Salario o remuneración. Autor: Yasser Viliulfo Martínez

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Uno de los principales y más devastadores efectos del capitalismo es la enajenación de la humanidad que cada individuo posee. De todas las posibilidades de desarrollo que tenemos los humanos (cultural, intelectual, política, etcétera), la que prima es la dimensión económica. De tal suerte que si a una “le va bien en el trabajo” es porque tiene un “buen” sueldo; si a otro le interesa darles “lo mejor” a sus hijos, probablemente se refiere a un producto caro y no a tiempo de calidad. De modo que la maquinita comienza a funcionar alrededor del objetivo primero y último de obtener cada vez más dinero, y con ese dinero consumir cada vez más. Quienes experimentamos esta enajenación la vivimos con prisas y, claramente, sin tomar conciencia cabal de tal situación.

Por ello, llama la atención que, respecto al tema de la disminución salarial de los funcionarios públicos, se hayan esgrimido algunos argumentos que afirman, por un lado, en el caso de los jueces, que los altos salarios garantizan su imparcialidad y, por otro, en el caso de la alta burocracia, que los elevados salarios garantizan su calidad, pues frente a una sensible disminución del ingreso en este ramo, los burócratas de calidad se fugarían a la iniciativa privada. En ambos casos, se trataría de personas unidimensionales, cuya única motivación vital es cuánto ganan. ¿De verdad son así?

En tal debate, a nuestro parecer, se está pasando por alto la oportunidad que significan las recientes elecciones en términos del cambio no solamente de la política institucional, sino de la propia cultura política. En este sentido, la propuesta de López Obrador de disminuir el salario a los altos funcionarios pone en el centro la cuestión de los motivos por los que una persona se orienta al servicio público. Dando por supuesto que “de algo se ha de vivir”, o sea, que un salario es requisito de cualquier desempeño profesional, vale preguntarse si es el único motivo para elegir un empleo.

Para el ámbito de la iniciativa privada puede resultar claro, pero en el caso del servicio público estamos frente a una materia con una significación mucho más amplia. El servicio es, aunque regularmente se olvide, servir, y servir a alguien o algo más. En el caso que nos ocupa, se trata del servicio a la nación, con todo lo trasnochado que suene. Es, al final de cuentas, el punto neurálgico de las relaciones políticas y sociales que tejemos un conjunto de personas en una comunidad determinada. Se entiende que, en épocas de globalización, la nación haya sido bastante zarandeada, pero ahí subsiste, nos guste o no, la afectación a nuestros intereses, a nuestro futuro, a nuestra seguridad, por las decisiones que toma un grupo de “especialistas” en materia gubernamental.

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Desde esta perspectiva, la retribución a las actividades correspondientes al servicio público podría plantearse no ya como salario, sino como remuneración. Hablar de remuneración nos permitiría descomponer la retribución en al menos dos aspectos: el económico y el social. Por social se entendería la remuneración que corresponde al reconocimiento público y la satisfacción de construir un mejor lugar a las siguientes generaciones que ocupen esta nación.

La motivación para desempeñarse en el servicio público respondería, así, no sólo a elementos económicos, sino a la participación de la construcción de otro proyecto de nación. Frente a la “constitución moral” propuesta por López Obrador, que suena a una reforma moral impuesta por decreto, el cambio de actitudes y desempeño en el servicio público pasaría por una reflexión sobre las motivaciones para desarrollarse en él. ¿Que podemos perder a muy brillantes burócratas? Seguro. Pero, si su única motivación para estar en el servicio público es un salario alto, quizá sería mejor que migraran a la iniciativa privada. ¿Que los nuevos servidores no tendrían la misma calidad? Pagamos el precio de su aprendizaje, pues la cuestión técnica se puede mejorar, la rectitud no.

En el caso de los magistrados es todavía más escandaloso, si consideramos que su materia es la impartición de justicia. Si la justicia es, se supone, ciega, el desempeño en su impartición no debería considerar el nivel del salario recibido. Suponer que un salario alto impide la corrupción de los jueces oculta la corrupción original de unos jueces sujetos al mejor postor. Si su único interés es un salario alto, mejor sería que abrieran su despacho y ofertaran sus servicios a particulares que seguro pagarían más de lo que oficialmente perciben ahora. Necesitamos servidores que, como dice el clásico, sirvan al pueblo, y no que pretendan servirse de él.

Yasser Viliulfo Martínez. Profesor de filosofía en nivel medio superior, adjunto en la FFyL de la UNAM e instructor de ajedrez. Contacto: ucronopio@hotmail.com
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