Narco Historia | Guilty as Charged. Autor: Eduardo Chícharo

Por Eduardo Chícharo[1]

La semana pasada, el otrora todopoderoso Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue encontrado culpable de todos los cargos que se le imputaron en el estado de Nueva York. En tiempo récord, el ocurso determinó que García Luna sí había colaborado directamente con miembros del llamado Cártel de Sinaloa para traficar cocaína a Estados Unidos; sí había recibido sobornos de éstos e incluso que había sido amenazado por prominentes capos de la misma organización delictiva.

Alcances

El juicio, aunque breve, reveló las fracturas que tienen los sistemas de seguridad en México y Estados Unidos. Que el civil encargado de la seguridad pública en México haya operado para el narcotráfico, es el saldo ominoso de nuestro enclenque sistema de justicia, máxime con los sistemas de inteligencia de nuestro vecino del norte.

Por otra parte, el juicio únicamente reveló una verdad por todos conocida: no hay narcotráfico sin la colaboración estrecha con el Estado –cualesquiera que sean los espectros ideológicos de sus representantes. Más aún, a lo largo de todo el proceso judicial que enfrentó García Luna, los reflectores se centraron en la pléyade de testimonios presentados por la fiscalía. A saber, una retahíla de criminales, convictos o en libertad condicional, que estaban detrás de beneficios para sus propias causas judiciales.

En situaciones realmente cómicas y cantinflescas, hubieron testigos que ante los cuestionamientos de la defensa de García Luna, éstos afirmaron que nunca vieron al exsecretario y que desconocían que él amparaba los ilícitos.  Los alegatos giraron en torno a esos testigos de oídas, que finalmente convencieron al jurado para sentenciar unánimemente a García Luna.

De manera accidentada, la fiscalía, encabezada por Saritha Komatireddy, apenas pudo probar las conexiones laxas entre García Luna y personajes como El Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, que continúa ejerciendo su liderazgo al frente del Cártel de Sinaloa.

Respecto a la fortuna de los García Pereyra, mucho menos las estrechas relaciones que el exsecretario mantuvo con altos funcionarios de los servicios de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos, los fiscales no pudieron – o no quisieron – hablar ni por un momento. De hecho, la propia comparecencia de García Luna en el estrado fue cancelada, debido a que el juez, Brian Cogan, no consintió el cuestionario restringido. La curiosidad apremia ¿qué se reservó García Luna?

¿Son o se hacen?

Sorprende que la justicia estadounidense únicamente haya dejado caer todo su peso sobre García Luna, mientras que sus colaboradores al norte de la frontera permanecen libres. Recientemente, trascendió a la prensa que el titular de la DEA en México, Nicholas Palmeri, había sido removido de su cargo tan solo a 14 meses de su nombramiento. Aquello era la natural reacción del gobierno de Estados Unidos ante el condenable hecho de que Palmeri celebró su cumpleaños rodeado de abogados cuyos clientes son conocidos jefes narcos.

Ingenuamente se podría sostener que las instituciones han sido infiltradas por algún efecto corruptor. Sin embargo, la coyuntura nos permite reflexionar a profundidad. ¿Cómo es que dos de las cabezas en el combate bilateral al narcotráfico son corruptas? La respuesta no puede ser más clara: no es que el Estado esté infiltrado, es que el propio Estado es, desde su concepción, receptor de tales conductas.

La consideración de Estado y narco como entes dispares y ajenos es compleja de asimilar, amén de que acentúa una narrativa maniquea, francamente infantil, entre buenos y malos. En México, es un hecho, Estado y narco se construyeron paralelamente a lo largo del siglo XX. Uno y otro son esenciales para su existencia, no se pueden entender sino a la par, son caras de la misma moneda.

Saldos Pendientes

El juicio, sin lugar a dudas, es histórico. Condenar a un Secretario de Estado mexicano por nexos con el narco. Pero no seamos ingenuos, aquello no significa un cambio profundo en la estrategia de combate al narcotráfico, de hecho, no ha habido ningún cambio en la estrategia, por más que se vocifere.

A decir verdad, cada vez está más claro que el juicio a García Luna fue más un show mediático con fines políticos. Mientras que Palmeri fue únicamente removido de su cargo, a García Luna se le declara culpable y se defenestra públicamente, por las mismas conductas deplorables.

Decepciona y, sobre todo, preocupa que la justicia sea un juego político para quienes están en el poder. Por añadidura, aquello pone en entredicho los sistemas de justicia bilaterales. Un ejemplo claro fue la llamada Operación Padrino, que ligaba al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, con miembros del Cártel H-2. Fraguada al interior de la DEA, la investigación interceptó 700 páginas de mensajes que condujeron al arresto del general en octubre de 2020.

A pesar de la aplastante evidencia, la averiguación y su consecuente publicación respondió a las medidas impulsadas desde la Cancillería mexicana para regular las actividades de agentes americanos de dicha organización antidrogas. La justicia americana lo mismo perdona con la bondad de Dios que castiga con la ira de Dios.

Una cosa es clara: No se busca hacer justicia, sino simularla. No se busca resarcir el daño, sino sobrellevarlo. Mientras tanto, a los de abajo nos toca seguir padeciendo los funestos saldos de la llamada guerra contra el narcotráfico. A la fecha, cien mil desaparecidos, incontables muertos y la apabullante falta de seguridad en ambos lados de la frontera. Esa es la justicia México – Estados Unidos.

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[1] Eduardo Chícharo es historiador de la UNAM y analista político. Twitter @lalocur_ miembro de @Narco_Historia