Entre enero y julio de 2025, Artículo 19 registró 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios en México, lo que equivale a un proceso cada cuatro días
Pablo Rodríguez | OEM-Informex
En los primeros siete meses del año, en México se registraron 51 casos de acoso judicial en contra de medios de comunicación y periodistas, la cifra más alta desde por lo menos 2016, acusó la organización Artículo 19.
“En lo que va del año, Artículo 19 ha documentado un preocupante aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”, dice la organización al presentar su informe Las leyes de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México.
La organización menciona que en 2021 se registraron 40 procesos de hostigamiento contra periodistas, hasta entonces siendo el año con más casos. Sin embargo, en tan solo siete meses de 2025, ya se ha superado esa cifra.
El acoso judicial hacia los medios de comunicación ya no se concentra en una sola región del país, en 17 estados de la república se han registrado procesos de este tipo, lo que equivale al 53 por ciento del territorio nacional. Veracruz cuenta con 10 casos, Ciudad de México con nueve y Jalisco seis, estados que encabezan la lista de entidades con más periodistas o medios demandados. Les siguen Campeche, Oaxaca y Puebla, con tres casos cada uno, según el reporte.
Artículo 19 subrayó que el uso indebido de figuras legales, como la de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural, está siendo manipulada para que los medios tengan que retirar publicaciones.
Ante esta situación, la organización exigió al Estado mexicano abstenerse de usar vías electorales, civiles, penales o administrativas como mecanismos de censura y reiteró que la libertad de expresión y el acceso a la información son derechos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales.
En julio de este año, la jueza de control interina Ana Maribel de Atocha Huitz May prohibió al periodista Jorge Gonzáles Valdez y el diario “Tribuna Campeche” publicar cualquier tipo de texto periodístico que hablara de la gobernadora de Campeche Layda Sansores.
La jueza determinó que el periodista y el medio de comunicación incitaron al odio hacia la mandataria estatal, con base en publicaciones realizadas entre 2021 y 2025.
Además, impuso un interventor que revisará los contenidos del medio y los textos del comunicador para acreditar que cumplen con la sentencia.
El medio “Tribuna Campeche” calificó estas medidas como una “ley mordaza” y anunciaba que dejaría de publicar mientras la resolución permaneciera vigente.
Mientras, hace un par de semanas, los periodistas Jesús Hubert Carrera Palí, Abraham Alberto Martínez Caamal y Carlos Ernesto Martínez Caamal pidieron disculpas a Sansores, esto como parte de una sentencia del Tribunal Electoral de Campeche que determinó que los comunicadores cometieron violencia política en razón de género.
En otro caso, la periodista Lourdes Mendoza enfrenta desde enero una demanda por daño moral interpuesta por Adrián Rubalcava, actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Como parte del proceso, la comunicadora tuvo que responder un interrogatorio de tres horas y ha debido defender su reputación tanto en tribunales como en redes sociales.
Mientras, en Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero llamó a la prensa “sicarios de la comunicación” y advirtió que, bajo el argumento de “salvaguardar el prestigio”, sus colaboradores pueden emprender acciones legales contra periodistas.
En el reporte se explica que los llamados litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) se han consolidado como un patrón preocupante, ya que no buscan únicamente silenciar a un periodista, sino enviar un mensaje de intimidación hacia toda la prensa y defensores de derechos humanos.
El propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que estos procesos debilitan los derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y participación pública.
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