El General de Hombres Libres Emiliano Zapata apoyó a Francisco I. Madero a llegar a la Presidencia de México; Madero traiciona a Zapata y no cumple su promesa de regresar la tierra que injustamente había sido arrebatada al pueblo. Hoy al igual que hace 100 años, un político que se dice maderista pidió el apoyo de los zapatistas para llegar a la Presidencia de México, y ya estando ahí, los traiciona, arrabiátales, la tierra y el al agua, ganada durante la Revolución Mexicana. El Sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador miente, roba y traiciona al pueblo.
La historia
Originalmente Felipe Calderón planteó en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 construir dos termoeléctricas en el Estado de México, pero el 28 de enero de 2008 durante la inauguración de una nueva línea de producción de la megaempresa vidriera francesa Saint Gobain en el Parque Industrial de Cuautla en Morelos, Felipe Calderón menciona que sería prioritario para su gobierno llevar el gas natural a esta zona industrial de Morelos y desata un proceso singularmente apresurado para cumplir su propuesta.
El Congreso del Estado de Morelos le toma la palabra y el 11 de febrero de 2010, envía un exhorto a la Secretaría de Energía Federal y a la Comisión Reguladora de Energía para declarar como Zona Geográfica de Distribución de Gas Natural a los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Yecapixtla, Ayala, Yautepec y Temixco, del estado de Morelos, con el propósito de desarrollar infraestructura de suministro de gas natural en el estado.
El 23 de marzo de 2010, la Secretaria de Energía (Sener) instruyó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que modificara el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2010-2024 a fin de incluir un proyecto de central termoeléctrica y un gasoducto en Morelos.
El 14 de abril de 2010, el gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo y el senador perredista Graco Ramírez Abreu, integrante de la Comisión de Energía en el Senado, anunciaron conjuntamente que Morelos había recibido la resolución para convertirse en Zona Geográfica de Distribución de Gas Natural y su voluntad de integrar un gasoducto en el Plan Nacional de Infraestructura.
Fue hasta julio de 2010 que por primera vez se ve el nombre Proyecto Integral Morelos (PIM) en un documento de Sener instruyendo a la CFE que comience su licitación.
En octubre de 2011 son aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los Manifiestos de Impacto Ambiental de ambos proyectos, el del gaseoducto y la termoeléctrica, a escondidas y sin ningún aviso o consulta a las comunidades afectadas.
Sin burocracia ninguna en noviembre de 2011, la CFE presentó a licitación pública internacional los dos proyectos vinculados con el PIM, uno de ellos para la generación de energía eléctrica (“Proyecto 264 CC Centro, clave 17MO2011E0001”), el cual contemplaba la termoeléctrica y el otro (“Proyecto SGTNM-Gasoducto Morelos”, clave 21PU2011G0009), para la construcción del gasoducto y transporte de gas natural.
La licitación para construir el Proyecto 264 CC Centro, que incluye tanto a la termoeléctrica como al acueducto, fue ganada por la trasnacional española Abengoa en noviembre de 2011 y la correspondiente al proyecto “Gasoducto Morelos” fue ganada por la española Elecnor.(Fallo de CFE)
Así fue como el PIM fue incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 durante el sexenio de Felipe Calderón y saltó al Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), impulsado ferozmente por Graco Ramírez ya como gobernador de Morelos por el PRD. Fueron muchas las resistencias que surgieron en defensa del territorio y la cultura de las comunidades indígenas durante el sexenio de EPN, un ejemplo fue Tepoztlán en su lucha contra la autopista para dar servicio al PIM que construyeron sobre una reserva natural protegida y sitios sagrados prehispánicos. El gobierno actual le da continuidad a este despojo y ahora es parte del Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
En el primer año del gobierno de AMLO, el Proyecto Integral Morelos se mantiene inconcluso, al igual que los doce nuevos gasoductos que se mencionan en el Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2019 porque no cuentan con la licencia social para operar, lo que ha detonado movilizaciones y amparos de las comunidades por los que pasan esos ductos.
Las empresas que participaron en la edificación de estos ductos licitados por la CFE; Elecnor, TransCanada, Ienova, Fermaca, Atco, Carso, Gasoducto del Río o Gas Natural del Noroeste, han cobrado del dinero del pueblo sin hacer nada, en conjunto, más de 22 mil millones de pesos por concepto de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, razón por la cual AMLO calificó estos contratos de “leoninos”; y ante su tibieza para imponer a las trasnacionales los intereses del pueblo, prefirió traicionar al pueblo de México, ya que en su campaña para ganar votos nos había prometido que al ganar la presidencia de la República, cancelaría la termoeléctrica y todo el Proyecto Integral Morelos “¡No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica!”, gritó cínicamente esta tarde ante el pueblo.
