Jueza rechaza reabrir carpeta por asesinato de Leo Reyes en San Miguel de Allende; activistas denuncian complicidad institucional (nota de Carmen Pizano en POPLab)

Ilustración: Pinche Einnar/POPLab.

Mónica Olmos, jueza estatal, primero aceptó la impugnación por la decisión de la Fiscalía de no ejercer acción penal a los policías, pero el día de la audiencia determinó que no era procedente.

Por: Carmen Pizano de POPLab.

A tres meses de cumplirse el segundo aniversario del asesinato de Leonardo Reyes Cayente, migrante asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en San Miguel de Allende, la familia recibió un nuevo revés en búsqueda de justicia: una jueza del Poder Judicial de Guanajuato rechazó el recurso para obligar a la Fiscalía General a investigar la actuación de los policías.

El 25 de marzo pasado la agente del Ministerio Público Ramona Álvarez Pérez, quien fue señalada por la Procuraduría de Derechos Humanos por violentar el derecho de acceso a la justicia de la familia, decidió que la Fiscalía General del Estado no ejercería acción penal en contra los elementos del Grupo Táctico Operativo de FSPE que participaron en la muerte del joven migrante en diciembre de 2018.

Aunque fue desde marzo que la Fiscalía determinó dar por cerrado el caso del asesinato de Leo Reyes, su madre, Guadalupe Cayente que reside en Estados Unidos, fue notificada oficialmente hasta el 14 de agosto, cuando visitó México, por lo que el equipo jurídico presentó la impugnación ante el Poder Judicial del Estado en los siguientes 10 días.

El recurso fue aceptado por la jueza de control, Mónica Edith Olmos Muñoz, reconociendo que se presentó en el plazo legal, luego ella misma lo desechó, frente a una Fiscalía que alegó haber hecho la notificación desde el 17 de julio.

La decisión de última hora de la jueza sobre la no aceptación de la impugnación fue calificada por el equipo de abogados de la familia Reyes Cayente como un acto de complicidad entre el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General, en busca de dar carpetazo a la muerte del joven migrante originario de la comunidad Corralejo de Abajo en San Miguel de Allende.

La familia que se enfrenta a las instituciones en el estado de Guanajuato no cesará en la lucha por justicia, y ya los abogados preparan un amparo indirecto que será presentado ante el Poder Judicial de la Federación.

“No nos vamos a detener, si es necesario llegaremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación…Estamos litigando en contra del Estado, de las instituciones públicas, tenemos confianza en las autoridades federales para llegar a la justicia”, declaró Juan José Padierna, uno de los abogados de la familia Reyes Cayente.

Detalló que el amparo será presentado ante un juzgado federal, reclamando la actuación de la juez de control de Guanajuato y las omisiones de la Fiscalía General para encubrir la actuación del grupo táctico a cargo de Alvar Cabeza de Vaca.

Nuevo revés

Sin dar oportunidad de que el equipo jurídico expusiera las inconsistencias en la investigación que pretende la Fiscalía General del Estado dar por concluida, la jueza de control Mónica Edith Olmos desestimó la impugnación presentada por la familia Reyes Cayente, declarándola extemporánea.

Después de la notificación oficial que recibió la madre de Leo Reyes el 14 de agosto sobre la decisión de la Fiscalía de no ejercer acción penal en contra de los elementos de FSPE, los abogados presentaron la impugnación ante el Poder Judicial de Guanajuato, misma que fue aceptada por la jueza reconociendo que estaba en el plazo legal y convocó para el 17 de septiembre la audiencia con las partes.

Guadalupe Cayente, madre de Leo. Foto de Juan José Plascencia/POPLab.

El día de la audiencia donde se habrían expuesto las violaciones a los derechos de la familia, un agente del Ministerio Público externo al caso se conectó a la audiencia virtual para asegurar que la notificación la habían hecho a la familia desde el 17 de julio, por lo que la impugnación llegaba fuera de tiempo.

El dicho del fiscal Josué Salazar fue contrario a la declaración de la fiscal Ramona Álvarez que lleva el caso, quien reconoció que la fecha oficial de notificación fue en agosto.

“El Ministerio Público carece de fe pública, no nos da una certeza jurídica, no tenía base para decir que los citatorios sí se dieron ese día. Los citatorios pudieron haberlos elaborado y firmado un día antes de la audiencia con fecha de julio”, expuso el abogado Juan José Padierna.

A pesar de los alegatos de los abogados sobre la inexistencia de esos citatorios y de una notificación pegada en la casa de la familia, la jueza concedió la razón al fiscal Salazar.

Mónica Olmedo también pasó por alto las primeras declaraciones de la fiscal encargada del caso, quien confirmó que la notificación oficial se dio el 14 de agosto. Incluso, cuando la señora Guadalupe Cayente acudió a la Fiscalía para recibir la notificación no se le mencionó del oficio que ahora aseguran se pegó desde un mes atrás en la puerta de su casa.

En la audiencia para la impugnación, el equipo jurídico de la familia presentaría los elementos que debió considerar la Fiscalía General del Estado para investigar la ejecución de Leo Reyes.

