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Columnista sinaloense, censurado en Facebook “por queja del senador Francisco Salvador López Brito”

Censura en Facebook

De la Redacción

Juan Manuel Partida @PartidaV asegura que, por queja del senador Francisco Salvador López Brito, Facebook eliminó la columna Altoparlante, compartida por el autor en redes sociales y publicada ayer en El Sol de Sinaloa y otros medios escritos y electrónicos

A continuación se transcribe la columna, titulada ¡Milagro!

La señora María Guadalupe Gastélum Armenta, hasta hace poco con cero días trabajados en el sector salud, acaba de conseguir ahí, a la primera, una muy digna plaza de base, con sueldo jugoso.

La legalidad y los derechos laborales que tanto presumen la autoridad, tirados a la basura mediante un descarado y aberrante tráfico de influencias: esa basificación se da ante la gestión directa y personal del esposo de la beneficiada, el senador panista Francisco Salvador López Brito.

Milagro concedido por el santo patrono de las influencias, con las complicidades y omisiones del secretario de salud Alfredo Román Messina y la dirigente sindical Arcelia Prado Estrada.

Alrededor de mil doscientos trabajadores del sector salud en Sinaloa con antigüedad laboral que en algunos casos se acerca a los diez años, tienen una larga historia de manifestaciones públicas y luchas en demanda de su basificación, con la invariable respuesta oficial de que no hay dinero, y por lo tanto no hay bases.

No existe explicación válida para esta burla gubernamental y sindical; no la puede haber.

Un atropello insultante, en la reafirmación de que las palancas están por encima de la ley y de los derechos laborales legítimamente adquiridos.

Puntualicemos que no hablamos de una plaza sindical nueva, sino de una que terminó vacante por jubilación.

Una base de Enfermera General “B”, que fue transformada ipso facto en Base de Psicóloga, toda vez que la señora de Gastélum de López Brito acaba de graduarse como Licenciada en Psicología Social Comunitaria.

O lo que es lo mismo, el paquete completo, con agachada displicente y capirucho como remate.

Qué tanto es tantito, dirá el secretario Román Messina.

Esta historia tiene aristas muy interesantes que evidencian un caso más de panistas corruptos alejados de los valores y los principios que hace no tantos años eran característica entre muchos militantes del blanquiazul.

Recordemos entre otros, el ejemplo de Esteban Zamora Camacho.

En próxima entrega abundaremos sobre los enjuagues del senador López Brito; Macario Verdugo López ha denunciado públicamente una serie de hechos deleznables, y hace responsable al legislador de cualquier cosa que en lo físico o en lo laboral le sucedan a él y a su señora esposa Dalila.

Entre otras cosas, comentaremos sobre una demanda formal ante la PGR en contra de Marco Julio Carlón, cuñado del exgobernador Mario López Valdez.

Si hay dilema, hay esperanza

María del Pilar Torres Anguiano

Magnas reuniones familiares. Ese pequeño infierno en el que uno convive con parientes lejanos cuyos nombres ni siquiera conoce. En una de esas reuniones, una señora presumía que su hija estaba casada con un funcionario público que la tiene viviendo como una reina, que sus nietos estudiaban en los mejores colegios de EU y que no habían podido llegar a la reunión porque estaban de viaje en el extranjero, como cada año en esta época. La misma persona también aseguraba que en México el que es pobre, “es pobre porque quiere”. Supongo que la señora estaría de acuerdo en que un político pobre es un pobre político, que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error o en alguna otra de esas frases tan tristemente célebres.

Los distintos problemas de este país, aunados a la falta de convicciones éticas hacen necesaria una revisión a fondo de la propia conciencia. En estos tiempos hay serias confrontaciones entre ética y eficacia, al grado de que se le consideran incompatibles, sobre todo porque la sociedad actual plantea al éxito como imperativo en la vida. Basta entrar un rato a cualquiera de las redes sociales para constatar el grado de internalización que el valor del éxito (aunque sea el éxito simulado) tiene en nosotros. Para ser exitosos debemos rodearnos de ciertos servicios y beneficios: tener más para ser más. El bien y lo bueno parecen depender de su utilidad.

