@jos_redo
En las elecciones de 2018 estalló, de forma clamorosa, la indignación contra la corrupción y la impunidad en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un mandato poderoso y claro: te elegimos para que acabes con la corrupción y castigues a los corruptos, que no haya más esa impunidad que suma la burla al agravio del saqueo escandaloso de la riqueza nacional.
Poder incontrastable, legitimidad absoluta y respaldo popular incondicional: elementos que habilitaban al gobierno de López Obrador para, desde el inicio, castigar a los corruptos que, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sobrepasaron los límites morales y racionales de la corrupción sistemática, con el frío cinismo que permite la conciencia de impunidad garantizada. No hacía ni hace falta ninguna consulta popular para indagar y castigar la corrupción de los sexenios anteriores.
Ahora bien, en un enfoque de realismo político López Obrador decidió, desde su época de presidente electo, que no se desgastaría en una batalla por el castigo a los corruptos, en una especie de política de Punto Final. En lugar de eso, AMLO concentraría el poder y la energía de su gobierno en lo que llamó la Cuarta Transformación de la vida pública nacional.
Perdón, pero no olvido ante la corrupción faraónica del pasad, aclaró en múltiples ocasiones AMLO. Sin embargo, la inconformidad comenzó desde ese momento, pues existía y existe un clamor exacerbado de castigo a la corrupción en los sexenios anteriores. El encarcelamiento de los expresidentes o al menos sus principales operadores es la exigencia del pueblo. Sin embargo, no ha ocurrido; el caso de Rosario Robles no ha llegado a sus jefes políticos, y en cuanto a Emilio Lozoya, autor de gravísimos daños a PEMEX, la situación es ya insostenible pues goza de una especie de libertad dorada.
Entonces, ¿para qué la Consulta Popular del 1º de agosto? No queda claro si López Obrador va por la cabeza de los expresidentes, o si lanza esta consulta solamente para machacar la condena moral contra la corrupción y los corruptos del pasado, más para fortalecer el posicionamiento político y la narrativa de su gobierno que por un ánimo de atender el reclamo social de castigo a los corruptos.
Sea cual sea la motivación del gobierno de López Obrador para impulsar esta Consulta Popular, el caso es que pone sobre la mesa muchos temas, uno de ellos la propia consulta como instrumento valioso de la democracia directa. Me parece que esta decisión política, de alto nivel, tiene luces y sombras respecto a los alcances de la democracia realmente popular en México.
Las luces que arroja la Consulta Popular del 1º de agosto, como bien han señalado López Obrador y sus seguidores, consisten en el hecho mismo de pedir al pueblo su opinión y su mandato, en este caso respecto a la corrupción. Es la primera Consulta Popular en la historia nacional, lo cual constituye, a querer o no, un parteaguas en las formas de participación popular en las decisiones públicas.
La consulta de agosto contribuye a implantar la voz popular en las decisiones fundamentales y, a la vez, de forma igualmente importante, reiteran una vez más el tema de la corrupción como cáncer intolerable que ha dañado de forma demoledora a los mexicanos y la importancia de esclarecer sus prácticas, rutinas, esquemas, complicidades, daños causados, víctimas y rutas de impunidad.
Ahora veamos las sombras que arroja “esta” Consulta Popular. Desde el punto de vista constitucional y legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corrigió la plana al gobierno de AMLO porque la aplicación de la ley no requiere consulta popular para realizarse. Si hay elementos, es obligación de la autoridad indagar y castigar a los corruptos. Por esa razón, la Corte reformuló la pregunta original que mencionaba explícitamente a los ex presidentes y el castigo a su corrupción. El resultado fue una pregunta absurda e ininteligible.
Lo que permite entrever la “pregunta” así formulada es la posibilidad de crear una comisión de la verdad para conocer los daños a las víctimas de la corrupción, y ya. Es importante, pero la expectativa popular es inmensamente mayor que eso. Por tal razón, es entendible el desinterés casi generalizado en torno a la consulta, lo cual prefigura que muy difícilmente se alcanzará el necesario 40 por ciento de participación, equivalente a alrededor de 37 millones de ciudadanos. De ser así, la Consulta Popular del 1º de agosto sería no válida.
Este escenario sería nocivo respecto a la expectativa de generar condiciones para ejercer la democracia directa en México. Porque la primera Consulta Popular habría sido desaprovechada en una cuestión inútil: convocar la energía social para una decisión que no necesita consultarse y, ante el bajo interés del pueblo, restarle fuerza, atractivo y legitimidad a un instrumento indispensable en la construcción del poder desde abajo.
La postura de los diversos actores políticos y sociales que están a favor de la consulta popular ilustra la confusión y el enorme riesgo del ejercicio del 1º de agosto. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en voz del subcomandante Galeano (antes Marcos), ha expresado su apoyo a la consulta, pero alerta sobre el peligro de que “el oficialismo use esa consulta popular para avalar las simulaciones de consultas con las que ha cubierto el carácter depredador de sus megaproyectos, como el Tren Maya, en los territorios de los pueblos indígenas mayas”.
En efecto: ¿por qué no se realizo una consulta popular para que el pueblo decidiera sobre el Tren Maya? Una consulta popular como esta del 1º de agosto, basada en el artículo 35 de la Constitución, no como la que el gobierno y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas llevaron a cabo, que estuvo alejadísima de los estándares que establece la Organización Internacional del Trabajo. O una consulta popular para que el pueblo opinara sobre decisiones fundamentales de la llamada Cuarta Transformación, como la reforma educativa, la transferencia de funciones civiles a la Marina y al Ejército o la militarización de la Guardia Nacional.
Es a lo que se refiere el EZLN: que ningún oficialismo secuestre el sagrado instrumento de la democracia popular que es la consulta al pueblo. Luchar por que se utilice para obtener el mandato popular que legitime decisiones fundamentales como las antes mencionadas. Evitar que la consulta popular se utilice para esquivar o mediatizar reclamos sociales como, por ejemplo, el castigo a los culpables de la corrupción babilónica de los últimos sexenios.
El clamor popular es por castigar, ya, la corrupción descarada y la impunidad sistemática. Castigar la corrupción y las conductas criminales que se expresan en más pobreza porque se robaron el presupuesto social; atraso y muerte por el robo de recursos en infraestructura, en salud, en comunicaciones. La corrupción y la ilegalidad también generan víctimas, como la decisión criminal de Felipe Calderón de lanzar un aguerra sangrienta contra el crimen organizado, misma que los dos gobiernos siguientes no pudieron o no quisieron corregir.
No castigar todo esto, sea con consulta o sin consulta, arrojaría sobre el ánimo popular una carga de decepción e inconformidad de consecuencias imprevisibles, pues revelaría que la corrupción es impune ante cualquier poder; más aún, que la corrupción es el poder. Si el poderoso campeón de la cruzada contra la corrupción no castiga a los corruptos, sería devastador y avalaría el sueño expresado alguna vez por Peña Nieto: la corrupción es parte de nuestra cultura, es nuestra forma de ser… es, por lo tanto, invencible.
