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PAN y Somos MX salen en defensa de Ernesto N; exigen debido proceso y cuestionan actuación de la FGR (nota de Rafael Ramírez en OEM-Informex)

Ernesto N forma es consejero consultivo del partido Somos MX. / Foto: X: @RuffoAppel.

El PAN afirmó que nadie debe estar por debajo de las garantías constitucionales; Somos MX calificó la detención del exgobernador de Baja California como arbitraria e ilegal.

Rafael Ramírez | OEM-Informex

Tras la detención del exgobernador de Baja California y exsenador panista Ernesto N por presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol, el Partido Acción Nacional (PAN) y el partido Somos MX salieron en su defensa con pronunciamientos en los que exigieron respeto al debido proceso y cuestionaron la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR).

El PAN sostuvo que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que establece la Constitución.

En un posicionamiento oficial, Acción Nacional afirmó que corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la legalidad, respetando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.

El partido expresó su confianza en que Ernesto N podrá aclarar los hechos que se le imputan por las vías legales correspondientes y reiteró que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todas las personas.

Asimismo, señaló que, mientras en el caso del exgobernador las autoridades actuaron de manera inmediata, existen otros expedientes con señalamientos públicos, como los de los gobernadores Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Marina del Pilar Ávila, de Baja California, en los que, aseguró, no se ha procedido con la misma rapidez.

La ley no puede aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca.

PAN

Acción Nacional también consideró que la detención ocurre en medio del creciente escrutinio público sobre la gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien, afirmó, continúa sin responder de manera suficiente a los señalamientos en su contra.

A juicio del PAN, la coincidencia de ambos hechos obliga a las autoridades a actuar con absoluta transparencia y demostrar que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados.

Finalmente, el partido reiteró que defenderá el Estado de derecho, la legalidad y la igualdad ante la ley, al sostener que la justicia sólo fortalece a México cuando se aplica con independencia, imparcialidad y pleno respeto a los derechos de todas las personas.

Somos MX exige la liberación de Ruffo

Por separado, el partido Somos MX, organización de la que Ernesto N forma parte como consejero consultivo, exigió la “inmediata e incondicional liberación” del exgobernador, al considerar que su detención fue “arbitraria e ilegal”.

En un comunicado, el instituto político aseguró que Ernesto N había explicado previamente ante las autoridades y los medios de comunicación que la empresa de la que es socio cuenta con el aval de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía, y que su actividad consiste en realizar trámites y gestiones aduanales para terceros.

Según el partido, es la propia ANAM la autoridad encargada de verificar y certificar los productos que ingresan al país, por lo que afirmó que esa dependencia tiene la responsabilidad de impedir el ingreso de combustible ilegal.

Somos MX acusó a la FGR de actuar de manera selectiva al proceder contra Ernesto N, mientras —aseguró— no investiga con la misma firmeza presuntos casos de huachicol fiscal y corrupción que atribuye a funcionarios federales y gobernadores de Morena.

Además, sostuvo que la detención constituye una “cortina de humo” para desviar la atención de la controversia que enfrenta la gobernadora Marina del Pilar Ávila por la difusión de grabaciones relacionadas con presuntas conversaciones con agentes estadounidenses.

El partido también rechazó las acusaciones de huachicol fiscal contra Ernesto N y afirmó que los responsables del presunto fraude relacionado con el tráfico ilegal de combustibles “siguen operando y están protegidos desde el poder”, por lo que demandó que las investigaciones se conduzcan sin sesgos políticos.

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