22 de junio de 2023.- Para el abogado Vidulfo Rosales, a pesar de que hoy se encuentre en el poder un gobierno que dice ser de izquierda, se mantiene el “manto de impunidad” para que las Fuerzas Armadas no rindan cuentas ante las autoridades civiles por el caso Ayotzinapa.
En entrevista con Julio Astillero, manifestó que es una “contradicción” que el gobierno del presidente López Obrador mantenga “alianzas políticas” con el ejército. De acuerdo con Rosales, estas alianzas se ven materializadas en los contratos que se les asignó a los militares para los mega proyectos de obra pública, en el traslado de las vacunas, en el rol que desempeñan en las tareas de seguridad y en las mayores facultades legales que han ido ganando para combatir el crimen.
El abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, considera que no se han podido esclarecer en su totalidad estos hechos porque “en las altas esferas del poder” hay instituciones que buscan encubrir los vínculos de mandos militares con grupos del crimen organizado. Desde su perspectiva, la institución castrense obtuvo grandes beneficios de esta colusión, que llegó a ser del conocimiento de las autoridades civiles. Sin embargo, estas decidieron tolerarla, al verse beneficiadas también.
El defensor de derechos humanos ha visto que dos instituciones han fungido como dos de los principales obstáculos para alcanzar la verdad y la justicia. En concreto, señaló tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Fiscalía General de la República (FGR). Por parte de la primera, acusa que, en reiteradas ocasiones, se ha negado a brindar información sobre esos acontecimientos que marcaron la historia de México. Afirmó que el Ministerio Público ha hecho “35 requerimientos” para que el ejército “aporte un acervo con elementos probatorios que acumuló durante” las fechas de los incidentes y que, incluso, el GIEI ya lo ha identificado y sabe “de qué se trata”. No obstante, las Fuerzas Armadas se han mantenido firmes en su negativa.
En lo que respecta a la Fiscalía, advierte que, con la primera cancelación de importantes órdenes de aprehensión en contra de personas relacionadas con el caso, también ha constituido un obstáculo para el desarrollo de las investigaciones. De ambas instituciones opina que de haber “mayor fluidez y disposición”, habrían habido “mejores avances”.
Pese a todo esto, establece que es “de suma relevancia” la detención del coronel Rafael Hernández Nieto, ya que estuvo involucrado en la acumulación del acervo probatorio, además de que operó en los hechos de aquel 26 de septiembre de hace ocho años. Asimismo, reconoce que la FGR “se ha rectificado” luego de que reactivó las 17 órdenes de aprehensión que habían sido canceladas meses atrás, de las cuales ocho son en contra de elementos del batallón de infantería asentado en Iguala.
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