La infamia del sexenio calderonista alcanza al gobierno actual. Obra en siete actos. Autora: Ivonne Acuña Murillo

Imagen ilustrativa. Foto: Iván Stephens/Cuartoscuro.

Cuidaba Ernestina sus ovejas sin imaginar jamás que la infamia la rondaba tan de cerca. Un batallón de soldados hacía parada muy cerca de ella. Algunos, vistiendo su traje verde, comían naranjas tirando las cáscaras alrededor. Se terminó la fruta y la monotonía inundó el paisaje de la sierra veracruzana. ¿Cómo matarla? Deben haberse preguntado. A la monotonía, por supuesto, no a la indígena que cuidaba sus animales. Y, ¿si la violamos? Seguro propuso alguno de ellos. A la indígena claro, no a la monotonía. ¿A esa vieja? Habrá apuntado otro. Si a ella ¿ves a otra? Completaría un tercero. 

Esta es una conversación ficticia producto de la imaginación en torno a los hechos: Ernestina Ascencio Rosario (o Rosaria, según la fuente), indígena nahua monolingüe de 73 años, habitante de Soledad, Atzompa, Zongolica, Veracruz murió, la madrugada del 26 de febrero de 2007, a causa de una atroz violación tumultuaria. Se presume que, al menos tres soldados del 63° Batallón de Infantería de la 26ª Zona Militar de Lencero, Veracruz, violaron repetidamente, por ano y vagina, a la anciana indefensa. No conformes con ello, introdujeron un objeto punzocortante en donde, antes o después, habían estado sus penes que no miembros viriles. Pues ¿qué puede tener de viril semejante acto de abuso y crueldad? 

Recuérdese que la palabra “viril” tiene como raíz latina la palabra “vir”, varón, y que remite al valor como una cualidad moral (virtud) propia de los hombres. Así que, de nuevo, ¿qué puede tener de virtuosa la violación tumultuaria, en mitad de la sierra, de una anciana desamparada?

Ernestina fue encontrada tirada, a 100 o 300 metros (según la versión que se consulte) del campamento militar, por su hija a quien alcanzó a decir en náhuatl: “Pinome Xoxome” (los vestidos de verde). No podía decirlo de otra manera pues en su lengua materna, la única que hablaba, no existen palabras para referirse a los soldados.

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Entre los testimonios recogidos en la denuncia de hechos se cuentan:

La anciana estaba tirada de su lado derecho, tenía sus manos juntas metidas en sus piernas, su ropa levantada, sus huaraches de color negro estaban tirados como a metro y medio.

Que cuando la levantó le dieron agua y que empezó a decir que la habían asustado los soldados, que la amarraron y se le pusieron encima, que llevaban en el pecho unos clavos, que cree que eran cartuchos, que no dijo cuántos eran porque la señora ya está grande y que le quebraron la cintura.

Si hay alguna duda, se pueden revisar los testimonios recogidos por Blanche Petrich en el periódico La Jornada, el 2 de abril de 2007, en el texto “Quince personas vieron y asistieron a Ernestina en sus 12 últimas horas”.

Pareciera una horrenda obra de teatro formada por siete Actos. Acaba usted de presenciar el primero de ellos: “La violación”. 

Segundo Acto: “La negación”. Enseguida de la muerte y de la corrobación médica de los hechos, el Ejército Mexicano se deslindó de las acusaciones una vez que uno de sus altos mandos realizó la “revisión ocular” de los penes de los soldados del Batallón citado, avecindados cerca del lugar de los hechos, confirmando con eso que no habían violado a nadie. “Tecnología mexicana” que suplió los estudios de ADN que podrían haberse realizado al comparar las muestras de semen obtenidas del cuerpo de la víctima y de las tomadas a los soldados implicados. Habrá que proponerla al ámbito de la justicia y la ciencia criminológica, para abatir costos y tiempos, como una contribución de México al mundo.

Tercer Acto: “Encubrimiento”. Para invalidar las pruebas médicas y la denuncia periodística en torno a la violación y después de una segunda necropsia practicada por el Ejército, un presidente en funciones, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa -ese que pretendía tener su propio partido político y que busca desesperadamente una curul, aunque sea por el PAN-, negó las razones de la muerte afirmando que se debía a una “gastritis mal atendida”. Y, ¿cómo no creerle cuando es sabido que, además de sus estudios en Derecho, Economía y Administración Pública, cuenta con dos doctorados: uno en Ginecología y otro en Gastroenterología?

Cuarto Acto: “Complicidad”. Para reforzar los dichos del Ejército y el mencionado expresidente, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, accedió a modificar la versión de los peritos, como se sostiene en PiedePágina, en el texto “Felipe Calderón y Fidel Herrera ocultaron la violación a Ernestina Ascencio: perito”, del 25 de febrero de 2020. Casualmente, Herrera “se sacó dos veces la lotería”. Veinticinco millones de pesos la primera vez, justo el 31 de diciembre del mismo año de la violación. Cincuenta millones por segunda vez, en mayo del 2009. Cualquiera que imagine que fue en pago por su silencio y complicidad, seguramente se equivoca al no considerar “lo común” que resulta sacarse dos veces el premio mayor de la Lotería Nacional en un plazo de año y medio.

