La mayoría del Consejo General del INE manifestó que las reducciones sistemáticas a su presupuesto constituyen una afrenta para la calidad democrática
Aura García | OEM-Informex
El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó la aprobación de su presupuesto por 14 mil 099 millones 968 mil 884 pesos para este 2026, sin la partida precautoria para una Consulta Popular, que recortó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con un recorte de mil millones de pesos a lo que inicialmente solicitó a la Cámara de Diputados.
La Comisión de Presupuesto Temporal anunció que el INE implementó una estrategia de “austeridad institucional” y priorización operativa, de modo que se lograra garantizar el cumplimiento de deberes fundamentales y actividades no negociables, como las obligaciones laborales, contractuales y fiscales o la organización del Proceso Electoral Local en Coahuila y la preparación para el Proceso Electoral Federal 2026-2027, donde se renovará la Cámara de Diputados.
En una sesión que se convocó de manera urgente y extraordinaria, los consejeros Dania Ravel, Martín Faz, Arturo Castillo, Jaime Rivera y Carla Humphrey advirtieron que el recorte de Hacienda fue arbitrario e ilegal, y subrayaron que la dependencia disolvió el presupuesto de una posible consulta popular, aunque –en ese momento– no existía certeza de si sería necesario llevarla a cabo.
“Se evidencia que la autonomía constitucional del Instituto –que también debe hacerse valer en su presupuesto– es cada vez más vulnerable. Ahora no sólo tenemos recortes presupuestales reiterados en la Cámara de diputaciones, sino que nuestras solicitudes de presupuesto llegan recortadas al único órgano que tiene atribuciones para realizar estos ajustes”, subrayó Ravel.
En tanto que Castillo recordó que la suficiencia presupuestal es indispensable para garantizar la calidad en las elecciones y evitar deficiencias. El Consejero ejemplificó su punto al evocar la elección judicial, en donde –según expresó– por falta de presupuesto se tuvo que instalar la mitad de las casillas que eran necesarias
“Los países, al igual que las personas, ponen sus recursos donde están sus prioridades. En México, parece que desde 2017, la democracia y la calidad de las elecciones están perdiendo un lugar prioritario en nuestro país (…) Las reducciones presupuestales si tienen una afectación en la calidad democrática, y esto es importante tenerlo en cuenta y preguntarnos si esto es lo que queremos como país”, dijo.
Por su parte, Claudia Zavala, Uuc-kib Espadas y Jaime Rivera también destacaron que los recortes presupuestales al INE se han vuelto sistemáticos, con consecuencias negativas para la certeza y calidad de los procesos, pues no solo impiden la ejecución de proyectos relevantes sino que coinciden con el aumento de las atribuciones para el Instituto.
Aunque el proyecto que se votó y aprobó la noche de este jueves, estipula que las funciones sustantivas relacionadas con la organización electoral, el Registro Federal de Electores y la fiscalización fueron salvaguardadas, también revela que éstas se protegieron a costa de otros gastos operativos y proyectos de modernización.
Jorge Montaño fue el único que abiertamente justificó la medida aplicada por los legisladores y señaló que el Consejo General cuenta con la potestad de solicitar una ampliación presupuestal. “No hay que vaticinar un escenario trágico, hay que esperar el ejercicio y sobre eso promover lo que en derecho corresponda”, señaló.
En tanto que la Consejera Rita Bell rechazó un aumento presupuestal a la Unidad de Transparencia que se justificó con la ampliación de su planilla; no obstante, no consiguió respaldo de la mayoría de sus colegas. Aunque Castillo coincidió en que el área realiza un trabajo deficiente, se pronunció por otorgarle más recursos, a reserva de que se evalúen sus resultados.
Las cinco unidades y direcciones más castigadas en el INE fueron la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con 34% menos de recursos; la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica con una reducción de 30.1%; la Unidad Técnica de Servicios de Informática padecerá de un 13.2% menos; la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores perdió 12.5% y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 11.83%
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