Proceso de selección en el INE, conservador, continuista y sesgado. Autor: Juan José Cano Ugalde*

Primeramente, debo señalar que respeto profundamente a todas y todos los integrantes del Comité Técnico de Evaluación para el proceso de elección de consejeras y consejeros del INE, son profesionales cuyas trayectorias son dignas de mi admiración y consideración.

Tampoco es mi intención opinar acerca de las personas propuestas en las quintetas.

Dicho lo anterior, debo señalar sin embargo, que desde mi personal óptica, durante las entrevistas y al momento de determinar las cuatro quintetas propuestas, que fueron enviadas a la Cámara de Diputados, hizo falta una profunda reflexión humanista sobre el perfil que se requiere para ocupar el cargo de Consejero del INE en razón de las expectativas que la ciudadanía reclama de sus procesos electorales.

Indico lo anterior en virtud de que, durante mi entrevista y en lo que a mí me tocó, se me hicieron preguntas tendientes a conocer mi opinión sobre temas de género, sobre mi trayectoria personal y sobre el funcionamiento de los órganos colegiados y de los votos concurrentes o disidentes; pero a mi juicio, se dejó de lado la posibilidad de profundizar sobre una propuesta integral en torno a  la transformación que requiere el Instituto Nacional Electoral, para ser realmente independiente y autónomo y para ajustarlo a una necesaria austeridad republicana con resultados eficaces y eficientes, es decir, garantizando plenamente elecciones transparentes y legales.

Como primer punto, quiero señalar, que percibí en la mayoría de los integrantes del Comité, un error conceptual y metodológico en lo que respecta a urdir sobre la autonomía e independencia de los aspirantes. En este orden de ideas, quiero señalar que por autonomía se debe de entender la potestad con que dentro del Estado, pueden gozar algunas entidades políticas que lo integran y que les permite la gestión de sus intereses por medio de la organización propia, formada libremente por ciudadanos.

Asimismo, por autonomía de la voluntad debe entenderse, un principio jurídico de acuerdo con el cual, se tiene la facultad de realizar o no determinados actos jurídicos y de hacerlo en la forma en que se considere conveniente.

Por independencia podemos considerar aquella potestad o libertad conferida a los servidores públicos o personas en general, en virtud de la cual ejercen sus facultades y libertades respectivamente de acuerdo a su ciencia y su conciencia; dicho lo anterior, tomando en consideración las definiciones del Diccionario de Derecho de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, editado por Porrúa y adaptándolas al tema electoral según mi propia consideración.

En ese entendido, tal parece que la independencia y la autonomía dentro del proceso de selección, solo se podía mostrar sin hacer críticas ni señalamientos al actual Instituto Electoral y Consejeros que lo conforman, pues el plantear con claridad situaciones que actualmente demeritan a la institución, convirtieron al que lo hizo (de acuerdo a lo que percibí de la mayoría de los integrantes del Comité) en un enemigo acérrimo de dicho Instituto o en un anarquista, al menos eso me hizo sentir la mayoría del Comité Técnico en su entrevista.

Menciono lo anterior, porque no se privilegió un debate amplio sobre las debilidades y fortalezas del sistema electoral y en donde era necesario exponer de acuerdo a la conciencia de cada uno, las ideas en torno al actual Instituto Nacional Electoral; al menos en mi caso, no se me permitió plantear aspectos y acciones, que desde mi punto de vista se deben llevar a cabo para transformar al INE; al respecto debo decir, que para proponer cambios necesarios, se tiene que pasar por un diagnóstico sobre los grandes problemas que presenta el sistema electoral actual, lo que nos lleva forzosamente a realizar señalamientos claros y concretos, y no obstante ello, realizarlos con independencia y en el entendido de profundizar sobre una real autonomía del INE.

El actual Instituto Nacional Electoral que surge de la reforma Constitucional del 2014, así como la conformación de los Organismos Públicos Locales Electorales, en realidad arrastran los vicios y defectos del anterior Instituto Federal Electoral y por ello, ahora requieren de una transformación profunda desde su propio diseño Constitucional, pues en cada elección ya sea presidencial y del Congreso General o intermedia para renovar la Cámara de Diputados, o bien en las elecciones de las Entidades Federativas, surgen cuestionamientos y señalamientos fundados, acerca de ineficiencias que conllevan al acreditamiento de vicios electorales que trascienden a los resultados y la conformación de los órganos del Estado de elección popular.

