Zaldívar y los indispensables: más para un Principado que para una República. Autor: José Reyes Doria

La prórroga de mandato al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, es inaceptable. Hay ocasiones en que el posicionamiento tiene que ser inequívoco, nada de sopesar si a unos les gusta o a otros les incomoda una acción de esa naturaleza. En tratándose de definiciones constitucionales fundamentales, la exigencia es absoluta: respetas incondicionalmente los mandatos fundadores de la Constitución o los cambias, pero esto último con apego a la ruta que la propia Carta Magna establece para su modificación.

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La reforma para extender dos años más el mandato de Zaldívar viola la Constitución en múltiples dimensiones. La viola en la letra, pues el artículo 97 establece que cada cuatro años el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la SCJN, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. Si se consuma la reforma que impulsa MORENA y defiende el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Arturo Zaldívar completaría seis años como presidente de la Corte. Es anticonstitucional.

La reforma también viola la Constitución en su dimensión procedimental, porque para cambiar una disposición constitucional, se debe observar el proceso conocido como el Constituyente Permanente, que consiste en reformar el artículo de la Constitución que se pretenda, con mayoría de dos terceras partes en cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, y después ser aprobada la reforma por la mayoría de los Legislaturas de los estados. La reforma de MORENA pretende modificar el mandato del artículo 97 a través de una simple reforma a leyes secundarias. Es inconstitucional.

El espíritu de la Constitución también es maltratado con la reforma. Recordemos que la Constitución de 1917 fue concebida en una perspectiva de continuidad histórico-ideológica con la Constitución de 1857, por eso se continuó la numeración de las Legislaturas; hoy estamos en la LXIV Legislatura, la Primera Legislatura empezó en 1857. La República y la Democracia, vale decir: la división de poderes y la soberanía del pueblo, son decisiones fundamentales de nuestra tradición constitucional desde la Constitución de Benito Juárez. Pues bien, la reforma que se pretende para ampliar dos años el mandato del presidente de la Corte vulnera el principio de la división de poderes del liberalismo juarista, así como el mandato de la no reelección revolucionaria que costó un millón de muertos en la Revolución de 1910-1917 (no reelección, bajo ningún truco, juego de palabras, simulación, disfraz o subterfugio; quienes lo han intentado, como Obregón, lo han pagado caro).

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Los argumentos para fundamentar la ampliación del mandato de Zaldívar han sido más políticos que constitucionales. El principal argumento político es que el ministro presidente de la Corte es indispensable para llevar a cabo la reforma del Poder Judicial. El Presidente López Obrador considera que solo Zaldívar puede encabezar, desde la presidencia de la SCJN, la aplicación cabal de la reforma que promueve para erradicar la corrupción y hacer más eficiente la impartición de justicia que involucra a la Corte, al Consejo de la Judicatura, juzgados, jueces, magistrados. Esa consideración del Presidente es respetable y hasta entendible, porque, en efecto urge una reforma a fondo del Poder Judicial. Sin embargo, pesa más el imperativo categórico de respetar la constitucionalidad de la reforma que la indispensabilidad de cualquier hombre.

La indispensabilidad es una perspectiva riesgosa cuando se confronta con la ley y las instituciones. Maquiavelo, a quien no puede acusarse de moderado, decía, al inicio de El Príncipe, que todos los Estados que han existido son, o Principados o Repúblicas. El filósofo florentino prefería la República, porque bajo ella la consolidación del poder dependía menos de la personalidad de los hombres. Con la antigua Roma en mente, Maquiavelo sabía que cuando los hombres de poder comienzan a sentirse indispensables empieza la desestabilización de cualquier gobierno. Los romanos abominaban la monarquía, solo aceptaron reyes en sus primeros tiempos, por eso los poderosos no querían asumirse como monarcas, aunque se sentían indispensables, tocados por los dioses.

Maquiavelo observó que cuando los líderes romanos comenzaban a actuar como si realmente fueran indispensables, iniciaba un corto camino hacia la guerra civil, la destitución y, casi siempre, el asesinato del gobernante. Los Idus de Marzo, el apuñalamiento de Julio César a manos de los senadores, suele ser el desenlace que Maquiavelo no quería para el Príncipe, por eso prefería la República como forma de Estado. Conocedor de la naturaleza humana, el florentino decía que, si se quiere gobernar desde el aura de la indispensabilidad, entonces habría asumir la monarquía abiertamente y fijar de manera clara las reglas de sucesión y acceso al poder… y respetarlas siempre.

El gobierno del Presidente López Obrador ha impulsado la llamada Cuarta Transformación, con el objetivo, loable y necesario, de construir un régimen más justo e igualitario. Sin embargo, entra cada vez más en la encrucijada propia de este tipo de proyectos: hacer un cambio de fondo o solo superficial; cambiar las bases jurídicas del antiguo régimen o solo corregirlas. Son ya un buen número de casos en que, al parecer, el gobierno de AMLO no se decide por una ruta política definida, quiere cambios de fondo, pero sin construir los fundamentos constitucionales y legales correspondientes. En ocasiones apuesta fuerte al voluntarismo, pero no tiene instrumentos o rutas de acción para superar el marco histórico-político que ubica a su gobierno en una República Democrática, que imperfecta y todo, le permitió llegar a la Presidencia. Esto implica límites que aún no descifra, cuando lo haga será más eficaz.

@jos_redo

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