El exdirector jurídico de la Cooperativa Cruz Azul fue vinculado a proceso.
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Un Juez federal vinculó a proceso a Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además de lo anterior, en la audiencia que dio inicio el lunes y culminó la madrugada de este martes se dictó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que seguirá preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) aportó datos que hacen a Garcés probable responsable de los delitos de los que se le acusan.
El exdirector jurídico fue detenido el pasado 10 de junio en la colonia Polanco por elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR por falsedad de declaración y se le imputa responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 114 millones de pesos de la Cooperativa Cruz Azul de 2011 a 2017.
En julio de 2020, un Juez giró una orden de aprehensión contra Mario Sánchez, director financiero, y Eduardo Borrell, director jurídico, y Víctor Garcés, así como al abogado externo Ángel Junquera y otros, de acuerdo con un comunicado de los abogados de la parte disidente de la Cooperativa Cruz Azul.
Se les acusa de haber dispuesto de los recursos de la cooperativa por al menos seis años al facturar operaciones simuladas por medio de un esquema que les permitió desviar dinero a sus cuentas bancarias.
De acuerdo con la Fiscalía, entre 2011 y 2017, el director de la cooperativa, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, Garcés y otros tres exmiembros de la cooperativa simularon las operaciones con las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K&C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.
Las empresas diseñadas para este sistema ya han sido incluidas en el listado de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez en mayo de 2020 y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por mil 200 millones de pesos.
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