José Reyes Doria
@jos_redo
La mañanera de este jueves incluyó una bomba informativa: hay una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por actividades financieras sospechosas en las que habría recibido 26 millones de pesos y tener relación con empresas investigadas por temas financieros y fiscales.
La Unidad de Inteligencia Financiera realizó la investigación y su titular, Pablo Gómez, informó que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra Peña Nieto. Como era de esperarse, estallaron especulaciones de todo tipo, interpretaciones interesantes y opiniones descabelladas sobre la investigación contra EPN. Veamos:
PRESIDENTES INTOCABLES
La cultura política mexicana, fuertemente priista, vigente en gran medida, no contempla que se acuse y procese legalmente a los ex Presidentes. De hecho, no hay registro de una investigación formal contra un ex mandatario. En 1995 Ernesto Zedillo amagó con procesar y encarcelar a su antecesor, Carlos Salinas de Gortari, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero las presiones lo hicieron desistir.
La investigación contra Peña Nieto, por lo tanto, alborotó a la galería y de inmediato abrió la puerta al escepticismo. Circulan las opiniones de que se trata de una simulación, que la investigación esté acordada con el propio, Peña Nieto, que solo se trate de un distractor, etcétera.
SOLO ES UN DISTRACTOR
La reacción más recurrente ante la investigación contra Peña Nieto es que se trata de un distractor del gobierno de López Obrador, con el propósito de poner en la agenda de los medios y las redes sociales un tema suculento, de tal forma que se desvíe la atención respecto a temas incómodos para AMLO como la violencia criminal imparable, la inflación que no cesa, el AIFA que no levanta, la refinería de Dos Bocas que todavía no refina, entre otros. No sabemos si la intención de anunciar la investigación es distraer, pero, en efecto, el hecho atrapó la conversación pública y estará presente un buen tiempo.
CONSULTA SOBRE EX PRESIDENTES
El año pasado se realizó la consulta para preguntar si AMLO debía procesar a los ex Presidentes, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto. Recordemos que la consulta no tuvo validez porque no alcanzó el nivel de participación requerido, pero el resultado fue abrumador: el pueblo pide que se investigue y castigue a los ex Presidentes. Ahora está la investigación contra Peña Nieto, aunque la acusación es por presuntos delitos ocurridos después de que terminó su sexenio (los 26 millones los recibió Peña en 2019 y 2020). Por esto, la polémica investigación también fue ligada con el tema de la famosa consulta, porque no parece obedecer a ese mandato, sino, afirman algunos, a otros motivos como la intención distractora.
EL PACTO AMLO-PEÑA
Uno de los grandes mitos de la llamada Cuarta Transformación es que en 2018 hubo un pacto entre Peña Nieto y López Obrador, basado en dos ejes: en el primer eje, EPN sacaría las manos de la elección, no ayudaría al PRI, promovería apoyos a la candidatura de AMO y debilitaría a Ricardo Anaya a través de una acusación penal. En el segundo eje, AMLO se comprometía a cubrirle las espaldas a Peña Nieto, no investigarlo por ningún tema corrupción o impunidad. La investigación abierta, bien visto, no viola el presunto pacto, ya que aborda presuntos delitos ocurridos después del término del sexenio peñista.
ALITO, REFORMA ELÉCTRICA Y OTRAS REFORMAS
Desde luego, la investigación contra Peña Nieto se interpretó en el marco de las acusaciones y las exhibiciones de videos contra Alejandro Moreno, el presidente del PRI. La lectura sospechosista asume que la embestida contra Alito obedece a que no logró que el PRI apoyara la reforma eléctrica de AMLO en el Congreso; a pesar de que Alito es toda una fichita, el gobierno de López Obrador lo dejaría en paz si el PRI hubiera apoyado la reforma eléctrica. En este marco, la investigación contra Peña se sumaría a esta presión contra el PRI, para que respalde las iniciativas de reforma electoral y sobre la Guardia Nacional.
VIDEOS Y PRESIONES
En el clímax de la sacrosanta acción de especular, buena parte de la gente que sigue la polémica por la investigación contra Peña Nieto, espera que el mexiquense reaccione dando a conocer videos o información contra AMLO, contra su familia o miembros prominentes del gobierno de la llamada 4T. No deja de ser interesante. La eventual aparición de un video arrojará luz y daría combustible a esta vertiente interpretativa.
ESTADO DE MÉXICO, LA JOYA DE LA CORONA
No podía faltar la interpretación de que López Obrador quiere que Morena gane la gubernatura del Estado de México en 2023, y, para lograrlo, es necesario aplastar cualquier capacidad o intención de la clase política mexiquense de retener ese que es el último bastión del priismo histórico. En esta lectura, la investigación contra Peña Nieto es una advertencia radical, para que tanto el gobernador del Estado de México, como los liderazgos políticos y económicos, y el propio Peña, se abstengan de intentar siquiera dar la pelea por la gubernatura.
UN PROBABLE PITAZO
Digno de un guion de película palomera, el anuncio de la investigación contra Peña Nieto ha sido, también, interpretado como un “pitazo”, un aviso cifrado para alertar al ex Presidente. Para decirle a Peña Nieto que, por presiones internas en la 4T, es probable que AMLO ya no pueda cumplir el pacto de no agresión y que algunos grupos oficialistas insisten en procesar al mexiquense. Por lo tanto, la investigación anunciada sería débil, no avanzaría; pero sería un sobreaviso para alertar a EPN de que grupos poderosos dentro de la 4T van por él.
USO POLÍTICO DE LA JUSTICIA
En México y el mundo, la justicia suele alinearse con la política. Sobre todo, cuando se trata de personajes de la talla de un ex Presidente. El caso de la investigación contra Peña Nieto no escapa a esa dinámica. Lo interesante será observar si, en su caso, el proceso penal correspondiente se realizará con nuevos esquemas de politización de la justicia, es decir un nuevo estilo de ajusticiar políticamente, o se reeditan los estilos observados en los últimos 50 años en casos similares en México.
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