1 de junio de 2023 – Para Raúl Romero, académico de la UNAM, el convulso contexto chiapaneco no puede explicarse sin la presencia de grupos del crimen organizado, paramilitares, organizaciones de autodefensas, “la empresa extractiva”, el ejército y la Guardia Nacional que, en conjunto, tienen al estado al borde de una guerra civil.
En entrevista con Témoris Grecko, comienza explicando la situación por la que atraviesa la entidad con el más reciente ataque de Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) al indígena tzeltal Gilberto López Santis, durante una balacera de cinco días a la comunicad rebelde Moisés Gandhi.
Esta organización, de acuerdo con lo que él establece, constituye un grupo paramilitar que se ha financiado por los programas sociales que los diferentes gobiernos han ofrecido a lo largo de estas últimas décadas. El sociólogo declara que ha establecido vínculos con “el PRI, el PRD, el Verde” y también con Morena, pues sus integrantes han alcanzado “cargos públicos” locales.
La intención de la Orcao es desplazar a las comunidades zapatistas, para apropiarse de sus tierras y poderlas inscribir en el programa Sembrando Vida. No obstante, no descarta que este hecho esté vinculado “al resto de ataques en Chiapas”, en donde diversas agrupaciones han entrado en disputas por los territorios, por las plazas del narcotráfico, por procesos electorales, así como en contra de los mega proyectos de desarrollo –impulsados por la actual administración.
Desde su punto de vista, el Estado ha sido cómplice de toda esta situación, ya que ha hecho caso omiso de las denuncias de desapariciones, secuestros, torturas. Contrario a esto, declara que los tres niveles de gobierno han intentado “minimizar e invisibilizar el conflicto”, lo que deriva que el tema quede fuera de la discusión y agenda públicas. Asegura que el Estado “ni nos ve ni nos oye”, sino que coloca a los pueblos en resistencia como los adversarios, “como parte de la mafia”, “como cómplices de gobiernos pasados”.
Ante este escenario, se proponen, en primer lugar, exigir que se regrese “el tema al debate público”; en segundo, garantizar “la salud de Gilberto López Santis”; y en tercero, llamar a “un debate amplio”, en el que participen “organizaciones de derechos humanos”, “mujeres que defienden su vida”, “pueblos que defienden sus territorios”, “migrantes” y “maestros”. Por eso, hacen un llamado a participar en una jornada de movilizaciones, que comenzó el pasado 27 de mayo, pero que termina el próximo 10 de junio, para pedir el “alto a la guerra contra los pueblos zapatistas”. Romero sintetiza la propuesta de las comunidades en la frase, “democracia, justicia y dignidad”. Estas consignas, a su vez, serían los pilares para la construcción de paz no solo en Chiapas, sino en todo México.
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