Es una verdad ya histórica, que en el año 2006 hubo fraude electoral en la elección presidencial. De acuerdo a información del entonces IFE, la votación total fue de 41,791,322 votos; de los que, supuestamente Felipe Calderón obtuvo 15,000,284 votos representando el 35.89%, para Andrés Manuel López Obrador fueron 14,756,350 votos representando el 35.31% ; el entonces IFE avaló dichos resultados sin esperar la determinación del Tribunal Electoral; la cerrada votación entre el primero y segundo lugar originó la exigencia de una apertura de paquetes electorales y reconteo de votos, pero el Instituto Electoral no lo permitió, pese a que se documentó y se denunciaron un sin fin de irregularidades que pudieron provocar la nulidad de la elección.

Para el año 2012, nuevamente en la elección federal surge el escenario del fraude electoral, hubo denuncias de gastos excesivos y multimillonarios al margen de la Ley por parte de partidos políticos; compra indebida de tiempos en televisión, elaboración de encuestas hechas a manera de propaganda para manipular la percepción ciudadana, aplicación de dinero en efectivo, vales de despensa, entrega de materiales de construcción y electrodomésticos, entrega de tarjetas de débito, esto para influir en la votación, resultando de especial importancia el caso MONEX, en donde el IFE se adelantó a validar el origen y destino de millonarios recursos, que fueron triangulados por parte del PRI entre empresas y particulares, dispersándose el dinero en tarjetas, por al menos 70 millones 815 mil pesos, para el pago de una estructura electoral y la compra de votos, que de haberse investigado por el órgano electoral hubieran provocado la nulidad de la elección.

Ya creado el actual INE con la reforma de 2014, las autoridades electorales dejaron pasar vicios profundos en la elección a Gobernador en el Estado de México en 2017 y que también hubieran provocado la nulidad del proceso electoral, y si bien en la elección del año 2018, hubo alternancia democrática, ello se logró gracias a la masiva votación de treinta millones de votos emitidos en favor del actual Presidente de la República y no por la eficiencia del Instituto.

Contrastan los resultados negativos de la autoridad electoral con los excesivos recursos que se asignan al INE. Sin tomar en cuenta el financiamiento de Partidos Políticos que dicho sea de paso, para este año 2020  fueron de 5 mil millones de pesos; en el año 2015 el presupuesto para el INE fue de más de $18 mil 500 millones de pesos; en 2017 de más de $15 mil millones de pesos; para la elección de 2018 el INE contó con un presupuesto de más de $24 mil millones de pesos; en el año 2019 se contó con un presupuesto de más de $15 mil millones de pesos. Por otro lado, en el año 2019 cada Consejero reportó un ingreso neto de $176,794.74 mensuales y registrándose más de 500 mil pesos en aguinaldos y bonos en el mes de diciembre para cada uno.

En erogaciones según el capítulo 3000, en el año 2019, el INE reportó como gasto pagado $755,388.28 pesos en telefonía celular; en gasto pagado para congresos y convenciones $8,498,261.41 pesos; en estudios e investigaciones pagados a terceros se reportan $1,841,414.41 pesos; en viáticos para viajes al extranjero se reporta como gasto pagado $198,203.10 pesos; por otro lado, los actuales Consejeros justifican el excesivo presupuesto en las necesidades propias de las funciones del INE, pero no se transparentan los gastos (a quién se realizaron y bajo qué procedimientos de asignación)  y tampoco se hace un esfuerzo por ajustarse a mecanismos de verdadera austeridad. 

De acuerdo a la Constitución y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, quien hoy ostenta el cargo de Presidente del Consejo General del INE, cuenta con excesivas facultades constitucionales y hasta meta-jurídicas, pues interviene en casi todos los procesos internos administrativos y de políticas electorales; como es lógico dirige al Consejo General y a la Junta General Ejecutiva, ésta última  diseña las políticas a emplear por parte del Instituto en todos los aspectos relacionados con sus facultades; propone al Secretario Ejecutivo quien a su vez interviene activamente en la Junta General Ejecutiva y en la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; el Presidente del Consejo General también propone  a los Directores Ejecutivos del INE, y siendo además el Consejo General del INE quien designa o remueve a los Consejeros Electorales de los organismos públicos electorales locales; dicha circunstancia le otorga el control de las OPLES en lo fáctico; con ello, cuenta con un excesivo poder en todo el país y es elegido particularmente como Presidente del INE por un período de 9 años, (siendo que incluso el actual Presidente había sido nombrado Consejero Electoral en el IFE, durando 2 años en el cargo y en 2014 lo nombran Presidente del INE por 9 años más), lo que en mi opinión provoca, que se convierta al  Presidente del INE en un “cacique electoral nacional”, dicho esto de manera académica y no personal, siendo además que en los últimos tiempos, el INE es a mi parecer, quien ha perdido en su trato, la imparcialidad debida en torno a su relación con el Poder Ejecutivo Federal, lo que ha propiciado un ambiente de polarización que no beneficia a la Democracia y por el contrario, ha mostrado el sesgo político con el que se conducen la mayoría de los actuales Consejeros. 

