- La decisión fue tomada por mayoría de votos de los partidos PAN, PT, Morena y Nueva Alianza.
David Casas/OEM-Informex.
MONTERREY. Diputados locales de las bancadas del PAN, Morena, Independiente Progresista, PT y Nueva Alianza dieron largas a la posible sanción al gobernador Jaime Rodríguez, por el asunto de las firmas, en tanto que Movimiento Ciudadano demandó que aprobará el dictamen en la Comisión Anticorrupción que se declaró en permanente.
El argumento señalado por el PAN, fue que el caso es administrativo y que por no ser un asunto electoral, debe indagarse otro proceso legal para sancionar. Además de que se debe esperar a que la Suprema Corte de la Nación sea quien defina dicho proceso, por lo que se aprobó diferir la sanción.
Con el voto en contra de los diputados Horacio Tijerina y Arturo Bonifacio de la Garza, ambos de Movimiento Ciudadano, el PAN, PT, Morena y Nueva Alianza, acordaron por mayoría de votos diferir la sanción y se constituyeron en sesión permanente en la Comisión Anticorrupción.
De acuerdo a Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, para cumplir con la sentencia de la Sala Regional Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se debía aprobar el dictamen al menos en la Comisión; sin embargo, no ocurrió así.
Por su
parte, Asael Sepúlveda, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo
dijo que el proyecto de dictamen alejaba de la verdad y propuso un punto de
acuerdo en el que se plantea el diferir el dictamen hasta en tanto se difiera
la controversia interpuesta por el Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
También propuso que se autorice a la Comisión indagar un proceso diferente y
notificar a la Sala Regional Especializada que se está en vías de cumplimiento
de la sentencia, pero que se hallan imposibilitados porque hay una suspensión
de la Corte y deben esperar a que se defina la controversia que promovió el
Ejecutivo.
Para Luis Donaldo Colosio no se puede diferir el cumplimiento de sentencia de la Corte, porque eso no se pidió con tiempo.
Itzel Castillo del PAN aclaró que no estaban a favor de sanciones a modo que puedan servir para que los dos funcionarios (el gobernador y el secretario general de Gobierno) pudieran evadirlas, la decisión es de Nuevo León, no de autoridades federales, dijo al sostener que el proyecto de dictamen parte de una base errónea.
Coincidió con el también panista Samuel Villa, en que el asunto es
administrativo y no electoral.
Según Villa, su partido, el PAN no defiende a El Bronco, pues ellos creen que es culpable, pero insistió, el dictamen es altamente impugnable y aprobarlo era garantizar que éste no obtuviera sanción.
La independiente progresista Claudia Tapia, que abandonó la bancada de Morena, más no al partido, argumentó que lo riesgoso era dictaminar sin que la Corte estableciera si el Congreso está o no facultado para sancionar administrativamente a Jaime Rodríguez Calderón.
De acuerdo a la propia legisladora, ella es congruente al no apoyar el dictamen, pues desde un principio, junto con su compañera del PVEM, Ivonne Bustos, habían sostenido que debía llevarse mediante un juicio político.
