
Entre presiones por el Mundial 2026 y amparos de plataformas, la regulación de hospedaje vía aplicaciones sigue congelada
Gerardo Jiménez | OEM-Informex
La Ciudad de México llega a la antesala del Mundial 2026 con un debate sin resolver: regular o flexibilizar las rentas temporales a través de Airbnb y otras plataformas. Mientras algunas voces en el gobierno y en la iniciativa privada presionan por relajar temporalmente las restricciones para recibir la avalancha de visitantes, la discusión quedó atrapada entre amparos, omisiones institucionales y una crisis de vivienda que ya expulsó a miles de familias capitalinas.
El diputado local del PT, Gerardo Villanueva, quien lleva 30 años encabezando la gestión de vivienda como el Movimiento Urbano Popular, reconoce que al interior del Congreso capitalino existe un debate real: “Hay quienes dicen que no tenemos capacidad hotelera para albergar a los visitantes del Mundial; pero otros sostienen que no podemos relajar controles porque eso agravaría la presión inmobiliaria”, señala.
El legislador integrante de la Comisión de Administración Pública local recordó que la regulación aprobada por el Gobierno capitalino establece un máximo de seis meses de hospedaje al año por inmueble, una cifra que -asegura- “es incluso más permisiva que la de otros países”.
Considera que plantear una flexibilización bajo el argumento de un torneo mundial es “un falso debate con vistosidad mediática”.
Aunque Airbnb y decenas de anfitriones han interpuesto amparos que han frenado la entrada en vigor de la restricción del 50 por ciento de noches disponibles y del padrón obligatorio de anfitriones, varias suspensiones definitivas han dejado a la ciudad en un limbo jurídico: no hay claridad sobre los límites, nadie fiscaliza el uso de inmuebles y el registro digital que debía funcionar desde 2024 sigue sin activarse.
Organizaciones vecinales alertan, además, que el gobierno capitalino incumplió la implementación del padrón y también han recurrido a tribunales.
Hay quienes dicen que no tenemos capacidad hotelera para albergar a los visitantes del Mundial; pero otros sostienen que no podemos relajar controles porque eso agravaría la presión inmobiliaria– Gerardo Villanueva, diputado local del PT
Villanueva subrayó la raíz del conflicto: el encarecimiento brutal de la vivienda. “Los propietarios prefieren rentar a aplicaciones porque pagan mejor, lo que empuja a jóvenes, familias y adultos mayores fuera de sus colonias. En la Condesa las rentas ya eran altas y con Airbnb se dispararon más”, afirma.
Para el legislador, la prioridad debe ser proteger la posibilidad de que la población siga habitando donde siempre lo ha hecho. Y aunque reconoce que el Mundial dejará una derrama económica, insiste en que “son solo cinco partidos y dos meses; no se puede desmantelar una política de vivienda por un evento temporal”.
La gentrificación nos alcanzó
La gentrificación, admite, alcanzó y rebasó a las instituciones. “Entre 2012 y 2018 hubo un gobierno corrupto que desmanteló el financiamiento para vivienda, luego vinieron el sismo de 2017 y la crisis del COVID. Todo eso pegó directo a la capacidad del Estado para construir vivienda social”, explica.
A ello se sumó el desvío de recursos de la reconstrucción por parte de exfuncionarios capitalinos, lo que paralizó durante años la inversión pública. Con un Instituto de Vivienda (INVI) debilitado, el crecimiento de las rentas temporales aceleró la expulsión silenciosa de residentes.
Hoy, el desplazamiento es tangible: más de 23 mil familias —unas 100 mil personas— han dejado sus colonias por el incremento de rentas, afirma el legislador.
Muchos de los afectados, agrega, se movieron primero a Iztapalapa y luego al Estado de México; otros mantienen su credencial de elector en su alcaldía de origen “por nostalgia”, aunque ya no vivan ahí. Villanueva advierte que este fenómeno es distinto al rezago habitacional tradicional: se trata de desarraigo por presión del mercado, amplificado por la llegada de nómadas digitales y la especulación inmobiliaria.
El déficit actual de vivienda en la CdMx asciende a 600 mil unidades, según datos del Inegi y plataformas especializadas. “Las cifras hasta se quedan cortas”, admite el diputado.
Aunque el gobierno capitalino plantea 200 mil acciones de vivienda —desde mejoramiento hasta nuevas unidades—, el reto sigue siendo monumental: casi la mitad de los habitantes de la ciudad vive rentando o en un espacio prestado. “La gente se enferma pagando renta. El mes parece de 15 días”, resume Villanueva, quien insiste en que la única salida viable es construir más vivienda y frenar la expulsión poblacional.
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