Mirada desencantada
Por: Ivonne Acuña Murillo
La pregunta ¿de veras la oposición está muy preocupada por el INE y la democracia? puede ser respondida de varias maneras. La respuesta más obvia es aquella que desde el mismo Instituto Nacional Electoral (INE) se ha estado promoviendo: la defensa de la democracia y del voto ciudadano, misma que ha dado lugar a dos manifestaciones colectivas, la primera fue la marcha del 13 de noviembre de 2022, del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución y cuyo grito de batalla fue “El INE no se toca”. La segunda, fue la reciente concentración de este domingo 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México, cuya frase eje fue: “Mi voto no se toca”.
En la marcha de fines del año pasado participaron entre 12 mil, según información proporcionada por Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la CDMX, y alrededor de 200 mil personas de acuerdo con el exdiputado perredista y actualmente militante panista Fernando Belaunzarán Méndez, uno de los convocantes. Por supuesto, la guerra de cifras no se hizo esperar dado que no se ha colocado un contador que reporte de manera exacta la cantidad de manifestantes en uno u otro evento de esta naturaleza, por lo que la apreciación de las distintas partes es la que priva y siempre en función de sus intereses.
Por un lado, la del gobierno en turno que podría caer en la tentación de minimizar, en lo posible, la cantidad de participantes buscando restar importancia a la manifestación ciudadana; y por el otro, la de quienes están en absoluto desacuerdo con la administración actual y pretenden inflar los números con el propósito de mostrar músculo buscando persuadir a más gente para que se una a la causa que dicen encabezar.
Contrastan los números de la marcha con la concentración del fin de semana, dado que a “ojo de buen cubero” participó más gente en esta última que en la primera, algo más de 100 mil manifestantes, 500 mil a decir de los organizadores, quienes pintaron de color rosa el Zócalo, espacio histórico no solo de la izquierda política mexicana sino de su principal líder, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
¡Vaya, vaya! ¿Entonces los 200 mil de la otra manifestación no fueron tales? En este caso, los números dados por el gobierno de la CDMX, 90 mil, se aleja mucho de los proporcionados por los convocantes de la reciente “concentración ciudadana”, quienes asumen que con declarar la participación de cientos de miles de manifestantes esto se va a convertir en realidad a fuerza de repetirlo una y otra vez. Esta estrategia ha sido seguida por quienes están detrás de los supuestos movimientos ciudadanos en contra del gobierno en turno, a saber: empresarios como Claudio X. González, mejor conocido como el señor “X”; los líderes de los partidos políticos: Marko Cortés Mendoza del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Moreno Cárdenas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Jesús Zambrano Grijalva del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y un conjunto de reconocidos comunicadores, periodistas, intelectuales y repetidores diversos. Se podría afirmar que, de manera indirecta y velada, el INE es un actor relevante de esta convocatoria cuando a través de spots y declaraciones ha enviado mensajes que buscan persuadir a la población sobre que la institución es propiedad de la ciudadanía y que presta un enorme servicio a la democracia.
El entrecomillado en la frase “concentración ciudadana”, al inicio del párrafo anterior, no busca poner en duda la calidad ciudadana de quienes se manifestaron, sino enfatizar que no fue la ciudadanía la que se organizó para mostrar su supuesto rechazo al Plan B de la Reforma Electoral del presidente López Obrador sino que esta fue convocada por los grupos opositores a AMLO y la Cuarta Transformación (4T) a partir de medias verdades y mentiras francas, entre ellas: la supuesta desaparición del INE, de los módulos de atención ciudadana y con ellos de la credencial de elector, del Programa de Resultados Preliminares (PREP), de las juntas locales y distritales. Por supuesto, en ningún momento se dice que el Plan B busca reducir gastos de una institución en la que sus integrantes reciben salarios aun superiores al del propio presidente.
Volviendo a la pregunta planteada, una segunda respuesta podría ser aquella que desde el mismo lopezobradorismo se ha estado promoviendo en torno a que la democracia importa poco a los integrantes del INE y que es la defensa de sus privilegios, comenzando por sus altos salarios, lo que realmente les mueve a convocar la movilización ciudadana, en especial al consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y al consejero Ciro Murayama Rendón, próximos a terminar su encargo, quienes desde el inicio de esta administración abandonaron su papel de juez neutral para convertirse en actores políticos enfrentados directamente con el primer mandatario.
