Se agotó el INE: es necesario transformarlo, pero sin morir en el intento. Autor: José Reyes Doria

Foto: INE.

José Reyes Doria | @jos_redo

HORA DEL CAMBIO

Llegó la hora del Instituto Nacional Electoral (INE). No se puede seguir con el modelo vigente desde hace 30 años. Paradójicamente, el INE ha cumplido satisfactoriamente su función y hoy goza del pleno reconocimiento de la sociedad mexicana. El INE ha conducido tres alternancias en la Presidencia de la República y cerradas contiendas legislativas en las cuales el Congreso de la Unión ha transitado de mayorías de distinto signo ideológico a escenarios sin mayoría absoluta de ningún partido. Pero algunas instituciones, como el INE, están destinadas a prevalecer solo si expresan la correlación política existente: si los equilibrios o el propio régimen son visiblemente distintos a la época en que se crearon, el cambio institucional se vuelve impostergable.

GENEALOGÍA DEL INE

Recordemos: el INE (antes IFE) fue la expresión de un pacto entre las principales fuerzas políticas y sociales para transitar de un sistema autoritario hacia un esquema que entonces se llamó de “liberalización”, para garantizar un mínimo de equidad y certeza en la competencia político-electoral. En el centro de ese pacto estaba el PRI, partido que monopolizaba prácticamente toda la representación política, el acceso al poder y que, además, al ser gobierno desde 1929, controlaba en realidad todos los procesos electorales. La derecha representada por el PAN y la izquierda abanderada por el PRD, legitimaron ese acuerdo y desde 1991 hasta 2018 se desgranaron una serie de reformas electorales para afinar el sistema, pasando por el establecimiento de la autonomía del IFE en 1996 hasta los posteriores cambios en materia de equidad, financiamiento, modelo de comunicación política y fiscalización.

El período histórico del IFE-INE se correspondió con la consolidación de un modelo económico, político y social caracterizado por una concentración exacerbada de la riqueza, el adelgazamiento del Estado, el desentendimiento estatal de los derechos sociales, la inhibición de las manifestaciones importantes de organización y desafío social y el control férreo de las propuestas político-ideológicas que cuestionaran estas premisas. La implantación de este modelo requería un acuerdo funcional entre la derecha predominante en el PRI y el PAN, así como un control persistente de los impulsos de izquierda anidados en el PRD y en sectores del propio PRI. Desde luego, cerrar el acceso al poder político a proyectos de izquierda se convirtió en una cuestión estratégica.

ILUSIÓN DEMOCRÁTICA

La idea de democracia predominante se basaba en reconocer los grandes avances en las leyes y las instituciones electorales. Si los votos se contaban bien, a través de un órgano ciudadano autónomo, entonces México estaba ya en la era democrática, no había más que pedirle a la democracia. Pedir justicia, desarrollo social, límites a la concentración de la riqueza, era exagerado y no tenía nada que ver con la democracia. Incluso se cuestionaba a quienes planteaban que debía haber alternancia y sacar al PRI de Los Pinos, pues, en esta visión limitadísima de la democracia, lo importante era que se contaran bien los votos.

Esta visión de la democracia fue ampliamente compartida por los fundadores del IFE, siendo José Woldenberg su principal expositor. Ideólogos del PRI, del PAN, y del PRD, de la academia, de la sociedad civil, coincidían en que la democracia así alcanzada podría ser imperfecta, pero que había que reconocer que existía verdadera competencia electoral. Acuñaron frases como “es verdad que hay desigualdades sociales y económicas, pero nuestra democracia cuenta con mecanismos para ponernos de acuerdo cuando no estemos de acuerdo”.

En el IFE-INE se fue desarrollando un espíritu de casta que se expandía y fortalecía con cada reforma electoral. Se le atribuían nuevas funciones para exorcizar las desconfianzas mutuas entre los partidos: como todos veían al otro como tramposo y mapache, la solución siempre fue darle más tareas al Instituto, hacerlo más caro, complejo y grande. Los privilegios al interior se multiplicaron. Un proceso que se corrompió inexorablemente fue el del nombramiento de los consejeros: de una primera generación basada en el prestigio como sostén de la autonomía y la independencia de los consejeros, se degeneró en descaradas cuotas partidistas cocinadas en la Cámara de Diputados.

OTRA REALIDAD, POLÉMICA, PERO OTRA

Hoy, en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, vivimos una realidad política distinta en muchos aspectos. No es la transformación copernicana que quieren vender, pero sí se pueden identificar algunos aspectos que cobran importancia para el tema aquí tratado. En primer lugar, el sistema de partidos cambió de raíz en tres años. De un sistema de dos partidos y medio (PRI, PAN, PRD) pasamos a un sistema de partido ampliamente dominante, como lo es Morena. No solo es dominante Morena, sino que, a demás, es nuevo, es decir, no se trata de una realineación de fuerzas entre los partidos tradicionales, sino de la irrupción de una nueva propuesta que, además, es portadora de un proyecto político-ideológico diferente (al menos en el discurso).

