La ONU-DH urgió al gobierno mexicano a seguir las recomendaciones que plasmó en su sexto informe
Alfredo Fuentes | OEM-Informex
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó que a pesar de la voluntad mostrada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer el caso Ayotzinapa, las Fuerzas Armadas se nieguen a entregar información relevante para la investigación.
En un comunicado, luego de la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del país, debido a la poca colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, la ONU-DH destacó la labor de los especialistas en este caso, por lo que urgió al gobierno mexicano a seguir las recomendaciones que plasmó en su sexto informe, dado a conocer este martes.
“La ONU-DH alienta a las autoridades para implementar todas las recomendaciones del GIEI, las de este informe y las que siguen vigentes de informes anteriores, para lograr avances en justicia, verdad y derechos de las víctimas, así como generar un aporte sustancial al sistema de justicia penal, en especial hacia los casos de violaciones de derechos humanos en México. La mejor forma de honrar el trabajo invaluable del GIEI es implementando sus recomendaciones”, dijo la organización.
La Oficina de las Naciones Unidas en el país recordó que la labor de Ángela Buitrago y Carlos Beristain, quienes antes integraban el GIEI con Francisco Cox, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa, fue de suma importancia no sólo para poder comprobar que la versión de las autoridades mexicanas conocida como la “verdad histórica” carecía de sustento y que fue armada mediante declaraciones obtenidas mediante tortura.
También, agregaron, para dignificar y reconocer a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos, al tiempo que contribuyeron en “develar la confabulación criminal de autoridades, civiles y militares, de los distintos órdenes de gobierno”, lo que a su vez permitió sustentar la judicialización de más de 120 personas relacionadas al caso.
“Por ello, retomar las recomendaciones de los organismos internacionales y los más altos estándares de derechos humanos en la materia se vuelve una condición indispensable que debe involucrar los esfuerzos y la colaboración de todas las autoridades”, reiteró.
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