Una tercera respuesta, algo menos obvia, es la que supone al Estado como el campo de batalla en el que se enfrentan no solo dos proyectos políticos y visiones de país, sino dos grandes bloques cuyos miembros buscan hacerse con los recursos del mismo Estado. “Lo que estamos presenciando y que ha sido convenientemente reducido a un fenómeno de simple ‘polarización’ es justo la lucha por los recursos del Estado, entre ‘los ricos’ y ‘los pobres’. Es la batalla por modificar los procesos de concentración y acaparamiento de los recursos […] por parte de las élites políticas-económicas-culturales-intelectuales y el intento lopezobradorista por desestructurar las organizaciones estatales dirigidas a reproducir dicha concentración y acaparamiento.” (Para profundizar más en esta idea consultar el artículo de quien escribe titulado “AMLO y la oposición político-económica en lucha por los recursos del Estado”, próximo a ser publicado en la Revista Zócalo del mes de marzo).
En este esquema, el INE forma parte de los arreglos, acuerdos, pactos, formas de socialización que dan vida y forma a esquemas predeterminados de distribución y acaparamiento de los recursos del país en favor de ciertos grupos y en detrimento de otros. La ciudadanía, por su parte, podría ser vista como un peón que se mueve sobre el tablero político a gusto de quienes desde arriba determinan la ruta que la tan llevada y traída democracia deberá seguir.
De acuerdo con esta última respuesta, no son la democracia ni el voto ciudadano lo que motiva al Señor “X”, los tres principales partidos de oposición y sus dirigencias, empresarios y miembros de medios y diversas instituciones a luchar en contra de AMLO y la 4T, sino el mantenimiento de una posición privilegiada frente a la extracción de los recursos de toda una población. La democracia defendida tan ferozmente por las y los antiobradoristas es al final un mecanismo que permite perpetuar la distribución inequitativa y rapaz de los recursos del país.
En esta lucha, la supuesta defensa del INE sirve de pretexto para dirigir toda la carga en contra de un régimen que atenta contra sus privilegios. Por fin, los malquerientes de López Obrador encontraron un tema que les permite movilizar a ciertos sectores de la ciudadanía y utilizarlos como ariete en contra de AMLO y la 4T. Tópico sensible el de la democracia puesta en peligro por un supuesto dictador, por el Mesías tropical, por el caprichoso gobernante de Macuspana.
Tres elementos saltan a la vista si se analizan la marcha de noviembre y la concentración del domingo: uno, la desinformación promovida por los grupos opositores al gobierno encabezado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que han logrado sembrar en las mentes de muchas personas ideas falsas en torno a una supuesta falta de resultados y la destrucción de México gracias a una bien orquestada estrategia de comunicación la cual ha encontrado en los medios de comunicación tradicionales (radio y televisión), pero sobre todo en redes sociales, el canal idóneo para su difusión.
Dos, el odio que acompaña a la desinformación, la falta de respeto en contra del presidente, su familia y equipo, las expresiones vulgares y soeces para referirse principalmente a él. Lo cual extraña cuando apenas hace unos años esos mismos grupos de la sociedad mexicana se escandalizaron cuando el hoy mandatario dijo a otro expresidente de triste memoria, Vicente Fox Quesada, “cállate chachalaca”, por su abierta intromisión en las elecciones presidenciales de 2006.
Tres, la paradoja que supone el hecho de que no existen liderazgos visibles, en la oposición a AMLO, que puedan dirigir y transformar en votos el enojo ciudadano que la supuesta amenaza en contra del INE representa.
Pero, cabe decir como el clásico que “no hay enemigo pequeño”, por lo que tanto López Obrador, Morena y los seguidores de la 4T deberán estar alertas ante la posibilidad de que, tal vez milagrosamente, los grupos opositores logren capitalizar, más tarde o más temprano, la inconformidad de una parte, aún pequeña, de la ciudadanía para colocarse de nuevo en los puestos más altos de poder y seguir haciendo de los recursos de la Nación su botín particular.
Por lo pronto, no hay que tragarse la falsa idea de que a la oposición a AMLO y la 4T realmente le preocupa el futuro del INE y de la democracia cuando su verdadera naturaleza va mejor con el autoritarismo que tanto critican.
Mirada desencantada
Es un hecho que no se pueden eliminar las viejas formas de hacer política en tan solo un sexenio. Ni la corrupción, ni la violencia, ni los abusos en el uso de la fuerza han sido erradicados. Ciertamente, el presidente de la República tiene la clara intención de lograrlo y algunos avances ha habido; sin embargo, un solo hombre no puede, por más voluntad política que tenga, llevar a cabo semejante proeza. Era predecible que saltaran a la luz pública actos reiterados de corrupción, que no fuera posible terminar con la violencia provocada por la absurda guerra declarada en 2006 por un exmandatario irresponsable llegado a la presidencia mediante un fraude electoral y que los errores o excesos de las fuerzas armadas siguieran ocurriendo. Es el caso del asesinato de 5 jóvenes en la colonia Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas por parte de miembros del Ejército Mexicano. Nuevamente parece repetirse el patrón seguido en los dos sexenios pasados, especialmente en el de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, cuando las ejecuciones extrajudiciales y la inculpación de las víctimas se volvieron acciones cotidianas.
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