El Presidente López Obrador y Morena afirman que ahora es el pueblo el que manda, que se está dejando atrás el régimen de corrupción del neoliberalismo y que, a diferencia de antes, la principal prioridad del gobierno es apoyar a los pobres y acotar a los grandes capitales. Por lo tanto, dicen en la llamada 4T, la democracia no consiste solo en votar, sino que es un proceso en el cual el pueblo gobierna a través de representantes como el propio AMLO. A groso modo, a riesgo de minimizar las premisas, de esta perspectiva proviene la idea de AMLO de que el INE debe estar en manos del pueblo, que el INE ha traicionado la democracia.

Podemos estar de acuerdo o no con las ideas de la llamada 4T, podemos discrepar sobre la congruencia entre sus dichos y sus hechos, pero, definitivamente, sí existe un cambio basado en los elementos antes señalados: un sistema de partidos distinto, así como una forma de gobierno diferente basada en una específica idea del pueblo y de la democracia. Desde este posicionamiento político tan poderoso, el Presidente y su partido han dirigido un cuestionamiento sistemático al INE, con el expreso afán de desaparecerlo o al menos cambiarlo de raíz. Los cuestionamientos oficiales se han centrado en los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, pero incluyen señalamientos de fondo.

Ahora bien, la coyuntura es sumamente interesante desde el punto de vista político. Por un lado, el INE tiene una aprobación social muy grande, mayor que la del propio AMLO según algunas encuestas. Por lo tanto, desaparecer el INE o desnaturalizarlo en el cambio, puede implicar un alto riesgo de disconformidad social. Por otro lado, la gran mayoría de las personas mantiene la memoria del fraude electoral y el abuso desde el poder en materia electoral y no quiere volver a los tiempos de un INE dominado directamente por el gobierno o controlado por éste a través de consejeros amigos.

COORDENADAS DE UN NUEVO INE

A reserva de que la vía legislativa permita la construcción de acuerdos para una reforma constitucional encaminada a transformar de raíz al INE, para lo cual se requiere mayoría calificada de dos terceras partes, que Morena y sus aliados no tienen, es importante establecer algunos parámetros que tendrían que considerarse para evitar que en la reforma político-electoral se desabarranque la estabilidad política del país. Algunos irreductibles para alejar el fantasma del autoritarismo y la ingobernabilidad en la reforma del INE:

1.- Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, el INE debe ser manejado por el gobierno: ni sus órganos de dirección, ni el padrón electoral, ni las mesas de casilla, ni el cómputo de votos, ni la entrega de constancias de ganadores.

2.- El Instituto debe contar con autonomía e independencia frente a cualquier actor o factor: frente al gobierno, frente a los partidos, frente a los medios, frente al “pueblo”, frente a los poderes constituidos.

3.- Las casillas deben operarlas siempre los ciudadanos. No el “pueblo”, sino la ciudadanía. Pueblo y ciudadanía son realidades y conceptos que pueden coexistir, sobre todo en un régimen de la naturaleza del actual, pero las casillas las debe conducir la ciudadanía.

4.- Asumir que la función del INE es organizar elecciones. Esa es su contribución a la gobernabilidad, a la legitimidad y a la democracia. Nada de atribuirle ser representante, benefactor o expresión del “pueblo”. Esto último, simplemente, no tiene traducción en reglas o procedimientos aplicables para un Instituto de esta naturaleza.

5.- El INE debe ser más austero. Nada de privilegios ni excesos en sus cúpulas. Se le deben quitar tareas absurdas; contemplar el voto electrónico. Por ejemplo: para qué tener abiertos las 300 juntas distritales todo el tiempo, si el proceso electoral dura menos de un año; ahí se van cientos de millones de pesos, en actividades absurdas e innecesarias durante los dos años en que no hay proceso electoral.

6.- La reforma debe encontrar una forma incuestionable para nombrar a los órganos de dirección del INE, consejeros y demás. Las cuotas ya fracasaron, el factor del prestigio de las personas no siempre es garantía. Este es uno de los grandes problemas: quién tiene las credenciales para dirigir el INE. Desde luego, no bastaría con que el Presidente diga: “confío en fulanito para presidir el INE, es honesto, íntegro, del pueblo”, no. Incluso, debería ser hasta requisito que los dirigentes del INE no sean cercanos al poder y que éste no los proponga. Si esto no se encuentra la fórmula, la reforma no tendría sentido.

7.- El nuevo INE debe promover el debate a fondo de la realidad nacional, las desigualdades sociales, la diversidad política-ideológica, la cultura política. Estimular la participación del pueblo en el debate y en la vida pública, a través de la discusión permanente de proyectos y propuestas. Impulsar el diálogo sobre una idea de democracia con contenido social, cultural, económico, político y legal.

CONCLUSIÓN

Cualquier otra ruta que implique la apropiación del INE por algún poder, por grande o popular que sea dicho poder, está destinada al fracaso. No es que no se pueda hacer, es que hacerlo sería una victoria pírrica y significaría entrar en un agujero negro de impredecibles consecuencias.

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