Francisco Félix | julioastillero.com
Se gesta fraude inmobiliario en Querétaro con terrenos pertenecientes a un Área Natural Protegida. Así lo denuncio a Julio Hernández en Astillero Informa, América Vizcaíno, integrante de la asociación Ambientalistas del estado de Querétaro. Las empresas inmobiliarias han puesto a la venta alrededor de 12 mil lotes, aun a sabiendas de que no es susceptible la construcción en ellos, debido a que están protegidos por la normatividad. Los compradores caen. Se enteran del fraude hasta después. Algunos han denunciado, sin éxito.
Vizcaíno explicó que una empresa promueve un proyecto de fraccionamiento de lujo llamado Tierra Noble Juriquilla en la ciudad de Querétaro, pero en terrenos que pertenecen a un área protegida, misma que, de acuerdo con las disposiciones agrarias, urbanas y ambientales, cuenta con especificaciones muy claras respecto a que no pueden ser objeto de ningún tipo de urbanización o construcción. Por lo anterior, “las personas que están comprando lo hacen en total desconocimiento” y se encuentran “en riesgo de pérdida patrimonial”, ante la negativa de otorgar permisos de construcción.
La activista denunció que hay una “arremetida violenta” de mercadotecnia de parte de la empresa, a la cual no le interesa si existe o no el permiso, sino vender los terrenos, pese a que las autoridades han dicho reiteradamente que no darán ninguna autorización. Lo que hay detrás, aseveró, es “el interés de poner a las familias compradoras como punta de lanza para presionar a las autoridades” de manera que en el futuro no puedan impedir la construcción, o bien, se termine por defraudar a los compradores finales.
Precisamente sobre el tema del fraude, la ambientalista señaló que los hechos podrían caer en el fraude, estipulado por el artículo 389 bis del Código Penal Federal. Esto, en perjuicio de las familias que están comprando las tierras en esa zona, pero también de los ejidatarios. Detalló que el esquema de la empresa consiste en que estos otorgan sus tierras, como “socios” del proyecto inmobiliario, luego la empresa las vende mediante un contrato privado de compra-venta y el dinero obtenido ingresa a un fideicomiso, al cual no tienen acceso los ejidatarios, sino hasta que se repartan las supuestas utilidades del proyecto, las cuales se tendrían dentro de un periodo de alrededor de tres años. De esta forma, este “esquema bastante extraño” ofrece todas las ventajas para los desarrolladores.
Vizcaíno comentó que las autoridades han insistido continuamente que el fraccionamiento en cuestión no tiene ningún permiso y han hecho un llamado a las personas a informarse antes de comprar. Explicó que varios compradores ya se están dando cuenta de la situación y han comenzado a presentar denuncias para que les devuelvan el dinero, pues insistió en que los desarrolladores inmobiliarios no cuentan con permiso de ningún tipo. Agregó que esta forma de accionar se está presentando también en otros municipios del estado, donde los inmobiliarios ejercen “presiones violentas” para que les autoricen permisos de construcción de vivienda.
Precisamente una compradora que dijo ser víctima de fraude y haber denunciado es la señora Liliana del Campo, quien también accedió a hablar con Julio Hernández para Astillero Informa para ofrecer su testimonio. Contó que el 16 de enero de 2020 firmó un contrato para comprar un terreno de aproximadamente 200 metros cuadrados y pagó dos mensualidades de 3,800 pesos a una cuenta de BBVA Bancomer. El contrato establecía pagos por diez años, hasta 2030.
No obstante, la señora Liliana comentó que, a medida que pasaba el tiempo, fue enterándose en redes sociales de que la zona donde presuntamente estaría ubicado el terreno pertenecía a un Área Natural Protegida, por lo que carecía de permisos de construcción. Ella y otras personas que también compraron terrenos de buena fe, empezaron a buscar ayuda ante distintas autoridades, sin éxito. Finalmente, el 14 de septiembre del año pasado, la señora Liliana acudió a la Fiscalía de Querétaro a presentar una denuncia. Sin embargo, contó que hasta ahora no ha recibido respuesta pues presuntamente la Fiscalía está atendiendo una denuncia que presentó el Ayuntamiento de Querétaro por el mismo tema.
Liliana del Campo dijo que el desarrollo inmobiliario es “totalmente fraudulento”. Contó que el contrato no fue firmado ante notario público y dio a conocer que son alrededor de veinte personas las que han presentado denuncias y exigen justicia.