Otro cómplice fue el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, quien avaló el dictamen “oficial”, según el cual la mujer había muerto de anemia y otras complicaciones gastrointestinales. De igual manera habría que sumar a: Emeterio López (exprocurador de Veracruz), Juan Carlos Alatriste (exfiscal especial del estado), Noemí Quirasco Hernández (expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos), quien en un principio aceptó la versión de la violación para desdecirse luego y, por supuesto, el general Guillermo Galván Galván (exsecretario de la Defensa Nacional).

Y ¿dónde estaba entonces la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que no alzó la voz en favor de Ernestina? Se preguntará usted. Para aumentar la indignación ante semejante ignominia, Rocío García Gaytán, descalificó la acusación contra los militares por estar en náhuatl y haber sido hecha por una moribunda.

Quinto Acto: “Intimidación”. Tuvo lugar en contra del doctor Juan Pablo Mendizábal Pérez, quien atendió a Ernestina y firmó el certificado de defunción, así como contra tres médicos legistas quienes firmaron las necropsias. Mendizábal se negó, hasta hoy, a cambiar el diagnóstico, razón por la cual fue inhabilitado en marzo de 2010 en respuesta a un procedimiento de responsabilidad iniciado en diciembre de 2007.

Por si con la intimidación no bastara, el gobierno invitó a la familia de Ernestina a visitar la Basílica de Guadalupe, justo en las fechas en que debían interponer un recurso de inconformidad ante la resolución de la Procuraduría Estatal, según la cual los soldados involucrados no serían imputados. Si la memoria no falla, dicha visita se hizo en condiciones precarias, sometiendo a mujeres, hombres, niñas y niños a largas horas de viaje sin agua y comida suficiente.

Lo anterior lleva a pensar, como lo hiciera la Mtra. Bárbara Illán Rondero, abogada y experta en género, en entrevista con Carmen Aristegui del 4 de diciembre de 2020, “Que oportuna invitación que (…) evidentemente es un claro indicio diríamos, desde la perspectiva legal, es una ‘presuncional’ de que el Estado estaba operando.”

Sexto Acto: “Ratificación”. Después de 13 años de lucha de la familia de Ernestina, se logró la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los primeros días de diciembre de 2020 tuvo lugar la audiencia en la que un funcionario estatal, el fiscal coordinador especializado de Veracruz, Hernán Cortés Hernández, “a nombre del Estado mexicano”, defendió el dictamen en el que se asentó que la muerte de la anciana había sido producto de anemia aguda y úlceras, o como diría el ilustre expresidente Calderón, “por una gastritis mal atendida”.

En resumen, se determinó que: 

El Estado mexicano ha dado atención al presente asunto y que si bien es cierto que en un primer momento hubo algunas irregularidades dentro de la investigación, las mismas fueron subsanadas para así esclarecer los hechos del presente caso, sin que existieran afectaciones en los derechos humanos de la señora Ernestina Rosario (sic) y de sus familiares, por lo tanto el Estado considera que no se cometieron violaciones a derechos humanos en el marco de la investigación por la muerte de la señora Ernestina.

Como respuesta, Fabiola del Jurado solicitó a la CIDH, a nombre de la familia, que formule al Estado mexicano recomendaciones para garantizar el derecho a la verdad.

Queremos verdad y memoria para lo cual el Estado mexicano, en acuerdo con las peticionarias, debe gestionar una investigación independiente con cargo al propio Estado, bajo el prisma y la colaboración de instancias nacionales e internacionales, especialistas en materia de derecho de las mujeres indígenas, tendientes a reconocer la verdad de lo ocurrido, así como la cadena de responsabilidades. El resultado de dicha investigación debe hacerse público por el presidente de la República, incluyendo el reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública a los familiares de la señora Ernestina.

Último Acto: “Las Dudas”. En el pasado. Si los soldados del 63° Batallón de Infantería no violaron a Doña Ernestina Ascencio Rosario ni el Estado operó para encubrir el delito, ¿por qué los gobiernos de Felipe Calderón y de Fidel Herrera se esforzaron tanto, implicando a otras instancias oficiales, para convencer a la opinión pública de una muerte ocurrida por causas naturales?

En el presente. ¿Cómo puede el Estado encabezado por un gobierno que se dice progresista, transformador, respetuoso y defensor de los derechos humanos, ratificar un peritaje corrupto y falso, en lugar de reparar, en lo posible, el daño hecho por su predecesor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa?

FIN

Cae el telón en medio de gritos de sorpresa y rabia ante la infamia de un sexenio que alcanza a otro.

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