Economía favorece a empresas mineras en lugar de exigirles cumplir la ley: Dolores Rojas (por Isaac Rosales de Astillero Informa)

La integrante de Cambiémosla Ya denunció que la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard lleva más de tres años sin expedir el reglamento de la Ley de Minería de 2023, mientras busca facilitar trámites y permisos a las compañías del sector

Isaac Rosales | Astillero Informa

La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, está dando facilidades a las empresas mineras en lugar de exigirles el cumplimiento de la legislación vigente, denunció Dolores Rojas Rubio, integrante de la colectiva Cambiémosla Ya, durante una entrevista con Julio Astillero en Astillero Informa.

La activista cuestionó que, más de tres años después de la reforma a la Ley de Minería de 2023, la dependencia federal continúe sin expedir las disposiciones reglamentarias correspondientes, pese a que la propia legislación estableció un plazo máximo de 180 días para hacerlo.

“Nos parece muy grave que esté la Secretaría más puesta y más preocupada por facilitarle a las empresas que por exigirle a las empresas que cumplan con la ley. Que la propia Secretaría de Economía cumpla con la ley […] y que saque el reglamento”, expresó.

Rojas Rubio recordó que la reforma de 2023 fortaleció las disposiciones relacionadas con la protección ambiental y los derechos de las comunidades indígenas, particularmente su participación en las decisiones sobre proyectos mineros que puedan afectar sus territorios.

Sin embargo, denunció que la Secretaría de Economía mantiene una relación más cercana con las compañías del sector que con las organizaciones sociales y comunidades que exigen la aplicación de esas disposiciones.

Señaló particularmente a Fernando Aboitiz, funcionario encargado de asuntos mineros, por su interlocución con las empresas y su participación en encuentros donde, según dijo, se plantea agilizar permisos y facilitar nuevos proyectos.

“Se reúne, da espacios y trata de complacer a las empresas mineras […] y nosotros, que le hemos hecho llegar el reglamento, que hemos pedido reuniones junto con las comunidades, pues […] ni nos ve ni nos oye”, reclamó.

La integrante de Cambiémosla Ya también consideró preocupante que la dependencia haya impugnado una resolución judicial favorable a comunidades wixaritari, relacionada con concesiones mineras otorgadas sin consultar previamente a los pueblos indígenas afectados.

Explicó que este caso forma parte de una serie de actuaciones gubernamentales que, desde la perspectiva de la colectiva, contradicen los compromisos de protección ambiental y respeto a los derechos de las comunidades asumidos por la actual administración federal.

Ante esta situación, informó que la organización ha sostenido reuniones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la constitucionalidad de la reforma minera, cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores del PRI, PAN y PRD.

También señaló que buscarán impulsar exhortos legislativos para exigir la expedición del reglamento y continuar respaldando las iniciativas locales de defensa del territorio.

“Si se ha luchado durante 30 años que tenía la otra ley, que era súper permisiva, pues no se va a dejar la lucha, no se va a dejar de insistir, no se va a dejar de señalar”, afirmó.

Finalmente, Rojas Rubio insistió en que la participación de las comunidades es indispensable para garantizar que las decisiones sobre minería respeten sus derechos y el medio ambiente.

“El derecho que tienen las comunidades de decidir el tipo de desarrollo que quieren”, destacó como uno de los principios centrales de esa exigencia.