La semana pasada reflexionábamos sobre cómo la ética y la moral han sido relegadas al ámbito estrictamente privado en tanto que estorban en esa carrera vertiginosa hacia el éxito. Es curioso que en vez de pensar qué hacer para que en la sociedad haya una repartición más justa de las oportunidades y los bienes, se piense en eliminar lo que da sentido a esas necesidades. Es como si un empresario, al no poder llegar a cubrir la demanda del mercado, decidiera eliminar a los clientes para cubrir su ineficiencia. Como si la SEP culpara de la baja calidad educativa a los maestros que ella misma formó en su propio sistema. O peor aún, culpar a las mujeres –y no al agresor– por ser acosadas sexualmente. Así de torcidas están las cosas cuando no hay ética. En cambio, si ocupara el lugar que le corresponde, aceptaríamos que el bien está por encima de la utilidad, y este hecho modificaría nuestros parámetros de decisión, convirtiéndose en el motor de los actos humanos.

La ética, como rama de la filosofía encargada del estudio de los actos humanos en vistas a su finalidad, objeto y circunstancias, es eminentemente una disciplina práctica. La ética socrática inicia con una introspección, bajo la lógica de que quien logra ser señor de sí mismo, no será esclavo de las pasiones. Aristóteles se refería a la ética como la teoría y el arte de ser feliz. Aquella que en su ejercicio potencializaba las capacidades humanas y sus facultades superiores: inteligencia y voluntad. La felicidad, o eudaimonía, es el fin de la vida, y no puede consistir más que en el ejercicio pleno de tales facultades. De ahí que la ética clásica sea principalmente una cuestión de virtudes. Pero la ética, en sí misma, no tiene sentido si no desemboca en la política. Y la política, no tiene sentido si no tiene su fundamento en la ética. Una implica a la otra.

Kant estructura su ética en torno al principio de actuar conforme al deber que la razón práctica se impone a sí misma mediante el imperativo categórico: procede de tal manera que el principio de tus acciones pueda considerarse una máxima universal. La ética kantiana es autónoma en tanto que no prescribe nada concreto, sólo impone un motivo formal a la voluntad, válido para cualquier ocasión. Aunque demasiado rigorista, el criterio ético kantiano es el fundamento de las llamadas éticas deontológicas, con base en las cuales se elaboran códigos de ética de las distintas profesiones y actividades. Sin embargo, más allá de la necesidad de objetividad y eficacia en normas de conducta, pienso que el centro del problema radica en la ruptura entre lo público y lo privado y pensar que esta diferenciación implica reducir la ética a pura normatividad. Al menos en los actos humanos, las leyes no lo resuelven todo. Es más bien un asunto de la libertad humana ejercida dentro de los límites propios de la legalidad.

El día de hoy es especialmente problemático afrontar problemas éticos en la esfera pública. Este fenómeno tiene varias causas. Han sido muchos los escándalos en el mundo político, y quizá nos hemos acostumbrado. Son tantos y tan complicados los problemas éticos que aparecen en los distintos campos de la actividad pública, que cada vez nos sorprenden menos. Hay una real dificultad para conceptualizar los problemas éticos. Si a ello se suma la pérdida de valores verdaderamente humanos y la carencia de ideales comunes, entenderemos por qué estamos como estamos. En vez de ocultarla, la ética debería estar en el centro de la sociedad. En cambio, el ocultamiento conduce a la discrecionalidad y a la ausencia de responsabilidad. En el caso de la función pública, el problema de fondo es la apropiación privada de los espacios públicos. Este es el principio de la corrupción. El uso de los recursos para obtener privilegios privados se traduce en un verdadero sistema de botín.