Los abogados recordaron que el joven migrante falleció de un disparo por la espalda, tenía un golpe en la cabeza que acreditó un médico legista pero que no se incluyó en los resultados de la autopsia, además de que están cinco testimonios de familiares que fueron testigos, donde señalan que los elementos de FSPE alteraron la escena para luego argumentar que se trató de un enfrentamiento.

Los abogados declararon que la complicidad de autoridades en Guanajuato ha propiciado la impunidad en el caso de Leo Reyes, lo que los llevará a recurrir a la justicia federal.

“Hay impunidad, nosotros hemos usado un tono tranquilo, buscado la coordinación con la autoridad. Ahorita ya el tono no será el mismo”.

La cuestionada juez

Mónica Edith Olmos Ortega, la jueza a la que acusan los abogados de ser cómplice de la Fiscalía General del Estado, arrastra otro señalamiento de presunta corrupción: se trata del caso del homicidio de Ludwin Axel Coronado Licea.

En junio de 2019 los asesinos de Ludwin salieron libres, luego de que Olmos Ortega señalara que la libertad se otorgaba porque la Fiscalía General había sido omisa en detallar, precisar y explicar cómo sucedieron los hechos.

Los hombres que habían aceptado su culpabilidad en el homicidio del joven de 19 años originario de Guanajuato capital, finalmente quedaron absueltos por la jueza de control.

En el caso de Leo Reyes, primero aceptó el recurso de impugnación, reconoció que se hizo en tiempo, pero el día de la audiencia decidió desecharlo validando citatorios que presentó un fiscal adverso al caso.

Por la actuación de la jueza, la familia, los abogados y la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato exigieron al presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, que reconozca públicamente las violaciones al Estado de Derecho.

También se exige que el Consejo del Poder Judicial del Estado dé trámite a una queja en contra de la actuación de la juez.

Contra el Estado en busca de justicia

El 12 de diciembre de 2018 quedó marcado para la familia Reyes Cayente, el día que asesinaron a Leo su madre y otros familiares fueron testigos de cómo los policías estatales alteraron la escena y después escucharon de las autoridades estatales la versión de que el joven era un delincuente que había atacado a los elementos de FSPE.

La criminalización los motivó a exigir justicia. Los reclamos de la familia llevaron al Senado de la República a emitir un exhorto a las autoridades de Guanajuato para esclarecer las circunstancias en las que murió Leo.

En febrero de 2019 confrontaron al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, durante una visita a Texas, donde decenas de migrantes acompañaron a la familia a exigir justicia. En esa reunión el gobernador se comprometió a investigar el caso, pero contrario a la promesa, los familiares siguen sin respuestas.

Ante el retraso de más de un año de la investigación que inició la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, pidieron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El cauce legal seguirá en tribunales federales, frente a la desconfianza que tienen los abogados y la familia de la actuación estatal.

Comunidad migrante intimidada

Pese a la indignación por el asesinato de Leo, en los últimos meses la comunidad migrante de guanajuatenses ha mantenido silencio por temor a dejar de recibir apoyos del Gobierno del Estado, aseguró Omar Silva, líder migrante.

En la conferencia de prensa Silva nombró algunos líderes que han brindado acompañamiento a la familia, pero señaló que muchos otros se mantienen en silencio por miedo a dejar de recibir los apoyos para ayudar a otros migrantes que entrega la Secretaría a cargo de Juan Hernández.

Incluso, mencionó que las familias temen regresar a Guanajuato por miedo a ser víctimas de algún delito en su estado de origen, pero que ahora está inmerso en la violencia.

“No vamos a bajar la guardia, vamos a seguir apoyando a la familia. Sí hay un temor extenso, es preocupante lo que está pasando”.

Sin cumplir recomendaciones

Han pasado siete meses desde que la Procuraduría de Derechos Humanos emitió 10 recomendaciones: siete para la Secretaría de Seguridad Pública y tres para la Fiscalía General del Estado, sin que exista registro del cumplimiento o los avances.

Guadalupe Cayente, madre de Leo. Foto de Juan José Plascencia/POPLab.

Los abogados aseguraron que ambas instituciones responsables de la seguridad no han dado seguimiento a las recomendaciones, por el contrario, en el caso de la Fiscalía mantiene a Ramona Álvarez como responsable del caso después de que Derechos Humanos pidió que se le iniciara un procedimiento administrativo por violentar el derecho a la justicia de la familia.

Tras la recomendación, la misma Ramona Álvarez decidió que no se ejercería acción penal en contra de los elementos que participaron en el asesinato de Leonardo la noche del 12 de diciembre.

A la Secretaría de Seguridad Pública también se le pidió iniciar procedimientos administrativos a los seis elementos que participaron en ese operativo, sin que a la fecha se haya informado más al respecto.

Entre las recomendaciones de la Procuraduría a cargo de Raúl Montero de Alba estaba la atención psicológica, psiquiátrica y tanatológica que debería recibir la familia Reyes Cayente, que tampoco ha llegado.

Ahora, entre las exigencias de la familia está que la Secretaría de Gobierno ofrezca medidas de reparación integral del daño a la familia, convirtiéndose en las primeras víctimas que sean atendidas por la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas que está por conformarse con la recientemente aprobada Ley en la materia.

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