fungía como secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid; a la defensora de los Derechos Humanos Digna Ochoa la asesinaron el 19 de octubre de 2001 y su cobarde asesinato lo han querido ocultar como suicidio, aunque sabemos por conversaciones personales con Digna que el Ejército Mexicano la tenía amenazada de muerte, porque Digna estaba defendiendo al pueblo de Guerrero por los crímenes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); a la periodista Miroslava Breach, la asesinaron el 23 de marzo de 2017 por denunciar los contubernios del narcotráfico con el gobierno de Chihuahua en ese entonces encabezado por Javier del Corral; al activista periodista Samir Flores lo ejecutaron el 20 de febrero de 2019 por defender la vida de los habitantes de Morelos, al oponerse a la termoeléctrica en Huexca, un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunciara que podría en marcha la termoeléctrica, a pesar de la oposición de la población y traicionando al mismo pueblo al que durante su campaña presidencial había prometido que no sería así, este mensaje del presidente fue en los hechos, el permiso a los sicarios de asesinar a Samir, porque sabían que defendían los intereses del poder. 

317 defensores de derechos y 148 periodistas son los asesinados en los últimos 20 años en México, todos por la misma causa: la corrupción del poder político y económico. Sólo durante los 3 años que lleva el gobierno de AMLO han ejecutado a 28 periodistas y a 90 activistas.

Si revisan las ligas que les comparto, podrán darse cuenta que la causa de su muerte no fue un balazo, la verdadera causa de su muerte, fue oponerse a los proyectos criminales de los 13 megarricos de México y cientos de empresas trasnacionales solapadas por el gobierno de México, porque estas inversiones no sólo mejoran los números macroeconómicos que nunca llegan al pueblo, también mejoran sus expectativas de poder y apoyos económicos para sus campañas políticas.

Así que ni poniendo cien guaruras por periodista o por activista podrán evitar la muerte de quien defiende la vida y la verdad, mientras no cambie la relación corrupta entre el poder económico y político, porque mientras para los políticos siga siendo prioritaria la economía por encima de la vida, seguiremos viendo morir a periodistas y defensores en total impunidad porque para el Estado, el narcotráfico y las empresas extractivistas, solo son daños colaterales.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, usó a los sicarios de los narcotraficantes para secuestrar, torturar y ejecutar a los activistas de izquierda, que no compartían sus políticas públicas de derecha, y aunque las cifras oficiales hablan de sólo 30 activistas asesinados durante todo su mandato, la realidad es que fueron muchos más, porque los hicieron pasar como falsos positivos al vincular falsamente sus muertes con el narcotráfico, para que no fueran contados como defensores de los derechos y que sus muertes tampoco fueran investigadas, de ello doy cuenta en mi novela “Luciana”. En lo personal conocí 76 casos de compas asesinados bajo este mecanismo en el calderonato.

El garantizar que las instituciones del gobierno federal no persigan a la libertad de expresión no es suficiente, porque las estructuras del poder político y económico en las diferentes regiones, someten, amenazan y compran a la opinión pública y los medios. Igual que el gobierno federal afirma hoy que “la mayoría” de los pobladores están de acuerdo con sus megaproyectos, después de condicionar los apoyos de los programas sociales y becas a la aceptación de los proyectos, así los empresarios, los caciques y las trasnacionales, compran voluntades para pasar sobre la vida.

El Estado no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas y activistas, sino también a prevenir las agresiones provenientes de particulares. Tiene además la obligación de investigar, procesar, juzgar y en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia. Es decir, que el Estado mexicano encabezado por el Presidente, es el directamente responsable de garantizar la libertad de expresión en todo el territorio nacional.

Existe un clima de impunidad generalizada respecto a los casos de violencia contra las y los periodistas y defensores de derechos, aun respecto a los hechos más graves como asesinatos, desapariciones y secuestros.

La realidad es que al día de hoy en todas las regiones del país las y los periodistas se encuentran sometidos a una atmósfera de intimidación que provoca autocensura. Resulta extremadamente difícil que en dichas zonas se hagan investigaciones y publicaciones sobre temas relativos al crimen organizado, la corrupción, la inseguridad pública y asuntos similares, por la vulnerabilidad y el alto riesgo en que se colocarían las y los periodistas. La consecuencia es que la sociedad mexicana en su conjunto está perdiendo conocimiento de lo que está sucediendo en dichos lugares y las autoridades y las organizaciones sociales se ven privadas de información de alta relevancia pública y que además resulta esencial para contrarrestar algunos de los fenómenos delictivos que enfrenta la sociedad mexicana que de tanto vivir la violencia, la ha normalizado al extremo de dejar de denunciar los delitos más graves porque la impunidad es casi total.