Son muchas las irregularidades que podemos señalar respecto a los procesos internos de INE; el Registro Federal de Electores que actualiza al padrón electoral no se revisa oportunamente, son innumerables los casos de personas fallecidas que aparecen en el padrón electoral y en sus listas nominales; nada se dice sobre la intromisión del crimen organizado en la coacción del voto y en la designación de candidatos a cargos de elección popular infiltrando a los Partidos Políticos e incluso a las autoridades electorales; se debe analizar  acerca de la necesaria regulación de los nuevos instrumentos digitales como el internet y redes sociales  en aspectos que inciden en la materia electoral; tampoco se hace visible la participación del INE en sus facultades ordinarias de educación cívica y capacitación electoral en favor de la ciudadanía, facultades que por Ley tiene el INE y que en la práctica se han nulificado; no se ha tenido un buen desempeño por parte del INE frente a los poderes fácticos, empresarios, medios de comunicación etc; también nos encontramos rezagados en la tecnificación de las elecciones y la conformación de una democracia líquida, a manera de una nueva forma de participación política deliberativa y delegativa que conlleven a la mejor toma de decisiones comunitarias  y tomando en cuenta a la ciudadanía y sus liderazgos.

También resulta indispensable entrar al debate sobre el modelo electoral de la federación en su conjunto, pues el INE y las OPLES concurren en facultades y competencias, convirtiéndose en un gigantesco aparato burocrático; se requiere también retomar los temas de inclusión en los procesos electorales y en general en todo ejercicio participativo de la Democracia, tomando en consideración de forma activa a las comunidades indígenas, a los discapacitados, a los distintos grupos de la sociedad como la comunidad LGBTIQ+; es indispensable hacer realidad la igualdad de género entre mujeres y hombres en el INE y en los procesos democrático-electorales; fomentar y fortalecer la participación política de los mexicanos en el extranjero; se requiere debatir sobre el sistema de Partidos Políticos, su financiamiento y requisitos para constituirlos; al respecto, en México las exigencias previstas en la Ley para crear un partido o para conservar el registro son verdaderamente mínimos, lo que nos ha llevado a la conformación de un sistema multipartidista sin una verdadera representatividad social, pero que sin embargo consume un alto financiamiento público; debemos ajustar sueldos y salarios de altos mandos y consejeros a la ley de austeridad Republicana, pues el INE aun cuando es autónomo, forma parte del Estado Mexicano y es una exigencia social;  lo anterior entre muchos otros temas que requieren un nuevo diseño constitucional y legal.

Aspectos que no pudieron ventilarse en las entrevistas, prevaleciendo en mi opinión una visión conservadora o continuista sobre el Instituto; y en donde, desde mi percepción, se prejuzgó sobre la capacidad profesional, la autonomía y la independencia de aspirantes de manera sesgada, pues al parecer no fue así en otros casos, perdiéndose así la posibilidad de construir un INE verdaderamente baluarte y garante de nuestra Democracia, que respondiera de verdad a las exigencias que la sociedad mexicana reclama: por un lado un eficiente combate a la corrupción, que también existe en el INE, y por el otro, que se respete de manera efectiva la voluntad popular, al emitir su sufragio; en ese sentido los integrantes del Consejo General del INE, con independencia de la ideología o conceptualización filosófica que tengan, pues no es posible carecer de principios formativos, deben responder al interés general de la Nación, a la observancia de la Constitución y la Ley, y con ello posibilitar un piso parejo a todos los Partidos Políticos y Candidatos que sean postulados a cargos de elección popular, así como a los Candidatos Independientes y en general a la ciudadanía, haciendo respetar el voto y el resultado del mismo, ajeno claro está de filias y fobias.

En suma, la transformación de México para convertirlo en un país con un consolidado Estado de Derecho que propicie la justicia social, la equidad y el respeto a los derechos humanos y libertades, debe pasar por un nuevo diseño Constitucional y legal de las Instituciones y procesos electorales, pasando por la designación de Consejeras y Consejeros honestos, éticos, humanistas, republicanos y progresistas.

*Dr. Juan José Cano Ugalde, ex aspirante a consejero del INE

Deja un comentario