Ahora INE va contra CNDH con juicio en la Suprema Corte (nota de Andrea Morales en e-consulta)

Por Andrea Morales | Martes, Noviembre 15, 2022 |

El INE exige que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se apegue a su fin constitucional y no ejerza atribuciones que no le competen

El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por invasión de atribuciones y atentar a su autonomía.

La queja del INE demanda que la SCJN modifique el actuar de la comisión, para que se apegue a su fin constitucional, luego de que hace unos días la CNDH descalificó la función del órgano electoral para justificar la reforma electoral que impulsa Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, el INE señaló este martes que exige que la CNDH respete las atribuciones de otros órganos autónomos y se dedique a velar por los derechos humanos como le corresponde, sin pretender ejercer atribuciones que expresamente le prohíbe la Constitución.

La queja del INE ante la Corte alude a los dos pronunciamientos realizados por la CNDH y su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, donde llegó a afirmar que el INE ha ido en contra de la voluntad popular.

¿Qué dice la recomendación de la CNDH?

La recomendación de la CNDH se publicó el pasado 28 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual involucra al INE cuando el artículo 102 de la Constitución señala que los organismos de protección de los derechos humanos “no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”.

Cabe decir que, en esta recomendación, la CNDH no analiza un solo acto realizado por el INE, debido a que fue resultado de un análisis de los hechos que ocurrieron entre 1951 y 1965, cuando en México no existían organismos electorales autónomos.

El INE como órgano autónomo, con la atribución que le confiere el artículo 105 constitucional, acude ante la Suprema Corte a efecto de propiciar el cumplimiento pleno de la legalidad y el Estado de derecho en el país que debe observarse, en primer lugar, por los poderes públicos de la nación.

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