CNDH simuló investigación en caso Ayotzinapa para proteger a funcionarios: ex titular de la Dirección Especial (Redacción Astillero Informa)

Alejandro Martínez revela que Rosario Piedra desintegró el área especializada en 2022 por presiones del entonces titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, consumando un “proceso de simulación” en la nueva recomendación.

Redacción Astillero Informa

La polémica Recomendación 208VG/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa no es el resultado de una búsqueda genuina de justicia, sino un producto diseñado para la impunidad. Así lo denunció el abogado y defensor de derechos humanos Alejandro Martínez Martínez, ex titular de la Dirección Especial para el caso Ayotzinapa de la propia CNDH.

En un contundente pronunciamiento, Martínez Martínez afirmó que la reciente recomendación del organismo “responde a intereses contrarios a las víctimas, carece de rigor técnico y es producto de la simulación de un proceso de investigación, llevado a cabo durante más de cuatro años, con el objetivo de obstaculizar el acceso a la justicia y proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”.

La orden de Sedena para disolver la Dirección Especial

De acuerdo con el exfuncionario, la CNDH ha ocultado de forma sistemática las presiones políticas y militares que moldearon el rumbo de sus indagatorias. Martínez Martínez reveló que, en marzo de 2022, por instrucciones de la presidenta de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, y del secretario ejecutivo, Francisco Estrada, se le removió de su cargo y se desmanteló por completo la Dirección Especial que él encabezaba.

Este desmantelamiento, detalló, ocurrió en respuesta directa a las exigencias del alto mando militar. “Se desintegró la Dirección Especial para el caso Ayotzinapa, en respuesta a presiones de Luis Cresencio Sandoval, entonces Secretario de la Defensa Nacional y de diversos actores, dentro y fuera del organismo autónomo, interesados en evitar u obstaculizar la integración de un nuevo expediente de queja”, denunció el abogado.

El defensor detalló que la disolución de su área especializada fue precedida por meses de hostigamiento laboral, amenazas, vigilancia e inicios de procesos ante el Órgano Interno de Control, todo orquestado desde la cúpula de la propia CNDH. Ello ocurrió a pesar de que la propia Rosario Piedra había firmado el acuerdo para crear dicha Dirección apenas en octubre de 2021.

La ruptura por cooperar con las familias y el GIEI

Durante el tiempo en que estuvo activa la Dirección Especial, el equipo de Martínez Martínez consolidó una relación de confianza y estrecho entendimiento con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los normalistas y las madres y padres de los 43. Según el ex titular, esta cooperación con entes externos incomodó profundamente a la dirigencia de la CNDH, precipitando su salida.

Posteriormente, la Comisión incurrió en tácticas de dilación institucional. Un ejemplo claro de este entorpecimiento fue que la simple asignación del número de expediente de queja que derivó en la polémica Recomendación 208VG/2026 se retrasó de manera injustificada por más de tres meses.

“Es lamentable que, mientras en el discurso, la CNDH se autoproclama ‘defensora del pueblo’, en los hechos se empeña, mediante la desinformación y el ocultamiento de hechos, en garantizar la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos y revictimizar a quienes debería proteger, adoptando métodos propios de los regímenes autoritarios”, concluyó el exfuncionario.