El Río Cuautla
El río Cuautla funciona como una unidad de gestión colectiva para el aprovechamiento y manejo del agua, cuyo espacio hidroagrícola de regadío recibió en 1995 la Asociación de Usuarios del río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias General Eufemio Zapata Salazar AC, bajo Título de Concesión por parte del Estado, y como parte de la política de transferencia de los Distritos de Riego. En dicha concesión señala expresamente que el uso del agua es exclusivamente agrícola y no puede ser transferida a terceros o utilizada para un fin diferente, esta asociación y sólo ellos detentan la concesión de las aguas del río Cuautla como producto de la lucha del General Emiliano Zapata durante la Revolución, ya que en 1926 se les dio la dotación del río Cuautla por siempre a los 32 ejidos afectados de Morelos.
El gobierno afirma que sólo empleará aguas residuales tratadas, pero esas aguas residuales, que descarga que se incorporan al cauce de la subcuenca del río Cuautla y son también parte de los afluentes del río Cuautla, cuya concesión pertenece por derecho a Asurco, para el suministro exclusivo de agua para riego y su Manifiesto de Impacto Ambiental no consideró que la construcción del acueducto y la sustracción del agua del río Cuautla proveniente de las aguas residuales, afectaría al Proyecto Integral Morelos: sus impactos sociales y la demanda de justicia hídrica de los ejidatarios del municipio de Ayala, Morelos, derechos colectivos sobre el agua ganados históricamente por los campesinos de esta región durante la Revolución.
Con estos antecedentes y violando el Estado de Derecho, AMLO intenta comprar la voluntad de los afectados ofreciéndoles la condonación del pago de luz entre otras cosas y convoca a una ilegal consulta ciudadana el 23 y 24 de febrero de 2019; ilegal porque no se pueden poner a consulta los derechos de los pueblos. Para entender un poco esto, imagine que el Presidente pone a consulta si puede vender su casa o si puede disponer de su vida para beneficio de otros. Es ilegal por sí misma la consulta porque se realizó sin ningún sustento jurídico. Es ilegal porque el acuerdo 169 de OIT establece que cualquier proyecto que afecte a las comunidades indígenas debe ser consultado con ellas y México está legalmente obligado a respetar este acuerdo. Es ilegal porque el juez del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito prohibió a la CFE y la Conagua utilizar agua del río Cuautla ubicado en Morelos para el funcionamiento de la termoeléctrica construida en la entidad, pues dejaría sin el vital líquido a más de 20 mil campesinos. Y es ilegal porque los derechos no se consultan.
Dos días antes de la ilegal consulta y un día después de que AMLO descreditara públicamente la lucha del pueblo de Morelos –como una señal para los sicarios–, en la puerta de su casa en Amilcingo, en Temoac, Morelos, ejecutan a Samir Flores, uno de los principales activistas en contra de la termoeléctrica de Huexca.
- El principal argumento del gobierno para justificar el uso del agua del río Cuautla es que “solo la usan para enfriamiento y la regresan al río, hasta más limpias”, la realidad es que una vez que esta agua, llamada de enfriamiento, se retorna de donde fue extraída presenta un aumento de 11 a 14 °C con respecto a la inicial generándose así contaminación térmica, que genera disminución de fertilidad y aumento de los ritmos cardiacos de peces (fuente de alimento de la población). Aunado a ello, las centrales termoeléctricas impregnan el agua de enfriamiento con cloro así como otras sustancias químicas tóxicas para evitar el crecimiento de algas dentro de la infraestructura, y por ende, terminan también contaminando los cuerpos de agua. Y para no decir que las termoeléctricas son para dar electricidad al megaproyecto neoliberal, dicen que servirá para dar electricidad a todo el Estado de Morelos, como si el pueblo de Morelos viviera en la oscuridad o como si existiera una red de suministro exclusiva para el estado.
Es muy simple; si no dañarán el agua, ¿por qué no generan un ciclo largo de enfriamiento de la misma agua que usan y la vuelven a usar?
Proyecto Mesoamérica
Lo que realmente impulsa López Obrador sin decirlo, es el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o Proyecto Mesoamérica que oficialmente salió a la luz el 28 de junio de 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón que consta de un corredor Atlántico y otro Pacífico con enlaces complementarios de interconexión, una red ferroviaria, integración portuaria, rutas de navegación, sistema carretero y red aeroportuaria acompañadas de iniciativas en telecomunicaciones, integración energética, gaseoductos, turismo y arqueología, y sumando el Corredor Biológico Mesoamericano al Proyecto Mundo Maya y el Proyecto de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Proyecto que da continuidad el intocable Enrique Peña Nieto durante su mandato en donde inicia el 28 de abril de 2014 la construcción del “Tren Transpeninsular” de pasajeros y carga para Yucatán y la Riviera Maya y que ahora AMLO llama “Tren Maya”; también el intocable EPN ese mismo año inicia el proceso de interconexión del océano Pacífico y Atlántico a través de un “Tren Transístmico” que la única diferencia con el proyecto actual del “Corredor Interoceánico” de AMLO es que aquél era descaradamente privado y en el actual es público pero concesionado en su mayoría al sector privado.
