La candidata del PAN acusó que las acciones del gobierno de Chihuahua son parte de una persecución política en su contra
La candidata a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que su vinculación a proceso por el delito de cohecho “no es una sentencia” y aseguró que “entraremos con mucha fuerza a la campaña electoral”.
En conferencia de prensa, la Campos calificó las acciones del Gobierno del Estado como una persecución política en su contra, en la cual dedicó recursos con este fin en lugar de atender las necesidades de la entidad.
Asimismo, aseveró que los chihuahuenses la conocen y saben que ella no tiene “nada que ocultar y nada que temer”, por lo que dijo que tarde o temprano se sabrá la verdad y comprobará su inocencia.
Ofreció una disculpa a todas las personas que han sido molestados por parte del Gobierno del Estado, por el simple hecho de apoyar la causa y el proyecto de María Eugenia Campos.
Finalmente, pidió a la población que no se dejen confundir, porque consideró que esta vinculación será utilizada por sus adversarios políticos, sin embargo reiteró que “es sólo un paso en el proceso judicial pero que no representa una sentencia”.
Este viernes, el juez de control del distrito judicial Morelos en Chihuahua, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez dictó auto de vinculación a proceso en contra de la alcaldesa con licencia María Eugenia Campos, candidata del PAN-PRD a la gubernatura, los exlegisladores locales Rodrigo D.R, del PRI, y María A.S, del Partido Verde Ecologista de México, por el delito de cohecho.
En la audiencia de vinculación a proceso que inicio el miércoles 31 de marzo y concluyó la noche de este jueves 1 de abril, se comprobó que cada uno de los involucrados recibieron la cantidad de 9, 2.5 y 3.8 millones 857 mil pesos por concepto de apoyo legislativo por parte del entonces Gobernador del Estado, César Horacio D.J.
El ministerio público acusó a los imputados de cohecho, delito establecido en el artículo 269 del Código Penal del Estado de Chihuahua, mismo que establece como sanción la prisión por un periodo que va de 6 meses a 9 años. Tiene agravantes de acuerdo al monto, además de una multa de 30 a 800 días, así como en el artículo 262 por el uso ilegal de atribuciones.
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