Durante la rueda de prensa, celebrada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Turati, Delgadillo y Doretti fueron acompañadas por activistas, colectivos de familiares de desaparecidos y abogados, quienes expresaron su solidaridad y acusaron que “la delincuencia está en las instituciones”
Francisco Félix | julioastillero.com
Este miércoles se dio a conocer en rueda de prensa que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de a República (PGR) utilizó las herramientas de combate “a la delincuencia organizada para perseguir y criminalizar periodista[s] y defensoras de derechos humanos”. Familiares de las víctimas, activistas y periodistas expresaron su solidaridad con quienes fueron víctimas de ese espionaje ilegal.
Entre los personajes espiados ilegalmente por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR se encuentran la periodista Marcela Turati, de Quinto Elemento, la cofundadora del grupo forense argentino, Mercedes Doretti, y la defensora de familiares de las víctimas de las masacres en San Fernando, Ana Lorena Delgadillo.
En el caso de las tres personas señaladas, se informó que “apenas supieron este año que las autoridades las habían incluido en la misma carpeta donde se investiga a los miembros de Los Zetas y a los policías acusados de las desapariciones, la tortura y el asesinato de migrantes en 2011 en [San Fernando] Tamaulipas”.
Turati, Delgadillo y Doretti fueron investigadas bajo los cargos de “delincuencia organizada y secuestro”. Elementos de la SEIDO tuvieron acceso a información personal de las tres mujeres, entre la cual se encontraba su ubicación geográfica y las llamadas telefónicas realizadas. Altos mandos de la SEIDO estuvieron al tanto de lo anterior.
Durante la rueda de prensa, celebrada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Turati, Delgadillo y Doretti fueron acompañadas por activistas, colectivos de familiares de desaparecidos y abogados, quienes expresaron su solidaridad y acusaron que “la delincuencia está en las instituciones” y que las cosas no han cambiado con esta administración. “¡FGR, déjense de chingaderas y pónganse a trabajar!”, señaló una de las participantes en la conferencia.
Quinto Elemento Lab condenó los hechos y consideró que “el acceso a los datos personales de una periodista, el seguimiento a sus movimientos, ubicaciones, llamadas y mensajes, y el análisis de sus contactos, vulnera su derecho a la privacidad, a la reserva de la fuente y atenta contra el derecho a la libertad de expresión”. Además, la organización estimó que “el acoso judicial que se vive de manera creciente en México obstaculiza e inhibe la realización de investigaciones periodísticas sobre temas relevantes para la sociedad”.
Finalmente, se informó que, por los hechos referidos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, junto con familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar a los responsables dentro de la SEIDO.
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