Editorial del Diario Avanzada.
El rumbo que ha tomado la demanda del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, contra el periodista y académico Sergio Aguayo Quezada por el supuesto delito de difamación, representa un grave riesgo contra la libertad de expresión en México, que debería ser preocupante no sólo para los periodistas, sino también para la sociedad entera.
La demanda fue presentada hace tres años y medio por el también presidente nacional del PRI, con el argumento de que un artículo de opinión de Aguayo Quezada daña su reputación y le exigió una indemnización de diez millones de pesos por concepto de reparación del daño.
En el texto que tanto molestó a Moreira, publicado en enero de 2016, Aguayo opinó que la carrera pública del exmandatario priista olía a corrupción y que era un ejemplo de impunidad.
Poco después de la presentación de la demanda en su contra, Aguayo escribió que la acción de Moreira tiene varios enigmas y se preguntó: “¿Por qué me eligió a mí cuando hubo muchos otros colegas que afirmaron lo mismo? ¿Por qué me demanda seis meses después de la publicación?”
Y él mismo se respondió con una “hipótesis de trabajo” en la que consideró lo siguiente: “Quiere intimidarme y desgastarme porque estoy dirigiendo, desde El Colegio de México, una investigación sobre la masacre de Allende, Coahuila del 2011 (los Zetas desaparecieron en ese y otros municipios a un número indeterminado de personas: el número más mencionado son 300). Él era gobernador en ese momento”.
Lo cierto es que la sentencia dictada en octubre de 2019 por el Tribunal Superior de la Ciudad de México, que condena a Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos a Moreira por el supuesto “daño moral”, constituye un signo ominoso de lo que puede ocurrir contra los periodistas críticos de México, con la utilización abusiva del Poder Judicial y un ánimo contrario a la libertad de expresión que debe prevalecer en todo sistema que se precie de ser considerado democrático.
La pinza se cerró este lunes, cuando un juez ordenó a Aguayo cumplir la sentencia de entregar voluntariamente los 10 millones de pesos a Moreira, bajo la amenaza de embargar sus bienes para rematarlos. Por el momento, el académico entregó 450 mil pesos de fianza para detener temporalmente la medida, mientras recurre a otras instancias en su defensa.
Además, en este contexto salió a relucir que el proceso contra Sergio Aguayo ha estado viciado de origen, pues fue acreditado que uno de los magistrados que lleva el caso tiene conflicto de interés por su cercanía con el exdirigente del PRI, ya que Rubén Moreira, hermano de Humberto, hizo notario al hermano del magistrado Francisco Huber Olea.
Este martes, las organizaciones Articulo 19 y Centro de Investigación y Capacitación-Propuesta Cívica (CIC-PC) pidieron al Consejo de la Judicatura capitalina que investigue la actuación de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de la Ciudad de México, ante indicios de que ejerce hostigamiento judicial en contra del periodista Sergio Aguayo Quezada.
A través de una carta que circula en redes sociales para sumar firmas de apoyo, las organizaciones resaltan la pertinencia de que el Consejo de la Judicatura fundamente que el resolutivo del magistrado Francisco José Huber Olea Contró, ponente de la sentencia, es “contrario a lo establecido por la Constitución y tratados internacionales en materia de procuración de justicia y libertad de expresión”.
De acuerdo con las evidencias expuestas en la queja, en noviembre de 2017 un hermano del magistrado, Jean Paul Huber Olea Contró, recibió “la patente de la Notaría 123 de Saltillo, que realizó el gobernador de Coahuila y hermano de Humberto Moreira, Rubén Moreira”.
Lo anterior, añaden, “además de permitir presumir razonablemente el conflicto de interés y parcialidad del magistrado Huber Olea, permite entender las resoluciones y acuerdos dictados, así como que la inusitada celeridad de la Sala podría ser una represalia por las publicaciones que Aguayo se ha mantenido realizando durante el transcurso de este proceso legal”.
Avanzada considera que este caso —en el que de manera tan desaseada se ha procedido contra un periodista por el simple hecho de emitir su opinión— debe unificar a los periodistas y a los medios de comunicación para realizar un frente común en defensa de la libertad de prensa y de expresión.
Pero este asunto no sólo atañe a los periodistas y a los medios, sino también a la sociedad entera, pues hay que tomar en cuenta de que todo ataque contra un periodista constituye un agravio contra la sociedad, que frente a cada voz que es acallada ve mermado su derecho a la información.
En suma, si la ciudadanía desea vivir en un régimen democrático, es preciso pronunciarse y movilizarse en defensa de los derechos humanos y las garantías constitucionales cuando éstos se ven bajo amenaza. Resulta peligroso dejar que crezca el espectro del autoritarismo.
