Son agentes de al menos 10 municipios del estado, que han sido detenidos por el delito de usurpación de funciones o vínculos con el crimen
Ángel Canseco | OEM-Informex
En Chiapas, más de cien policías han sido detenidos por el delito de usurpación de funciones, al no contar con la certificación correspondiente para desempeñarse como elementos de seguridad pública.
De acuerdo con el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, esta situación ha derivado en investigaciones que involucran a policías de al menos diez municipios. Esta problemática se relaciona directamente con la carencia del Certificado Único Policial (CUP), documento que acredita la legalidad del desempeño policial conforme al marco normativo vigente.
El Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas es la instancia encargada de emitir esta acreditación, que incluye evaluaciones de control de confianza, formación inicial, continua y actualización, siendo hasta el momento al menos 85 municipios los que están en proceso para la evaluación de sus cuerpos policiales.
Sin embargo, los cambios administrativos constantes a nivel municipal han derivado en una rotación frecuente de elementos en las corporaciones locales, sin que se garantice la continuidad del proceso de profesionalización. En muchos casos, los nuevos integrantes ingresan sin haber pasado los filtros necesarios, mientras que otros son removidos sin seguimiento institucional.
Un caso reciente ocurrió en el municipio de Suchiapa. Ahí, un operativo de revisión culminó con la detención de 21 policías municipales. Durante las diligencias, se identificó que la mayoría no contaba con la documentación que acreditaba su legalidad como agentes activos. Tras presentar la documentación correspondiente, 18 de los elementos fueron liberados. Sin embargo, tres policías permanecen vinculados a proceso por usurpación de funciones y uso indebido de uniformes e insignias.
“Esto es un protocolo que se ha venido haciendo en varios municipios por parte del gobernador”, dijo Israel Reyes, secretario ejecutivo del Ayuntamiento de Suchiapa.
Reyes informó que el municipio colaboró con la presentación de los contratos laborales y los resultados de exámenes de control de confianza de los oficiales para acreditar su situación jurídica. Según explicó, se están siguiendo los protocolos indicados por el gobierno estatal para regularizar la situación de los nuevos ingresos.

“Se están certificando los contratos de todos los compañeros, los exámenes de control de confianza, se están llevando los oficios de los compañeros de nuevo ingreso que los tienen detenidos por usurpación de funciones, pero nosotros estamos cumpliendo con todo para que no haya ningún problema”, relató el secretario ejecutivo.
Las detenciones en Suchiapa forman parte de una estrategia estatal más amplia. El fiscal general señaló que más de 250 policías municipales han sido arrestados en distintos municipios, incluyendo Comitán, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Villacorzo, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Bochil, Tonalá y otros. De ese total, más de un centenar han sido vinculados a proceso por delitos como usurpación de funciones y asociación delictuosa.

“Tenemos más de 100 policías que están vinculados a proceso. Es decir, estamos en muchos casos en la etapa de investigación complementaria para que podamos llevarlo a juicio. Son más de 100 policías que hoy enfrentan la justicia”, detalló el fiscal.
También indicó que las investigaciones continuarán hasta determinar la responsabilidad jurídica de cada elemento. Aquellos que no sean responsables serán liberados conforme al procedimiento legal.
“Vamos a continuar con la integración de la carpeta, con la investigación y quienes tengan responsabilidad van a enfrentar la justicia, y quienes no la tengan también serán puestos en libertad de manera inmediata”, dijo Llaven Abarca.
La falta de certificación ha dejado sin fuerza policial a varios municipios, lo cual ha obligado al despliegue de elementos estatales y federales para garantizar el orden público. Esta situación ha generado un reacomodo de responsabilidades operativas que incide directamente en la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia o violencia.
El Certificado Único Policial es un requisito indispensable para el desempeño legal de funciones policiales en México. Su implementación tiene como objetivo profesionalizar las fuerzas de seguridad y garantizar que los elementos en activo hayan aprobado evaluaciones psicológicas, físicas, toxicológicas y de confiabilidad. Además, deben recibir capacitación continua y demostrar un conocimiento adecuado del marco legal y operativo correspondiente.
Las investigaciones continúan abiertas y se espera que, en los próximos meses, se esclarezca la situación jurídica de los elementos detenidos. Mientras tanto, los municipios afectados deberán coordinarse con instancias estatales para reforzar su seguridad pública sin incurrir en irregularidades.
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