A 500 mil familias en México les falta alguien a causa de la violencia.
95 mil 121 desaparecidos, 52,000 cadáveres sin identificar y 275 mil asesinados en los últimos 15 años en México (83 mil en 6 años de Felipe Calderón, 90 mil en 6 años de Peña Nieto y 102 mil en 3 años de López Obrador), medio millón de familias en México están de luto a causa de la creciente violencia originada por el narcotráfico.
Este es el panorama que encontró esta semana el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) y la peruana Carmen Rosa Villa Quintana, jefa de la delegación, que declaró fuertemente que en México las desapariciones se realizan con impunidad “casi total” y estructural y sabemos que el “casi” es un casi muy pequeño, porque el 99.99% de los casos no son resueltos.
La imparable narcoviolencia siembra terror en “casi” todo el territorio nacional en donde podemos ver que durante este periodo cada semana aparece una nueva fosa clandestina, mientras quienes han gobernado durante este periodo, incluido el actual gobierno prioriza la seguridad de las empresas estatales y privadas antes que la seguridad humana, de nada le ha servido a López Obrador el tener bajo su mando para atender la seguridad pública a una fuerza armada integrada en su totalidad por más de 500 mil efectivos, porque independientemente de lo que se diga en el discurso, en 3 años se han duplicado los asesinatos y las desapariciones y 3 años son más que suficientes para contener la “inercia” de la guerra desatada por Felipe Calderón, por lo que ese pretexto ya se le agotó. Lo que sí ha mejorado por su extraordinaria campaña de “estamos mejor que antes” es la percepción de seguridad, y porque después de 15 años, el escuchar balazos todos los días, ver muertes y desapariciones forzadas de forma cotidiana se ha vuelto parte de nuestra normalidad, y hemos aprendido a vivir con ello, como con el Covid que lleva menos entre nosotros.
Sólo en el año de 2020 los muertos en México pasaron de 747, 784 en 2019 a un millón 86 mil 743, de los cuales el gobierno reconoce que sólo en ese año fueron 126,507 muertos por Covid. Como muestra la gráfica de Inegi hasta 2001 nunca se habían superado los 450 mil muertos en un año, y es con la llegada de Vicente Fox al gobierno que se rebasa esta cantidad de muertos, es hasta el primer año de Felipe Calderón que se rebasan los 500 mil muertos anuales, que para el final de su mandato ya se rebasaban los 600 mil muertos, a la salida de Enrique Peña Nieto se rebasan las 700 mil muertes anuales, por lo que rebasar el millón de muertos con 338 956 muertos más que el año anterior es muy alarmante, sobre todo que no son muertos a causa de la pandemia, porque si descontamos los que reconoce el gobierno que murieron de Covid, quedan 212,452 muertos que nadie nos explica cuál fue la causa de su muerte, por lo que urge saber si son por Covid no reconocidos o producto de la narcoviolencia.
Por lo pronto el Comité de la ONU alerta que las desapariciones en México no son un fenómeno del pasado, como se insiste en hacernos creer, y pudo constatar que hay contubernio entre los delincuentes y las autoridades, por lo que impera la impunidad y la revictimización, porque al acudir los afectados a las autoridades estas en lugar de investigar, avisan a los delincuentes que las víctimas o los familiares están buscando justicia, desaparecen cuerpos ya localizados y expedientes, lo que provoca que los familiares sufran amenazas, persecución y hasta nuevas desapariciones o asesinatos, por lo que la cifra negra de estos delitos es muy alta y bien podría justificar los más de 200 mil muertos extras en 2020.
Es tan grave la situación en México que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, declaró que, durante los pocos días de su visita, más de 100 personas en México fueron víctimas de desapariciones forzadas. Otro de los puntos que llamaron la atención del CED es el notable incremento en la desaparición de niños, niñas, adolescentes y mujeres. “Lamentamos observar que esta tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia Covid-19”.
Algo que se debe de destacar del gobierno actual, es que por primera vez el CED pudo visitar sin limitaciones las comunidades y dialogar con los familiares y víctimas sin la intimidación que acostumbraran los gobiernos anteriores, y el otro hecho inusitado, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) de forma paralela a la visita oficial del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas , publicó la sentencia relacionada con la desaparición de jóvenes en Veracruz en 2013 y en ella se establece, como criterio jurídico que para respetar el derecho a ser buscadas a las personas en esta condición, todas las acciones urgentes emitidas por ese organismo son obligatorias para el Estado mexicano.
Es obvio que la voluntad del gobierno federal actual, como en ningún otro gobierno es en pro de lograr que se atienda esta grave problemática, pero también es muy obvia su incapacidad para hacerlo y que no es su prioridad, porque así se ve reflejado en los esfuerzos y los presupuestos para atender esta crisis.
El Comité destacó la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, pero son 43 casos de 95 mil 121 desaparecidos y la creación de la comisión para los crímenes ocurridos en la Guerra Sucia (1965–1990), no abarca el periodo en el han ocurrido más del 90% de las desapariciones en México.
En el diagnóstico el CED-ONU establece que el gobierno de López Obrador no ha atendido las causas profundas de las desapariciones y que el enfoque de seguridad es insuficiente e inadecuado.
También establecieron que:
- El sistema judicial a través de las fiscalías usa la autonomía como una “comprensión desvirtuada” para discrecionalmente negarse a cooperar en la búsqueda y delegar a las víctimas la responsabilidad de investigar y aportar pruebas.
- El riesgo para activistas, colectivos, organizaciones y las personas que se involucran en los procesos de búsqueda.
- La frecuente omisión de estándares de la debida diligencia como: la búsqueda inmediata, el enfoque diferenciado y el análisis de contexto.
- El uso de estereotipos y la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familiares como escudo para justificar la deficiente actuación.
- Hay una crisis profunda en materia forense que oscurece los pocos avances.
El informe oficial de su visita se dará durante el vigésimo segundo periodo de sesiones que se realizará entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2022 en Ginebra, pero la lucha contra la impunidad es impostergable, es necesario que México adopte una política nacional de prevención para erradicar la desaparición, que involucre a todas las autoridades y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pero para ello lo primero que debe suceder es que el presidente de la República Mexicana reconozca que no hace lo suficiente y que lo que hace lo hace mal, y eso es mucho más difícil a que los narcos decidan dejar de matar y/o desaparecer personas.
Es urgente cambiar la brutal realidad que vivimos “casi” todos en México, principalmente los que vivimos fuera de la poca gobernabilidad de las ciudades, en donde es de las fuerzas armadas del Estado de quienes primero debemos cuidarnos, porque por su cercanía legal con la sociedad, son quienes reportan a sus verdaderos jefes dueños de las “plazas” (como llaman los jefes de las mafias a sus zonas de control), a esta realidad no ha llegado la cuarta transformación.
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