Tribunal ratifica sentencia contra Mario Anguiano Moreno, exgobernador de Colima; deberá pagar 515 mdp

Foto: Diario Avanzada.

Por: Heidi de León Gutiérrez de Diario Avanzada.

Colima, México, Avanzada (31/01/2020).- La justifica federal negó el amparo que promovió el exgobernador, Mario Anguiano Moreno para combatir las sanciones que le impuso el Congreso del Estado y por lo tanto, queda firme la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 14 años y la sanción económica por 515 millones 174 mil 928 pesos.

El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede en la entidad emitió la sentencia misma que fue publicada el pasado 27 de enero de este año, y en la cual determinó negar la protección de la justicia federal.

Cabe recordar que el 28 de marzo de 2019, el Juzgado Segundo de Distrito decidió sobreseer el amparo que promovió Mario Anguiano Moreno en contra de los actos que llevó a cabo la Comisión de Responsabilidades y el propio, Congreso del Estado, el 27 de septiembre de 2018, donde la mayoría de los tribunos –de la pasada legislatura- inhabilitaron y sancionaron económicamente al ex mandatario.

Debido a que el Juzgado de Distrito sobreseyó la demanda que presentó Anguiano Moreno para combatir la sanción, ‪el 15 de abril‬ del año pasado, el propio ex gobernador promovió recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito.

En su resolución –que se hizo publica este 27 de enero- el Tribunal negó el amparo a Mario Anguiano y con ello dejó firme la sanción impuesta por la contratación irregular de un crédito de 638 millones de pesos – que según Anguiano, ejerció el gobernador interino, Ramón Pérez Díaz-.

Con la resolución del Tribunal, el Juzgado Segundo de Distrito decretó que el asunto del juicio de amparo está totalmente concluido y archivado.

En caso de que el ex gobernador no haya promovido ningún otro recurso legal en contra de las decisiones del Congreso, la sentencia emitida por el Congreso quedaría firme, y le corresponde al Poder Legislativo notificar a la Contraloría General del Estado para que solicite el resarcimiento del recurso correspondiente.

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