Renata Terrazas*
A más tardar el 30 de marzo deberá designarse a las dos comisionadas que sustituyan a Ximena Puente y Areli Cano en el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). La convocatoria aún no se publica y para quienes hemos observado uno tras otro los intentos de captura de las instituciones mediante las designaciones a modo, nos preocupa que quieran hacer un proceso fast track.
De manera muy reciente lo vimos a finales de año con el #MadrugueteNavideño cuando la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México abrió la convocatoria al instituto de transparencia local por un periodo de cuatro horas.
Procesos de horas o incluso de pocos días tienen el principal objetivo de servir de mero trámite, cuando los legisladores han acordado ya a quién van a elegir. Esto, además de ser poco democrático, es contrario al objetivo de fortalecer nuestras instituciones. No sólo se elige a alguien con nula legitimidad por la forma en la que fue designado, sino que también, se atan las manos y dientes de las instituciones al instaurarse un titular con acuerdos políticos previos.
Al día de hoy, quedarían 28 días para cumplir con el plazo en ley. No sería de extrañar que el proceso no se llevara a cabo, y menos, que fuera un proceso a modo para elegir a algún compadre o comadre con deudas políticas con el partido saliente.
¿Qué hace más daño, una institución acéfala o una con un titular sin legitimidad y que deba favores al poder? Terrible tratar de contestar esta pregunta porque, en democracia, no debería ser una pregunta válida. Mejor dicho, no debería ser un escenario posible.
Cuando revisamos nuestros últimos procesos de designación –ASF, magistrados anticorrupción, fiscal anticorrupción, fiscal general– identificamos un patrón: ninguno culminó en designación de titular. La principal razón fue que no hubo acuerdos políticos entre partidos; pero en todos ellos hubo señalamientos sobre falta de transparencia y participación e intentos de captura institucional.
Al Senado se le está haciendo costumbre no designar; y podríamos tener un peor escenario, que se les hiciera costumbre designar titulares carnales. El impasse en las designaciones del Sistema Nacional Anticorrupción en cualquier momento puede detonarse, es evidente que la conformación actual del Senado no se repetirá en al menos seis años.
Para el caso del INAI, sería de verdad lamentable que quisieran llevar a cabo un proceso de designación con el estándar tan bajo de los últimos años. No debemos olvidar que en 2014, cuando se dotó de autonomía constitucional al instituto, se realizó un proceso de designación sin precedentes en el que una parte de la sociedad civil conformó un mecanismo de selección que procuró que todos los comisionados tuvieran conocimiento mínimo suficiente y no estuvieran vinculados a los partidos políticos.
Es de esperar que para la primera renovación de comisionados del INAI, el Senado incluya de manera inmediata las mejores prácticas que hace tan sólo cuatro años ellos mismos crearon. Sabemos que el contexto es otro, pero suponemos que los valores no cambian.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