Según el Gobierno de México en publicación de 2019 en su portal oficial “el Proyecto Mesoamérica es el mecanismo de integración y desarrollo de Transporte, Facilitación Comercial y Competitividad, Energía y Telecomunicaciones que potencia la cooperación entre los países Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana”.
El Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, son los megaproyectos más visibles que forman parte del Proyecto Mesoamérica como continuidad de este megaproyecto neoliberal, dedicado a crear grandes obras de energía, transporte vial, telecomunicaciones, aduanas y turismo, bajo un control militar estricto en la zona, por lo que una policía militarizada, como la Guardia Nacional en México era necesaria para su operación y para el control de la mano de obra migrante, como ya lo hizo Nestlé en México. Según el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), el financiamiento para este proyecto corresponde 44.54% a los gobiernos, 8.6% al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 7.71% al Banco Centroamericano de Integración Económica. Al sector privado corresponde 26.27%, lo cual le permite obtener contratos muy lucrativos, es decir el 51.46% del proyecto está en manos de esta iniciativa privada controlada por BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo que invierte en esta zona recursos del magnate George Soros.
La Guardia Nacional contra el pueblo.
Una más de las mentiras de campaña de AMLO fue que al llegar a la presidencia los militares regresarían a los cuarteles, y no sólo no los regresó sino que sacó a todas las fuerzas armadas a las calles a convivir con la población civil, bajo el pretexto de alta inseguridad y prometió que las decenas de miles de muertes pararían.
La realidad es que López Obrador ha usado a las centenas de miles de efectivos militares para construir bancos, pistas aéreas, sembrar café para Nestlé, cuidar ductos de Pemex, dar seguridad a la IP, controlar las fronteras. Tomaron el control de aduanas, puertos y aeropuertos, la seguridad pública federal y están tomando el control de todas las policías municipales y reprimen violentamente todos los días a los seres humanos que migran del sur del continente e ilegalmente evitan que salgan por el norte, porque podrán las leyes evitar que entres a un Estado sin permiso, pero ninguna autoridad de ningún país en el mundo puede evitar que salgas de sus fronteras si no existe una querella legal en tu contra, eso es privación ilegal de la libertad.
Después de que AMLO repitiera mil veces que “las fuerzas armadas nunca más serían usadas contra el pueblo” como argumento para que le autorizaran su Guardia Nacional, mintiendo nuevamente al pueblo, robando lo que por derecho les corresponde y traicionando a su palabra, el pasado 23 de noviembre, envió a 300 elementos de la Guardia Nacional a desalojar el plantón de Apatlaco –que se mantenía en oposición al Proyecto Integral Morelos– y permitieron el ingreso de maquinaria para reiniciar las obras de conexión para poder usar el agua del río Cuautla, violando la ley y violentando el derecho de los pueblos afectados. Mientras las centenas de miles de muertos siguen aumentando en todo el país.
AMLO impone la fuerza bruta sobre la ley, el derecho y el pueblo, existen amparos y suspensiones que siguen abiertos por la falta de la consulta indígena que marca la ley, el amparo vigente de protección al agua de los ejidos de Ayala (1180/2019 y 162/2020), el amparo vigente contra el gasoducto sobre las tierras del ejido de Amilcingo (1185/2019) y el amparo vigente contra la descarga de contaminantes en el río Cuautla que reclama la comunidad de Huexca (1823/2014) y otros 7 amparos vigentes que protegen a los ejidos afectados y porque existe una recomendación de la CNDH ex profesa por violación de Derechos Humanos.
El pueblo reprimido por AMLO ha intensificado su legal y justa resistencia y han decidido perder la vida antes de permitir que López Obrador los despoje de un derecho ganado con la sangre de miles en la Revolución Mexicana.
Ante todas estas injusticias la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano requirió al Estado Mexicano que, a más tardar el 10 de diciembre del 2020 , informe sobre las denuncias de violaciones a los derechos que ha ocasionado el Proyecto Integral Morelos (PIM) al pueblo de México.
Si Andrés Manuel López Obrador no recula de su intención de despojo ilegal e injusto del agua, el territorio, la vida y el futuro del pueblo, nos encontrará a miles en el camino, dando la vida por defender uno de los pocos derechos ganados en la Revolución para los más pobres, porque hoy al igual que hace 100 años, Emiliano Zapata apoyó a Francisco I. Madero a llegar a la Presidencia y ya estando ahí lo traicionó, al igual que hizo AMLO con el pueblo de Morelos y al igual que hace 100 años lucharemos hasta vencer o morir.
La vida es una construcción consciente.
