Manifestó que, tras los acuerdos alcanzados, el principal reto que se enfrenta es que alcancen a ser garantizados e implementados en esta administración federal pues, si eso no sucede, en administraciones posteriores lo que hasta ahora se ha logrado, podría enfrentar riesgos
Francisco Félix | julioastillero.com
Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno federal y los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en los Altos de Jalisco para que la Presa de El Zapotillo opere sin inundar a dichas comunidades, representan una victoria de los pueblos, luego de 16 años de lucha. Así lo indicó María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), quien ha acompañado y asesorado a las comunidades afectadas y charló en entrevista con Julio Hernández para Astillero Informa.
González Valencia recordó que las comunidades llevan más de tres lustros “proponiendo alternativas para lograr una gestión integral del agua” y oponiéndose a la construcción de la Presa El Zapotillo, que amenazaba con inundar a los pueblos, provocando un desplazamiento forzoso. Reconoció que ayer se establecieron las bases mediante las cuales “los pueblos obligan al Estado mexicano” a respetar su territorio, cultura y costumbres, pues la presa se llenará hasta los 40 metros, descartando la cortina original cuya altura proyectada era de 105 metros.
Cuestionada sobre el proceso que derivó en alcanzar este acuerdo favorable a las comunidades, la activista mencionó que no fue fácil, pues desde enero de 2019 existió un trabajo muy intenso de exigencia al Gobierno de López Obrador para que se salvara al territorio, aun si eso implicaba la cancelación definitiva de la presa. Si bien reconoció la existencia de “voluntad política” de parte del Presidente, comentó que las negociaciones con el Gobierno federal no han estado exentas de jaloneos.
La investigadora del IMDEC explico que se logró la cancelación de dos de las tres grandes obras que incluía originalmente el sistema Zapotillo: el acueducto a León y la Presa El Purgatorio, como parte de un megaproyecto “totalmente enmarcado en la mercantilización y la privatización”, que pretendía beneficiar a empresas privadas del Bajío, además de ser bastante costoso. Celebró que ahora exista el compromiso de entregar agua solamente a Jalisco para consumo humano y, específicamente, a familias sin acceso a agua y con gran necesidad.
Para la defensora del territorio, ahora el movimiento entra en una nueva etapa en la que se buscará el cumplimiento del plan de justicia y reparación integral de daños. Subrayó que los pueblos tienen que estar muy vigilantes de que todo el proyecto técnico se realice conforme a lo acordado. Recordó que, entre lo aprobado, está la realización de una auditoría técnica y financiera a la presa que deje “una lección para otros megaproyectos”, así como garantías de no repetición para que no vuelva a suceder un caso como este.
Finalmente, María González Valencia manifestó que, tras los acuerdos alcanzados, el principal reto que se enfrenta es que alcancen a ser garantizados e implementados en esta administración federal pues, si eso no sucede, en administraciones posteriores lo que hasta ahora se ha logrado, podría enfrentar riesgos.
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