La indefensión de los periodistas y la falta de apoyo de las autoridades han motivado que la autocensura se convierta en una medida de autoprotección utilizada. Cada vez es más frecuente que no se dé a conocer información por temor a posibles represalias, ni se profundicen investigaciones sobre posibles actos de corrupción. El miedo a buscar y a difundir la información se está propagando por la falta de protección y de garantías efectivas. En algunos estados con una fuerte presencia del crimen organizado como Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, la autocensura ha alcanzado niveles dramáticos; la prensa local se ha visto obligada a silenciarse y a no registrar hechos de extrema violencia que ocurren en su localidad. En el mejor de los casos, dichos hechos son reportados por la prensa nacional. Teniendo casos extremos en donde el crimen organizado es dueño de medios de información y tiene coptadas a las policías y autoridades locales.

Y las autoridades que no están coludidas con el crimen organizado, lo están con el crimen de cuello blanco, otorgando permisos a empresas para despojar a los pueblos de sus territorios, su subsuelo, su aire, su agua y su cultura, lo que da origen a que surjan mujeres y hombres dignos que defiendan sus derechos, activistas que sufren la persecución, el desprestigio, la intimidación, la desaparición, la tortura y la muerte, en total complicidad con las autoridades. 

Pero la libertad de expresión va mucho más allá del periodismo, el intimidar a las comunidades indígenas mediante grupos paramilitares para evitar que defiendan sus derechos ante la complicidad y el silencio del gobierno federal, como es el caso de Chiapas actualmente también es un atentado contra la libertad de expresión; la utilización de recursos públicos para comprar la resistencia a los megaproyectos extractivistas del gobierno, como lo hacen con el programa Sembrado Vida también limita la capacidad de decir lo que se piensa y es un crimen de Estado, porque secuestran el hambre de los más pobres para pasar por encima de sus derechos.

Si a esto le sumamos a los miles de vociferadores que violentan sistemáticamente en las redes sociodigitales, a todo aquel que no comparte la visión del presidente o de su oposición oficial, hace que las críticas al nulo proyecto de Seguridad Humana y la evidente expansión de la recolonización silenciosa del nuevo neoliberalismo no sea visible y sea rechazada sin pensar, lo que no permite construir un verdadero contrapeso consciente, crítico y libre. Por lo que el periodismo honesto y el activismo consciente, corre el riesgo permanente de morir. 

De nada sirve “cuidar” periodistas y defensores, la única forma de detener la violencia y los asesinatos a los periodistas y los luchadores sociales, es evitar que las diferentes esferas del gobierno sigan construyendo la impunidad a los dueños del poder y el dinero y que se garantice por sobre todas las cosas, la libertad de expresión y su defensa sea tarea prioritaria del Estado.

Y raya en la estupidez escuchar que el titular del gobierno de México “califique” qué periodista o activista es bueno o malo. El gobierno no puede atribuirse la capacidad de calificar al periodismo o la defensa de la naturaleza y la cultura, lo que sí es su atribución es garantizar que nadie sea asesinado por defender sus derechos o por hacer periodismo, o a cualquier persona que esté dentro del territorio mexicano, porque no hay otros datos; son 110 mil los asesinados a la fecha durante los 3 años que lleva el actual gobierno, y ese dato real, lo convertiría a simple vista en el peor gobierno en cuanto a seguridad ciudadana en los últimos 100 años.

En México mueren más de 1 millón 26 mil personas al año, (40% más que antes del Covid), y son asesinadas 36 mil 600 por año, de esas 40 [en promedio] son activistas o periodistas). Según datos de Inegi en 2 años pasamos de 6.1 muertes por cada mil habitantes a 9.3 las muertes y de cada mil muertos el 1.3 son activistas o defensores de derechos humanos y/o ambientales. Antes de AMLO morían anualmente en términos porcentuales 1.8 periodistas y activistas por cada mil asesinados en México, por lo que estadísticamente no podríamos afirmar que mueren más actualmente, lo que sí podemos afirmar es que el incremento de muertes en general, es producto de una muy larga historia de gobiernos corruptos (incluido el actual gobierno) que permiten que alimentos procesados, ultraprocesados y transgénicos se comercialicen sin control. Alimentos que han deteriorado la salud general de la población, al mismo tiempo que han permitido las prácticas extractivistas en todo el territorio nacional que minan la salud ambiental y cultural de nuestros pueblos y permiten prácticas laborales que atentan contra la economía, la integridad y la dignidad humana. Es decir, la violencia no solo es producto del narcotráfico y de la desmesurada presencia militar; la violencia es parte nodal del sistema de gobierno en México y el mundo. Por lo que la única forma de erradicarla es cambiando radicalmente el sistema de gobierno; como este cambio es improbable bajo las actuales condiciones, la opción que mejor ha funcionado es la organización comunitaria, en donde un grupo de seres humanos establecen un nuevo pacto de vida basado en la solidaridad, el respeto a la vida toda y la dignidad humana, por lo que los seguimos invitando a construir su autonomía autogestiva en comunidad y protegerla, para tener una vida buena, digna y segura, en compañía de quienes aman .

La vida es una construcción consciente.

Iván Uranga
Iván Uranga

Especialista en Ciencias Sociales, promotor de comunidades autónomas autogestivas, investigador social, docente de Permacultura, escritor de
ensayos, novelas, cuentos, teatro y poesía.

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