Empresa familiar del exprocurador Murillo Karam recibió contratos de la SCT en el sexenio de Peña (nota de SinEmbargo)

Por Redacción/SinEmbargo

La Unidad adscrita a la SHCP detalló que una empresa de familiares de Jesús Murillo Karam fue beneficiada ilícitamente con contratos de la SCT configurándose el delito de tráfico de influencias.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga por lavado de dinero y defraudación fiscal al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a raíz de su implicación en los Pandora Papers.

El organismo a cargo de Pablo Gómez informó que como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente mencionadas en la investigación de los Papeles de Pandora, entre ellas a Jesús Murillo Karam.

En esas condiciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que Murillo Karam posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos, resultó beneficiada con contratos del Gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.

En este sentido, la UIF identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso Murillo Karam tenía como secretario al hijo de Gerardo Ruiz Esparza, entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.

Además, agregó la UIF, la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar. De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el  volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente; también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.

Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en una conferencia de prensa de diciembre de 2014.
El exprocurador Jesús Murillo Karam. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro

Aunado a lo anterior, se identificó que en 2017 Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, en el periodo de 2020 a 2021 el exprocurador colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.

 En consecuencia, el 14 de noviembre de 2022 estos indicios se hicieron del conocimiento a la Fiscalía General de la República (FGR) a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT en el Gobierno de Peña Nieto. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.

Jesús Murillo Karam fue detenido el pasado 19 de agosto, y vinculado a proceso cinco días después por un Juez federal en el Reclusorio Norte por los delitos de tortura en contra de cuatro personas, contra la administración de justicia y por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aunque Murillo Karam defendió nuevamente, ahora ante la justicia, su “verdad histórica”, según la cual, los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados la misma Noche de Iguala en el basurero de Cocula, Guerrero.

Desde entonces, y a pesar de que su defensa argumentó su estado de salud para solicitar prisión domiciliaria, el político ha permanecido al interior del Reclusorio Norte, ubicado en la capital del país.

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