Si se promulgara un código de antivalores del servicio público, en su primer punto establecería a la lealtad personal como el valor de cambio más importante para obtener, permanecer y ascender en la carrera del servicio público. Seguramente, también hablaría del desplazamiento de los fines institucionales, hacia los fines de las personas que ocupan los cargos. Permitiría la doble lectura acerca de los propósitos del servicio público y promovería usar los medios disponibles para obtener más poder, aludiendo al cumplimiento de los propósitos formales de la institución. Por último, establecería el acceso a los puestos públicos en función de las credenciales políticas y no por criterios de idoneidad. Sin embargo, y aunque suene utópico, la falta de ética no es una cuestión partidista, si lo fuera, sería mucho más sencillo erradicarla. Es un problema complejo, multidimensional.

No todos los funcionarios son iguales, en honor a la verdad hay que decirlo. Conozco algunos que son grandes personas. En esas charlas informales también uno se encuentra con señoras orgullosas de que sus hijas y sus yernos son personas sencillas y honestas, aunque las colaterales de sus sueldos no les alcancen para ir a esquiar en nieve al extranjero dos veces al año. Es cierto que algunos ya ni conciencia tienen, pero otros aún no están perdidos. Nadie dijo que la ética fuera fácil. La buena noticia es que si al menos hay dilema antes de una de esas decisiones inmorales, aún hay esperanza.

@vasconceliana

¿Quién debilita a las instituciones?

Renata Terrazas*

A más tardar el 30 de marzo deberá designarse a las dos comisionadas que sustituyan a Ximena Puente y Areli Cano en el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). La convocatoria aún no se publica y para quienes hemos observado uno tras otro los intentos de captura de las instituciones mediante las designaciones a modo, nos preocupa que quieran hacer un proceso fast track.

De manera muy reciente lo vimos a finales de año con el #MadrugueteNavideño cuando la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México abrió la convocatoria al instituto de transparencia local por un periodo de cuatro horas.

Procesos de horas o incluso de pocos días tienen el principal objetivo de servir de mero trámite, cuando los legisladores han acordado ya a quién van a elegir. Esto, además de ser poco democrático, es contrario al objetivo de fortalecer nuestras instituciones. No sólo se elige a alguien con nula legitimidad por la forma en la que fue designado, sino que también, se atan las manos y dientes de las instituciones al instaurarse un titular con acuerdos políticos previos.

Al día de hoy, quedarían 28 días para cumplir con el plazo en ley. No sería de extrañar que el proceso no se llevara a cabo, y menos, que fuera un proceso a modo para elegir a algún compadre o comadre con deudas políticas con el partido saliente.

¿Qué hace más daño, una institución acéfala o una con un titular sin legitimidad y que deba favores al poder? Terrible tratar de contestar esta pregunta porque, en democracia, no debería ser una pregunta válida. Mejor dicho, no debería ser un escenario posible.

Cuando revisamos nuestros últimos procesos de designación –ASF, magistrados anticorrupción, fiscal anticorrupción, fiscal general– identificamos un patrón: ninguno culminó en designación de titular. La principal razón fue que no hubo acuerdos políticos entre partidos; pero en todos ellos hubo señalamientos sobre falta de transparencia y participación e intentos de captura institucional.

Al Senado se le está haciendo costumbre no designar; y podríamos tener un peor escenario, que se les hiciera costumbre designar titulares carnales. El impasse en las designaciones del Sistema Nacional Anticorrupción en cualquier momento puede detonarse, es evidente que la conformación actual del Senado no se repetirá en al menos seis años.

Para el caso del INAI, sería de verdad lamentable que quisieran llevar a cabo un proceso de designación con el estándar tan bajo de los últimos años. No debemos olvidar que en 2014, cuando se dotó de autonomía constitucional al instituto, se realizó un proceso de designación sin precedentes en el que una parte de la sociedad civil conformó un mecanismo de selección que procuró que todos los comisionados tuvieran conocimiento mínimo suficiente y no estuvieran vinculados a los partidos políticos.

Es de esperar que para la primera renovación de comisionados del INAI, el Senado incluya de manera inmediata las mejores prácticas que hace tan sólo cuatro años ellos mismos crearon. Sabemos que el contexto es otro, pero suponemos que los valores no cambian.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación