No podemos darnos el lujo de exterminar al INE. En México, las elecciones son, desde siempre, arena de las mañas, la trampa, el agandalle, el clientelismo, el imperio del dinero y la tentación del fraude a toda escala. Hoy lo podemos ver con el tema de las vacunas contra el Covid-19: propios y extraños explotan su imaginación para sacar raja electoral de algo tan sensible. No hay límites a la invención para comprar, robar, inducir, condicionar o manipular el voto. Por lo tanto, el INE es indispensable. Pero no este INE.
Debido a la monumental desconfianza mutua entre todos los actores políticos, tenemos un INE faraónico y una legislación electoral paranoica. Todos creen, con razón, que el otro es un mapache electoral inescrupuloso. De ahí el gigantismo del INE y lo absurdo de las leyes electorales. El INE (entonces IFE) surgió a raíz del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, cuando todo el aparato del Estado operó para imponer en la Presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Las elecciones las organizaba el gobierno, a través de la Comisión Federal Electoral, presidida en ese momento por Manuel Bartlett, secretario de Gobernación.
La imposición de Salinas en 1988 catalizó el reclamo democrático que aglutinaba a actores políticos de todas las ideologías, desde la izquierda radical hasta la derecha más conservadora y ello dio origen al INE. Su creación expresó un consenso político y social en torno a la necesidad de desmontar las estructuras autoritarias del régimen priista, proceso que, necesariamente, pasaba por organizar elecciones libres y creíbles.
Se han hecho mil lecturas de ese momento político crucial que, en buena medida, aún tiene efectos en la vida pública del México de nuestros días. Uno de esos enfoques, consiste en resaltar que el tema electoral centralizó los afanes teóricos y políticos, colocando en segundo plano el hecho de que el terremoto político-electoral de 1988 tuvo como causa fundamental la pobreza y la desprotección social que, por dictado del modelo neoliberal, estaban alcanzando proporciones escandalosas e inhumanas.
La implementación del neoliberalismo económico requería del autoritarismo político y de un control social absoluto. Sin embargo, la clase política dejó de lado esta realidad compleja y decidió que todo podría resolverse si se garantizaban elecciones libres. Nada se hizo para desmontar el régimen autoritario, siguió intacto el control sobre sindicatos y organizaciones sociales, nada cambió en la relación entre los medios y el gobierno, no se abordaron reformas para fiscalizar y castigar la corrupción, ni para acotar al sector empresarial.
Mucho menos se abordaron reformas en materia económica y social para impulsar un reparto más justo de la riqueza y la protección social. Todo se resolvería con elecciones libres. Esta visión de la clase política determino el carácter de la transición mexicana, que no fue necesariamente democrática; más bien fue una liberalización electoral.
De esa lectura del momento histórico mexicano se nutrió el INE. La clase política, de izquierdas y de derechas, redujo sus energías y sus proyectos a la cuestión electoral, por eso, el INE se consolidó como un órgano autónomo que organiza bien las elecciones. Pero desarrolló una casta burocrática que pronto se acomodó a la clase política dominante y acabó, en los hechos, con su autonomía constitucional. Esa captura del INE por la clase política, comenzó a minar su prestigio.
Se desarrolló así un proceso paralelo, donde, por un lado, después de cada elección se impulsaron múltiples reformas electorales, hasta hacer del INE un ente burocrático gigante, dándole cada vez más funciones y, por lo tanto, más empleados, oficinas, recursos. Hemos llegado al absurdo de que, por ejemplo, si un precandidato pinta una barda fuera de tiempo, puede originarse un recurso legal ante el INE, éste resuelve y los involucrados pueden recurrir al TEPJF; además, el mismo hecho lo pueden denunciar los 9 o 10 partidos políticos y se repite el proceso. Desde luego, el INE y el TEPJF tienen recursos, abogados, asistentes, empleados, oficinas, sistemas y demás, para realizar esas actividades.
A la vez, la casta burocrática del INE selló su interacción con la clase política, de tal forma que los controles constitucionales destinados a salvaguardar la autonomía del INE, ya no existen para efectos prácticos. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados existe un acuerdo extra legal para que los Consejeros Electorales sean nombrados por cuotas partidistas, procurando que el partido mayoritario sea el que tenga más Consejeros amigos. Así ha sido cuando dominaba el PRI, cuando dominaba el PAN y ahora que domina MORENA. Si al principio la fórmula fue apostar al prestigio y a la independencia de los Consejeros del INE para garantizar la autonomía, eso se rompió desde el 2003 cuando nombraron a Luis Carlos Ugalde desde el PRI. En 2006, ya sin prestigio alguno, el Consejo General del INE estuvo a punto de hacer naufragar al Instituto y al país mismo.
El 2006 fue especialmente significativo. Porque por primera vez desde 1988 un candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, impulsaba un proyecto que se salía de la visión romántica de la transición y proponía un cambio de régimen político, económico y social. El INE se vio incapaz de procesar, en lo que le correspondía, la lucha política y el debate ideológico, de tal manera que no pudo o no lo dejaron frenar la andanada orquestada contra el candidato López Obrador desde el gobierno de Vicente Fox y desde poderosos grupos empresariales.
En conclusión, el INE debe reformarse a fondo para ser funcional en las próximas décadas. Es necesario revisar el tamaño de sus funciones, por ejemplo, el hecho de que funcionen permanentemente las 300 juntas distritales y las 32 juntas locales, o la tarea titánica de monitorear medios, o la administración del padrón electoral, o sus atribuciones jurisdiccionales inútiles puesto que existe el TEPJF. Esas funciones implican recursos, poder e intereses creados que reproducen privilegios de una casta dorada, lo cual puede originar desviaciones respecto al objeto central del INE.
Es indispensable un INE con autonomía, recomponer los mecanismos que garanticen su independencia y robustezcan su prestigio. La clase política y el gobierno en turno deben sacar las manos del INE. De lo rescatable en la historia del INE, es que, mientras impere el impulso a la trampa y el fraude en los actores políticos, el gobierno no debe meterse a las elecciones, ni como guardián ni, mucho menos, como organizador. Esto último sería un homenaje a la idea del Eterno Retorno de Nietzsche: la antigua Comisión Federal Electoral comparte siglas con la actual CFE y el mandamás de ambas ha sido y es el mismo personaje, Manuel Bartlett, a quien se le cayó el sistema en el fraude electoral de 1988.
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Los 150 millones de Epigmenio Ibarra o las trampas de la fe. Autor: José Reyes Doria
