¿Quién es Inés Gómez-Mont? Actriz detenida en Florida y buscada por la FGR (nota de Rafael Ramírez en OEM-Informex)

La exconductora de tv y actriz enfrenta una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y lavado de dinero

Rafael Ramírez / OEM-Informex

Inés Gómez-Mont Arena, exconductora de televisión buscada por la justicia mexicana desde 2021 por su presunta participación en una red de lavado de dinero y delincuencia organizada, fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos.

Su captura ocurre poco más de un año después de la detención de su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien fue arrestado el 24 de septiembre de 2025 en Miami por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), por un asunto migratorio.

Gómez-Mont y Álvarez Puga son señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como presuntos responsables de una estructura que habría utilizado empresas y contratos del sistema penitenciario federal para simular operaciones comerciales y ocultar el origen de recursos públicos.

De la televisión a la investigación penal

Nacida el 29 de julio de 1983 en Ciudad de México, Inés Gómez-Mont, de 43 años, desarrolló una carrera como actriz, modelo y conductora. Alcanzó notoriedad en programas de TV como Ventaneando y Los 25+, además de realizar coberturas de espectáculos y eventos deportivos.

Además, es sobrina del abogado Fernando Gómez Mont, quien fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón.

Su trayectoria televisiva quedó desplazada por las investigaciones contra ella y su esposo, las órdenes de aprehensión emitidas en 2021 y su posterior búsqueda internacional.

Los contratos bajo investigación

En un comunicado del 20 de enero de 2022, la FGR informó que la investigación había comenzado en noviembre de 2019 y comprendía a varias personas y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la Fiscalía, la presunta estructura celebraba contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entonces dependiente de la Secretaría de Gobernación, y utilizaba comprobantes fiscales para encubrir operaciones falsas.

Las empresas aparentaban actos de comercio y servicios que presuntamente no se realizaban. Representantes e intermediarios efectuaban movimientos bancarios para dificultar el rastreo del dinero, mientras servidores públicos habrían facilitado la entrega de recursos federales mediante contrataciones ilegales.

La FGR ubicó a Gómez-Mont y Álvarez Puga al frente de la presunta organización e identificó dos contratos con el sistema penitenciario federal por un total de 2 mil 950 millones de pesos como parte central del expediente.

Ese monto corresponde al valor de las contrataciones investigadas, no a una cantidad que se haya acreditado como recibida íntegramente por la exconductora.

Niega las acusaciones

Gómez-Mont ha rechazado participar en operaciones ilícitas y pertenecer a una organización criminal.

En enero de 2023 sostuvo que una acusación fiscal en su contra ascendía a aproximadamente 14 millones de pesos y cuestionó que se le atribuyeran personalmente los casi 3 mil millones vinculados con los contratos públicos.

Además de la investigación por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, enfrenta señalamientos por defraudación fiscal, correspondientes a procedimientos distintos.

El desbloqueo de cuentas y el retiro de las alertas

En marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, en cumplimiento de una sentencia de amparo, retiró a Gómez-Mont y Álvarez Puga de la Lista de Personas Bloqueadas y ordenó restablecer sus servicios financieros.

La resolución se refería al bloqueo de cuentas y no implicó la cancelación de las órdenes de aprehensión ni una absolución de las acusaciones penales.

En septiembre de 2026 también se hizo público el retiro de las fichas rojas de Interpol contra ambos. El gobierno mexicano solicitó explicaciones sobre esa decisión y anunció que buscaría reactivar las alertas internacionales.

Las órdenes de aprehensión en México permanecieron vigentes pese al retiro de las notificaciones de Interpol.

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