Habitantes de 17 comunidades de Cintalapa rechazan abandonar sus tierras; el Gobierno de Chiapas mantiene fuerzas de seguridad en la región ante la amenaza de una confrontación.
Luis Ramírez / OEM-Informex
La disputa territorial entre Oaxaca y Chiapas por Los Chimalapasenfrenta este jueves uno de sus momentos más tensos. Al menos 600 comuneros de San Miguel Chimalapa anunciaron que acudirán este viernes al ejido Gustavo Díaz Ordaz, en la zona noroeste de Cintalapa, para exigir que los habitantes definan si se incorporan al régimen comunal zoque o abandonan las tierras.
El anuncio ocurre al cumplirse el plazo de 30 días que los comuneros oaxaqueños dieron a los pobladores del ejido, mientras habitantes de 17 comunidades de Cintalapa advirtieron que no permitirán un desalojo y exigieron la intervención de las autoridades para evitar una confrontación.
La tensión llevó al Gobierno de Chiapas a mantener presencia de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, además de elementos federales, en la zona. Las autoridades estatales han advertido que no permitirán actos de violencia o despojo y llamaron a las partes a mantener el diálogo.
La movilización anunciada por San Miguel Chimalapa está prevista para este viernes 4 de septiembre. Los comuneros sostienen que buscan recuperar tierras que consideran parte de su territorio comunal y que cuentan con respaldo jurídico para reclamar su restitución. El plan contempla la presencia de cientos de personas en Gustavo Díaz Ordaz y otras comunidades cercanas.
El conflicto tiene como telón de fondo una disputa que durante décadas enfrentó a Oaxaca y Chiapas por la definición de sus límites territoriales. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia constitucional y determinó que una amplia superficie en disputa pertenece a Oaxaca.
En la zona permanecen comunidades cuyos habitantes sostienen que cuentan con documentos agrarios y que han vivido allí durante décadas. El problema es que la definición de los límites entre los estados no resolvió automáticamente la situación de los núcleos agrarios ni la permanencia de sus pobladores.
El miércoles, cientos de habitantes de 17 comunidades de la zona noroeste de Cintalapa marcharon por las calles de la cabecera municipal para rechazar cualquier intento de desalojo.
Los pobladores, agrupados en el Consejo Regional de la Zona Noroeste de Cintalapa, sostienen que han ocupado esas tierras durante más de seis décadas y que cuentan con documentos que respaldan sus derechos agrarios.
Durante la protesta denunciaron amenazas y expresaron temor de que la disputa derive nuevamente en violencia. También señalaron que desde la resolución de la Corte han quedado atrapados en un conflicto entre la definición territorial de los estados y los procedimientos agrarios que reconocen sus derechos.
“No permitiremos que nos expulsen”, fue una de las consignas de los manifestantes, quienes pidieron a los gobiernos federal y estatalesintervenir antes de que el conflicto escale.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas ya había acudido al ejido Gustavo Díaz Ordaz para conocer directamente las preocupaciones de sus habitantes. El organismo documentó inquietudes relacionadas con la seguridad, la certeza sobre la tierra y la permanencia de las familias en la comunidad.
Los comuneros de San Miguel Chimalapa sostienen que su movilización será pacífica y que buscan continuar un proceso de conciliación. Sin embargo, el tamaño de la concentración anunciada y la negativa de los habitantes de Díaz Ordaz a abandonar sus tierras han elevado el riesgo de un enfrentamiento.
La Procuraduría Agraria propuso instalar el lunes 7 de septiembre una mesa de diálogo en Oaxaca y pidió detener la movilización prevista para este viernes como condición para avanzar en las negociaciones. Hasta este jueves, los comuneros mantenían su intención de acudir a la zona.
El Gobierno de Chiapas ha insistido en que la salida debe ser institucional y ha mantenido desplegados elementos de seguridad para prevenir incidentes.
Los Chimalapas llevan décadas reclamando la restitución de tierras que consideran parte de su territorio comunal, mientras los habitantes asentados en la zona defienden sus derechos agrarios y su permanencia.
La resolución de la Suprema Corte puso fin a una parte del litigio entre Oaxaca y Chiapas, pero dejó pendiente la cuestión más delicada como es resolver la situación de las comunidades que quedaron dentro del territorio reconocido a Oaxaca sin provocar desplazamientos, despojos o un nuevo conflicto social.
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